Quarta setmana del judici al procés

Gozalo recuerda cómo un agente fue objeto de agresiones, varias patadas, por parte de votantes en Sant Esteve de Sesrovires. En Pons también hubo 10 heridos. En Alcarràs, Sant Carles de la Ràpita, en el Maresme... explica.

"Tan difícil era entrar como salir", subraya Gozalo, que destaca que en 14 centros, debido al grado de oposición que encontraron, se decidió abordar la intervención. "El recibimiento en los puntos de votación era con violencia. La Guardia Civil era el cuerpo que en anteriores intervenciones llevó a cabo la incautación de los sobres y papeletas, así como en el CTTI. Tenía cierto grado de ganas a la Guardia Civil porque estaba llevando a cabo su trabajo como policía judicial", prosigue.

"Cuando Guardia Civil llegó a los puntos de votación se encontró un número considerable de personas en actitud de resistencia que, si bien al principio parecía que estaban sentados, luego esa resistencia mutaba en un grado mayor de virulencia con empujones, insultos, lanzamiento de objetos...", asegura el exgeneral.

El general explica que el 1-O la actitud de los Mossos fue de "pasividad" en el mayor de los casos. En otros casos, más puntuales, había hasta una resistencia. En general una actividad pasiva.

"El día anterior al referéndum estábamos viendo que a pesar de la instrucción de fiscalía los colegios estaban abiertos, con muchos ciudadanos ocupando el espacio, y con una presencia de los Mossos que no era efectiva para impedir esa presencia. Esto se reafirma el día 1 a horas tempranas, comprobamos que hay mucha gente en los puntos de votación, en algunos no hay presencia policial y en otros la hay pero con una cuantía y equipación no adecuada para una actuación de orden público. A la vista de este dibujo, se habló con el coordinador, se le expuso esta radiografía y se vio que había que cambiar del plan A al plan B", afirma Gozalo.

". A través de las redes sociales, supimos que los CDR hacían llamamientos a ocupar las escuelas para defenderlas. ¿Defenderlas de qué? Se había dicho el día 6 y 7 de septiembre en el Parlament que había una ley de referéndum y una de transitoriedad. Había gente que tenía duda de dónde estaba la legalidad", continúa.

Gozalo explica que el 19 de septiembre, cuando la comitiva judicial acudió a Unipost, llamaron a los Mossos para solicitar apoyo y tardaron 40 minutos en responder. "Ese día ya vi que la cosa no iba bien", añade. "No podíamos avisar con antelación porque las diligencias eran secretas y se informó minutos antes de acceder a los puntos. El día 20, con 40 entradas y registros, hubo una concatenación de hechos que por los tiempos de demanda de recurso a los Mossos, y los tiempos de no acción,  se sumaron a esta impresión nuestra", subraya.

El letrado de la Administración de Justicia de la Sala Civil y Penal del TSJCat ha citado para el próximo día 19 a Antonio Baños y a Eulàlia Reguant para notificar el acuerdo de 28 de febrero del presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo por el que se les requiere de pago de la sanción impuesta, informándoles que la sanción no es firme y tienen cinco días para presentar, si así lo consideran, recurso ante la misma sala.

"El 29 de septiembre nos volvimos a reunir y se mantuvo el criterio de que Policía y Guardia Civil harían tareas de apoyo a los Mossos", continúa el testigo.

Gozalo considera, igual que Trapote, que las instrucciones de fiscalía se mantenían con el auto de la magistrada del TSJC. "Todo aquello que se había dado como instrucción y que no entrara en contradicción con las partes dispostivas del auto tenían vigencia", señala el general de la Guardia Civil. "El día 27 recibimos otra instrucción de la fiscalía. Había una concurrencia de normativas/órdenes de fiscalía y autoridad judicial y entendimos que lo que tenía prioridad el auto pero que todo aquello que no contradijera el auto teníamos que cumplir las órdenes de la fiscalía", recalca.

El general Gozalo recuerda que los Mossos tenían orden de cerrar los colegios antes del 1-O.

"El fiscal dijo a Trapero que su plan de actuación era bueno para unas elecciones, pero inadecuado para impedir el referéndum", afirma Gozalo.

