En nombre de la ley

El Diccionario de la Real Academia Española dice que la ley es un "precepto dictado por la autoridad en que se manda o prohíbe una cosa en consonancia con la justicia y por el bien de los gobernados".

Desgraciadamente, la historia está llena de ejemplos de leyes injustas que eran jaulas para aprisionar a todos o parte de los ciudadanos, lo que permitió justificar la discriminación sexual y racial, la esclavitud, el trabajo infantil, la tortura y otras tropelías. Todas esas leyes estuvieron vigentes hasta que alguien, como Rosa Parks con la discriminación de los negros en los autobuses, decidió que estaba demasiado cansada para seguir acatando una norma injusta.

Ahora, a Catalunya le dicen que no puede decidir sobre su futuro porque la Constitución no lo permite; igual que en la Edad Media, cuando los ciudadanos no podían cambiar de comarca porque eran propiedad del señor feudal. Y no solo eso, también nos tachan de insolidarios, por querer algo más que las migajas de lo que hemos aportado; nos llaman desagradecidos, por no conformarnos con el fútbol y los toros, y no entienden que no estemos satisfechos con unas leyes que ya no prevén la esclavitud ni el derecho de pernada.

Lo más curioso es que quien nos acusa y pretende aleccionarnos, lo hace en nombre de un Estado que, con su politización de la justicia, sus presiones a los fiscales que investigan la corrupción, sus ceses de jueces que quieren esclarecer crímenes franquistas y sus incumplimientos de mandatos internacionales, ha hecho caer la calidad de la justicia española al puesto 97 del mundo.

¿Durante cuánto tiempo podrá mantener el Estado esta situación en pleno siglo XXI, con una justicia desprestigiada, apelando a una legislación jaula y sin más argumentos que la amenaza contra una quinta parte de población?