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"Corrupción"

El hemiciclo del Congreso de los Diputados. / EFE

El hemiciclo del Congreso de los Diputados. / EFE

Hace 3 meses, PP, Vox y Junts unieron fuerzas para tumbar la propuesta del Gobierno que buscaba crear una oficina independiente anticorrupción, dotada de autonomía real, medios suficientes y capacidad para investigar sin injerencias cualquier caso de corrupción que afectara a instituciones públicas, partidos, sindicatos o empresas que reciban dinero público. En un país donde la corrupción es una enfermedad crónica, donde demasiados hacen fortuna al abrigo del contrato público y de favores opacos, cuesta entender —o quizá no— por qué precisamente estos partidos de derechas decidieron bloquear un arma imprescindible para proteger el interés general.

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La ley también contemplaba un sistema de alertas tempranas para detectar irregularidades y malas prácticas administrativas, así como la posibilidad de que los funcionarios de la oficina se personaran en cualquier dependencia pública para revisar expedientes, registros, bases de datos o contabilidad 'in situ', sin pedir permiso a quienes podrían estar implicados.

¿Qué temen exactamente estos partidos que vociferan “¡Corrupción!” mientras boicotean cualquier mecanismo serio de control? ¿Por qué se oponen a una vigilancia que solo debería incomodar a quienes tienen algo que ocultar?

Este rechazo es la prueba tangible de que la derecha, a menudo corrupta en sus prácticas y cómplice por omisión en sus políticas, prefiere la opacidad a rendir cuentas. Su postura boicoteadora es irresponsabilidad política, la vergonzosa defensa corporativista de la impunidad y del 'statu quo' que les ha beneficiado históricamente.

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