Gozalo sostiene, igual que ha hecho antes su homólogo en la Policía, que el mayor Trapero mostró su disconformidad con la figura del coordinador de los cuerpos policiales. 

El general explica que contemplaron el uso de las unidades de reserva que vinieron de otras partes de España en una "intervención directa".

Gozalo explica que el dispositivo de seguridad para el 1-O "tenía como premisas el cumplimiento de las intrucciones que fuimos recibiendo del fiscal y posteriormente de la autoridad judicial del TSJC". "Los criterios fueron fundamentalmente establecer unos equipos según las antiguas demarcaciones, antes de que los Mossos adquirieran las competencias de orden público en esta comunidad. Para poder dar respuesta de apoyo a los Mossos para dar cumplimiento al mandato judicial y, en un segundo tiempo, una intervención directa", añade.

Empieza el fiscal Fidel Cadena.

Concluye la declaración de Trapote. Es el turno del general de la Guardia Civil, Ángel Gozalo, máximo responsable del cuerpo en Catalunya durante el 1-O.

Trapote reitera que a los agentes de Policía les bloquearon, les pegaron patadas y les tiraron vallas durante el 1-O.

"El material que decomisamos procedente de la CUP era propaganda del referéndum. No recuerdo si fue institucional o de partido", añade.

Sobre el cerco a la sede de la CUP el día 20 de septiembre, Trapote dice que en la instrucción de la fiscalía figuraba la intevención e incautación de material propagandístico sobre la votación del referéndum. Explica que vieron un vehículo que había salido de la sede de la CUP y lo registraron. En su interior hallaron mucho material sobre el 1-O y a continuación, "como estaba estipulado en la instrucción de la fiscalía", lo ponen en conocimiento de la fiscalía y solictian un mandamiento judicial para proceder al registro de la sede por tener sospechas de que en su interior se hallaba más material. "Nosostros lo que hicimos fue asegurar la sede para determinar que no sacaran el material ni lo hicieran desaparecer. Evidentemente, la respuesta a esta solicitud se prorrogó durante varias horas y al final fue denegada. Por ello, a las 7 u 8 de la tarde se levantó el servicio. Pero en ningún momento se privó el movimiento deambulatorio de las personas que entraban o salían de la sede", explica.

"Las grabaciones obtenidas a través de la cámara de los agentes quedan depositadas en dependencias policiales a disposición de la autoridad judicial, y a día de hoy están a disposición del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona", responde Trapero sobre por qué no se han aportado en la causa. 

"Nosotros a partir del día 20 tenemos conocimiento de que el día 1 va a ser complicado. A partir de hay hacemos nuestras previsiones y se hace el desplazamiento de las unidades de intervención (...). Teníamos conocimiento de que iba a haber muchos problemas", continúa el exmando policial.

"La Policía utiliza la mínima orden imprescindible para cumplir el mandato judicial y poder entrar y salir de las escuelas. Cuando empiezan a tener una actitud violenta", insiste.

"El uso de la fuerza lo utilizaron las fuerzas policiales de manera racional, congruente y proporcional. Se usa única y exclusivamente cuando no queda más remedio. Siempre, siempre, siempre se ha utilizado de una manera racional, congruente y proporcional. La Policía no se dedica a golpear de manera gratuita", declara Trapote.

Se reanuda el juicio. Prosigue el interrogatorio al exjefe de la Policía Nacional en Catalunya, Sebastián Trapote.

La Fiscalía Superior de Catalunya ha abierto una investigación por la difusión en las redes sociales de la imagen de la secretaria judicial que declaró ayer en el juicio del Tribunal Supremo.

La titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum del 1-O, ha pedido a Junts pel Sí, coalición que integraban CDC, ERC e independientes, la auditoría de las cuentas del ejercicio 2017 y las subvenciones recibidas por el grupo. Dos agentes de la Guardia Civil se personaron ayer en el Parlament para presentar un escrito en el registro de la Cámara catalana solicitando información sobre los gastos del grupo JxSí de la anterior legislatura relacionados con los preparativos del 1-O. En su escrito, la juez Alejandra Gil da un plazo de cinco días al Parlament para que aporte una factura de 17.690 euros correspondiente a la organización del evento que se celebró en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) el 4 de julio del 2017, cuando el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, presentó los detalles de la ley para dar cobertura al referéndum que el Govern planeaba celebrar el 1 de octubre de ese año.

