"Alquilé el piso de mi madre para pagar su residencia y la Administración lo ve como algo lucrativo"

Escribo estas líneas con el peso del duelo por el fallecimiento de mi madre y con sensación de indignación e impotencia. Tras una vida de trabajo, esfuerzo y privaciones para dejar un techo a los suyos, el 'último adiós' de la Administración ha venido en forma de liquidación tributaria:  9.930,22 euros en concepto de Plusvalía Municipal, pues se me ha denegado la bonificación del 95 % que me corresponde como hijo, tratándome igual que a un inversor inmobiliario o a un especulador; pues aplica la trampa legal de que al estar el piso alquilado, el ayuntamiento considera que ha perdido la condición de "vivienda habitual".

Mi madre sufría una enfermedad y tuvo que ingresar en una residencia, cuyos gastos superaban con creces su pensión mensual. Ante la imposibilidad de cubrir estos costes esenciales, tomé la decisión de alquilar su vivienda habitual situada en Barcelona, que estaba vacía, para sufragar su bienestar y dignidad en sus últimos años.

El sistema público falla por dos veces, una porque las pensiones no son suficientes para cubrir la dependencia de nuestros mayores y otra porque cuando la familia busca soluciones privadas (alquilar su propia vivienda para pagar los cuidados), la Administración lo interpreta como una actividad lucrativa y elimina los beneficios fiscales por herencia, convirtiéndose así el ayuntamiento en un heredero forzoso que reclama una parte tan sustancial de un patrimonio del cual ya pagó sus impuestos año tras año vía IBI y otros tributos. 

¿Es esta la justicia social de la que presumen nuestras instituciones? Cobrar 9.930,22 euros por una herencia no es redistribuir la riqueza, es ensañarse con el ahorro de toda una vida y con el dolor de una familia. Espero que estas líneas sirvan para que nuestros legisladores entiendan que no deberían legislar de espaldas a la realidad y a la sensibilidad de la gente. No es justo que el ahorro de toda una vida de una madre se vea mermado por un impuesto que no tiene en cuenta que el alquiler fue una herramienta de supervivencia, no de enriquecimiento.