¿Es necesaria la seguridad privada en las cárceles?

En el primer Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios (1991) se decidió la construcción de macro-centros penitenciarios para acoger hasta 1.800 internos a pesar de que, por mandato legal, "no deberán acoger más de 350". En el periodo 2006-2013 reincidieron en la ilegalidad, y se amplió el plan con más centros y más grandes (por aquello de la economía de escalas). El tamaño de la infraestructura y conseguir niveles de seguridad casi absoluta han justificado técnicamente la construcción de las cárceles en las parameras más inhabitables de la geografía patria; aisladas absolutamente de los núcleos urbanos de donde proceden los internos, han conseguido hacer invisibles a estos.

Un extraño pacto de silencio, desde 1996, entre los partidos políticos mayoritarios ha propiciado que la Institución Penitenciaria desaparezca del Ministerio de Justicia, y sea engullida por las "cloacas" de Ministerio de Interior, donde las arbitrariedades administrativas son funcionales.

Los muros tienen seis metros de altura, son de hormigón pulido, kilómetros de concertinas coronan su cima, tres círculos de seguridad electrónica y dinámica rodean a los macro-centros penitenciarios y desiertos intransitables separan las cárceles del lugar habitado más próximo. A pesar de ello, vendieron como imprescindible la presencia de compañías de seguridad privada en las cárceles, negocio particular que ahora se ha venido abajo por no pagar las cuotas de la Seguridad Social.