El juez Marchena suspende el juicio media hora.

"Afortunadamente vivimos en un Estado democrático en que si algún ciudadano siente que sus derechos han sido conculcados o vulnerados puede presentar la correspondiente denuncia", dice Trapote sobre si ha visto golpes de agentes a votantes en actitud pacífica en las partes superiores del cuerpo. Acaba diciendo que no lo ha visto.

"Inacción porque según la información que yo tenía los colegios abrieron y la gente estaba votando. A ls 7.30 lo único que detectamos es que había un gran número de gente concentrada y que la policía autonómica no aparece. No decidimos actuar hasta que se constata que todos los colegios han abierto", explica el testigo.

Trapote subraya que el material antidisturbios lo decide el responsable de cada equipo y que se pueden utilizar si la situación lo aconseja.

"La información que me ha llegado a mí es que la actitud de los ciudadanos que había en el centro de Horta era muy agresiva", añade Trapote.

"Con respecto a las actuaciones de la Policía el día 1-O hay una serie de procedimientos que algunos juzgados están investigando. Concretamente hay 50 procedimientos abiertos para determinar si los policías que actuaron ese día conculcaron o vulneraron derechos de algunos ciudadanos", explica Trapote sobre el colegio de Horta al que se ha referido antes. Un mando operativo de la policía está imputado por cargas contra los manifestantes.

Pregunta ahora el abogado de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, Jordi Pina.

"Ante las agresiones que estábamos sufriendo, había que emplear la mínima fuerza", sostiene Trapero. Añade que era "imposible mediar" con los votantes porque no les dejaron ni entrar. "La resistencia era brutal. Nos estaban agrediendo y obstaculizando el trabajo", añade.

"Los policías lesionados fueron con ocasión de las intervenciones que se hicieron en los colegios. Si hay algún tema puntual lo desconozco", responde Trapote. Insiste en que eran "operaciones muy complicadas por la virulencia, agresividad, incluso haciendo cadenas humanas con el fin de poder impedir el acceso". 

Trapote niega que los agentes de la brigada de información tuvieran un "cometido específico" de vigilar a los Mossos. "Únicamente se dijo que se facilitara información de lo que había alrededor del colegio", añade.

Turno para el abogado de Junqueras, Andreu Van del Eynde.

"En total actuamos en 50 centros", recuerda Trapote, que destaca que ninguno de ellos se quedó cerrado tras su actuación.

"El plan B se ejecuta porque hubo una inacción de los Mossos", insiste Trapero durante el juicio.

El Tribunal Supremo ha fijado la declaración del que fuera mayor de los Mossos durante el 1-O, Josep Lluís Trapero, para el día 14, el próximo jueves. Ese mismo día, también están citados el exnúmero dos de Junqueras Josep Maria Jové, el exjuez Santiago Vidal y el que fuera presidente del Consell Assessor per a la Transición Nacional Carles Viver Pi Sunyer.

"La orden de precintar los centros estaba dirigida a los Mossos y nosotros no la teníamos que ejecutar", sostiene el exjefe de policía.

"El toque de actuación de la Fiscalía a los Mossos sobre la insuficiencia de su plan de actuación fue suficientemente clara. Y aquí lo dejo", recalca Trapote.

El exjuez Santi Vidal ha sido citado a declarar de nuevo el próximo 22 de marzo por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investiga la organización del 1-O.

Trapote destaca que el plan de actuación fue elaborado por la brigada de información recogiendo las pautas de la fiscalía y señala que fue remitido a la fiscalía en un auto firmado por él, a pesar de que el plan no estaba firmado. "No se cuantifican los efectivos porque no han llegado todavía a Barcelona", explica, al tiempo que niega que fuera un plan autónomo al margen de los Mossos, sino que respondía al mandato de la fiscalía reclamándoles un plan de actuación.

