"Presunción de inocencia y prevaricación"

El sentimiento de 'Justicia', es consustancial a nuestra especie. En una democracia liberal, el poder judicial es independiente del poder ejecutivo. Una creación social, un órgano institucional formado por fiscales, jueces y magistrados. Asi es en nuestro país, al igual que en el entorno con que compartimos intereses económicos y culturales.

La policía depende del Ministerio de Interior y por tanto del Ejecutivo, tiene una vertiente judicial, cuando actúa en funciones de investigación. Debe trasladar el resultado de sus pesquisas al juez instructor, no al gobierno. No puede sentenciar.

Hay que acatar las sentencias para convivir en paz, evitando que “cada cual se tome la justicia por su mano” y prevalezca “la ley del más fuerte”. Teniendo recursos económicos se pueden recurrir las no favorables, hasta que sean definitivas.

Dado que no se puede garantizar la total ausencia de prejuicios personales de las autoridades intervinientes, los delitos están tipificados en el Código Penal, pero suelen representar, sin necesidad de una conspiración, los prejuicios del grupo de intereses con poder predominante.

Aunque nadie puede invocar un mandamiento divino, se basan en esencia en principios y dogmas de las instituciones religiosas dominantes en la cultura de los países que comparten civilizaciones de origen.

Teniendo en cuenta lo anterior, se instituyó “la presunción de inocencia” y “la prevaricación”. O sea, no se puede condenar sin pruebas, ni interpretando con sesgos el código, ni los indicios. La intención no puede condenarse, solo los hechos suficientemente probados.

El abuso de las instancias jurídicas para desgastar al adversario (se supone que en democracia no hay enemigos a derrotar ni a aniquilar), obliga a reflexionar. Si una sociedad quiere avanzar debe erradicar las injusticias legales, las sociales y la corrupcion. Sin un mínimo consenso es imposible. Hay que obligar a los bloques tribales a enterrar las hachas de guerra.