"El Gobierno de la Generalitat debería retomar la iniciativa del dentista municipal"

La protección de la salud es uno de los principios rectores de la política social amparados por la Constitución. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Por ello, es indispensable que los poderes públicos cumplan con ese mandato constitucional poniendo a disposición de todos los ciudadanos, sin reservas, las prestaciones públicas y unidades de atención de salud bucodental.

Una parte importante de la población tiene serias dificultades económicas y no puede costearse los gastos relacionados con la salud dental, especialmente, en implantes..., que suelen ser elevados, cuando no prohibitivos, por desorbitados. Ello afecta singularmente a un sector vulnerable, como las personas de la tercera edad, menores y otros segmentos de población.

Nadie puede discutir que se trata de una necesidad básica y esta razón justifica con creces que los ciudadanos, en aras del principio de igualdad, puedan acceder a los servicios odontológicos. La pionera iniciativa del dentista municipal llevada a cabo por el Ajuntament de Barcelona merecía ser respaldada por tratarse de un proyecto bienintencionado. Esa iniciativa pública topó con intereses privados corporativos que lo vetaron y los tribunales la abortaron con el argumento de que carecía de competencia e invadía espacios de iniciativa privada.

¿Por qué el Gobierno de la Generalitat de Catalunya no retoma esa iniciativa del dentista gratuito? ¿No es ello compatible con la iniciativa privada-estética odontológica? ¿Acaso quien carece de recursos económicos debe verse privado de la atención sanitaria bucodental? ¿Por qué en la higiene y la salud bucodental no se incluyen los empastes y determinadas prestaciones que no cubren todas las necesidades?