Pregunta el abogado de Joaquim Forn, Javier Melero.

"Los Mossos hicieron un dispositivo para salvaguardar la seguridad colectiva, por lo que era imposible que hicieran una intervención. La actuación fue más bien pasiva", añade.

"Algún enfrentamiento puntual hubo entre agentes de los Mossos y la Policía Nacional", recuerda.

Explica que fueron heridos 65 policías durante el referéndum independentista.

Trapote explica que no pidieron ayuda operativa a la Guardia Civil el día 1 porque les comunicaron que no tenían suficientes efectivos.

Pregunta Vox.

Trapote explica que en algunos casos se toparon con agentes de los mossos en los colegios, y que no colaboraron con la policía.

"Evidentemente lo que intentan por todos los medios (la gente congregada en los colegios) es que nosostros intentemos hacer la intervención", insiste el exjefe policial.

"El objetivo del dispositivo era, por todos los medios, dar cumplimiento al mandato judicial, intentando garantizar la seguridad colectiva", afirma Trapote. Explica que sobre las 9 de la mañana, no aplicaron el plan B previsto para el caso de que los Mossos no actuaran.

Concluye la fiscal. Turno para la abogacía del Estado.

Trapote explica que en un centro de la calle Campoamor de Barcelona, en el barrio de Horta, se abortó la entrada ante la ingente cantidad de personas que habían allí. "Las consecuencias habrían sido muy lamentables tanto para los policías como para la gente", subraya.

"Teníamos un equipo de información a los alrededores de los centros que dieron cuenta de lo que sucedía fuera. Si a veces era difícil salir, era mucho peor salir. Los ciudadanos estaban enrrabietados y tenían que actuar de una forma más contundente. No podíamos consentir que nos rodearan y no nos dejaran salir", relata. "Principalmente había una serie de individuos que su comportamietno y agresividad era de una alta virulencia. Estaba todo perfectamente organizado, y así se recogió en las actas. Sabían cómo tenían que hacer la resistencia, hacían cadenas humanas, nos bloqueaban el paso, nos agredían, nos empujaban, para evitar la entrada y la salida", añade.

"Se hizo un llamamiento a través de las redes sociales para que fuese mucha gente para impedir la actuación de las fuerzas policiales estatales", continúa el testigo.

Trapote relata que a primera hora llamó al coordinador con la información que le llegó de sus agentes y le dijo que dentro de un momento le llamaba, que primero tenía que hablar con el secretario de Estado. Poco después le llamó y le dijo: "Teníamos dos planes, el A y el B, el A era dar apoyo a la policía autonómica y el B, hacer nosotros la intervención. Y a partir de aquel momento pusimos en marcha el B".

"El trabajo de los Mossos no fue eficaz, porque el día 1 de octubre los centros estaban llenos de gente, incluso habían dormido dentro", señala.

Trapote explica que pusieron en marcha un dispositivo de información en los colegios, que les informaron de que había gente en los alrededores y que el dispositivo de la policía autonómica era como en cualquier jornada electoral, de seguridad ciudadana, patrullas de dos o tres policías, no de las unidades antidisturbios. "Prácticamente todos los colegios estaban abiertos", añade.

"Preparamos un amplio dispositivo encaminado a dar apoyo a policía autonómica y en su momento, si por parte de policía autonómica hubiera una inacción o presentaran un dispositivo que no fuera adecuado y suficiente, tener que actuar nosotros", señala. "Nosotros teníamos la percepción de que pudiera darse esta situación, pero hasta que no lo comprobamos fehacientemente fue el día 1 a las 8 de la mañana", recuerda. "Hay declaraciones de políticos, la postura del mayor siendo reacio a ser coordinado, el dispositivo presentado al fiscal... eran indicios", subraya.

En la última instrucción de la magistrada, se volvían a reiterar las medidas y se insistía en que si la policía autonómica no actuaba debían de hacerlo el resto de fuerzas de seguridad. "Siempre contemplamos que el día 1 iba a ser un día difícil. El señor López también lo compartía", continúa.

