"Es una atrocidad que se haya hecho pública la culpabilidad del fiscal general sin sentencia alguna"

No voy a dar mi opinión sobre si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es culpable o no de filtrar informaciones reservadas. Por descontado, que yo no soy quién para opinar sobre temas jurídicos tan complicados. En cualquier democracia, quienes deben pronunciarse sobre estos temas son quienes están preparados para hacerlo: los jueces. Y ellos tendrían que ser los primeros en respetar esta premisa; solo así la democracia perdurará intacta.

Cuando Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, se adelantó a los jueces declarando que García Ortiz era inocente, me pareció una barbaridad: una intrusión perfecta en un territorio que no le corresponde. No obstante, ahora, cuando veo que sin sentencia alguna se hace público el fallo de culpabilidad, me parece otra atrocidad. Demuestra que, de los siete jueces, dos entraron en la sala para votar a favor de la inocencia del fiscal, mientras que el resto -los otros cinco- ya sabían que lo condenarían.

Esta premeditación, la rapidez del fallo y la ausencia de sentencia han causado un daño enorme a nuestra democracia, que precisamente estos días celebra su medio siglo de existencia.