Carta de un lector: "La ley de amnistía está poco consensuada y es jurídicamente deficiente"

Una ley de amnistía representa una anomalía en un Estado democrático pleno. Consagrar el "olvido" del ordenamiento jurídico como solución política supone distorsionar los fundamentos del Estado de Derecho. Existen mecanismos constitucionales para afrontar conflictos políticos sin anular la legalidad vigente.

Además, aprobar esta ley con una oposición parlamentaria cercana al 50 % debilita su legitimidad democrática, especialmente al beneficiar a quienes la impulsan. También se han expresado reservas desde instancias europeas sobre su constitucionalidad y conveniencia.

A ello se suma un diseño jurídico cuestionable, como la amnistía a la malversación con distinciones artificiales según haya o no enriquecimiento, lo que evidencia falta de rigor técnico. Puestos a olvidar la ley, no cabía hacer distinciones que dieran pie a interpretaciones indeseadas.

Desde una perspectiva democrática, sorprende la carencia de justificación política clara. La reconciliación y la mejora de la convivencia no pueden sustentarse nunca en ignorar el derecho de un Estado democrático. Solo sería admisible una amnistía si viniera precedida de un reconocimiento explícito de responsabilidades tanto por parte del independentismo (deslealtad institucional) como del Estado por su posible sobrerreacción (art. 155 CE) ya que existían opciones legales menos drásticas, como las facultades del TC tras la reforma de 2015. Se optó por la desproporción.

Este reconocimiento sí haría posible un olvido legal de difícil justificación. En resumen, esta ley de amnistía es una ley poco consensuada y jurídicamente deficiente que agrava la erosión institucional. El posible beneplácito del TC será otro error político y jurídico más.