El exjefe de Policía explica que el auto decía que cesaban las intrucciones del fiscal, pero no que quedaran sin efecto ni vigencia las ya realizadas.

"El día 27 de septiembre por la tarde fui citado en el TSJC y allí la magistrada nos había citado al mayor, al general de la Guardia Civil y a mí y nos hizo entrega de un auto que contenía las normas y pautas de actuación que teníamos que ejecutar y cumplimentar el día 1 de octubre y antes", recuerda. El auto contenía una serie de medidas, como cerrar colegios, pero señalaba que "prioritariamente" tenían que hacerlas la policía autonómica, subraya.

"Había que cumplir las instrucciones de la fiscalía, que eran impedir el referéndum. Este era el objetivo del dispositivo policial. Era una misió complicada porque teníamos que conjugar dos factores: garantizar la seguridad colectiva y dar cumplimiento a un mandato judicial", añade.

La fiscal insiste en preguntar a Trapote sobre el plan de los Mossos, pero este niega haber tenido acceso al mismo. En todo caso, señala, fue el fiscal quien tuvo acceso a él, pues fue la persona que lo ordenó.

"Nosotros siempre estuvimos dispuestos a ayudar a los Mossos, porque era la orden que teníamos", señala el testigo.

Trapote relata que Pérez de los Cobos les convocó a varias reuniones en la Delegación del Gobierno, a las que no asistió el mayor Trapero, sino su número dos, Ferran López. En esas reuniones, se trató de hacer un análisis situacional de cómo iban las cosas y cómo podían abordar de una forma conjunta la problemática "que se avecinaba". 

"El despliegue de fuerzas policiales empieza a hacerse el 20 de septiembre y se culmina el 26 de septiembre", señala, antes de recordar "varios temas" con "problemas en un hotel de Figueres, en el Maresme y en Reus". "En las inmediaciones de los locales se concentraban multitud de personas independentistas para protestar contra los agentes e incluso llegaron a amenazar a algunos dueños de hoteles. Les gritaban, les insultaban y no les dejaban dormir", añade.

El exjefe de la Policía explica que en otra orden del fiscal se les dijo que tenían que auxiliar a los Mossos porque era el cuerpo que tenía las competencias en orden en Catalunya. Pero en uno de los apartados finales de la instrucción se les decía que tuvieran las unidades de reserva necesaria por si en algún momento tuvieran que actuar motu proprio por un hecho concreto.

"Por los llamamientos que se hacían desde el Govern y desde diferentes sectores, se preveía que el 1-O habría mucha gente protegiendo los colegios". Trapote relata que había preocupación, que eran conscientes de que "aquel día iba a ser muy complicado".

El día 21 hubo otra reunión, en la que se les entregó una nueva instrucción en la que el fiscal les notificó que se nombraba coordinador operativo de los cuerpos a Diego Pérez de los Cobos, y le facultaba para que él convocara las reuniones de carácter operativo necesarias. "Antes del nombramiento del coordinador, el mayor de los Mossos ya había puesto una serie de reticencias pues no quería que un coordinador del Ministerio del Interior fuera el coordinador de los operativos. El fiscal superior le comentó al mayor que el plan presentado por los Mossos era para hacer un servicio de unas elecciones normales, pero no para un dispositivo de una envergadura como un referéndum declarado ilegal", recuerda Trapote.

Relata una reunión el 12 de septiembre a instancias de la fiscalía, en la que el fiscal superior de Catalunya les hizo entrega de una instrucción sobre las competencias de los distintos cuerpos. "Se trataba de que conociéramos nuestras funciones y tratar de notificarnos a nosotros, y que el contenido de la misma se difundiera entre todos los miembros de los cuerpos", señala. En otra reunión, el día 14, se les entregó otra instrucción en la que les instaba a elaborar un plan de actuación con una serie de normas y que se le debía entregar al fiscal.

"Los hechos más significativos (previos al 1-O) fueron los del día 20 de septiembre. La Policía actuó en las inmediaciones de la sede de la CUP", explica.

Empieza preguntando la fiscal Consuelo Madrigal.

Comparece ahora Sebastián Trapote, comisario de Policía retirado y exjefe del cuerpo en Catalunya.

Empieza el juicio. El tribunal llama a declarar a Pablo Raventós, de Unipost, que se acoge el derecho a no declarar porque está imputado en instrucción 13.

Por último, ayer también declararon empresarios hoteleres, publicistas y el práctico del puerto de Palamós. Uno de los hoteleros denunció amenazas por alojar a policías.

Ayer también tuvo lugar en el Supremo la continuación de la declaración del coronel Diego Pérez de los Cobos. El coordinador del dispositivo policial del 1-O fue protagonista involuntario de un enfrentamiento verbal entre el abogado Jordi Pina y el presidente del tribunal, Manuel Marchena, a propósito de si hubo o no cargas policiales. Lea la crónica de Ángeles Vázquez y Jesús G. Albalat.

De las declaraciones de ayer, la más relevante fue la de la secretaria judicial que tras el registro a la Conselleria de Economia el 20-S tuvo que salir del edificio por una azotea. Describió la jornada como un infierno de gente "aplastada contra el cristal" de la puerta, de ruido de "tumulto" y de consignas amenazantes. "Tuve miedo", añadió. Esta es la crónica de Daniel G. Sastre sobre su declaración.

Buenos días. Arrancamos el relato del juicio por el 1-O en el Tribunal Supremo, que este jueves comenzará a las 10 horas con el testimonio de Sebastián Trapote, quien fuera el máximo responsable de la Policía Nacional durante el 1-O.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmado este martes su rechazo a investigar la querella que presentó VOX contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, por permitir la delegación de voto de los diputados encausados suspendidos por el Tribunal Supremo.

Terminan las declaraciones hasta mañana a las 10h. 

La directora de Focus, Olga Solanas, ha detallado que su empresa se encargó de la compra de espacios publicitarios para la campaña de registro de catalanes en extranjeros. Ha indicado que estos trabajos no fueron cobrados e hicieron "facturas negativas"."Cuando dimos órdenes de compra, algún medio nos dijo que no podía ir a tarifa, sino que era a coste y no nos lo podíamos permitir. Era una campaña política y por tanto iba a tarifa. Yo como empresa no iba a asumir pasarme del pliego de condiciones que eran dos millones", ha recalcado.

Decalra ahora Olga Solanas, directora de oficina de Focus Media, empresa de publicidad responsable de la campaña del referéndum. La testigo explica que Focus solo se encargó de la compra de espacios publicitarios, pero no del contenido. Dice que fue una campaña de 130.000 euros y que la empresa, pese a que la facturó, no llegó a cobrar. 

Teresa Guix Requejo, diseñadora gráfica, ha decalrado poco después que trabajó para la Generalitat, con contratos menores, y realizó un diseño para la web Pactepelreferendum a principios de 2017. "Hice una factura negativa en julio de 2017 para no cobrar ese trabajo porque me citaron en la Guardia Civil y pensé que era mejor anular este trabajo", ha asegurado. 

Guix ha incidido mucho en la idea de que no recordaba el diseño porque asegura "no se parece en nada lo que diseñé a lo que salió". 

Franquesa ha precisado en declaración que les comentaron que todo "era legal" y que este sistema estaría amparado por una ley que iba a aprobar el Parlament. Este testigo ha aclarado que no iba a pagar la Generalitat, sino una tercera persona de la que desconoce su identidad. Tanto él como Nos se llegaron a reunir con empleados del Centre de Telecomunicacion dependientes del gobierno catalán, aunque estos técnicos no dieron el visto bueno al proyecto. "No cobramos nada", ha insistido, tras reiterar las personas que participaron en el encuentro del Palau de Pedralbes, "unas 15 personas en total". Ha agregado: " Como vimos que el Tribunal Constitucional seguramente lo iba a bloquear y la parte técnica no estaba definida,   nos echamos para atrás", ha relatado.  El timing era casi imposible, porque en 15 días no puedes desarrollar un sistema de voto electrónico", ha dicho.

El informático Vicente Nos ha explicado al tribunal que le contactó un conocido y estudiante, Quin Franquesa, le planteó la posibilidad de elaborar un proyecto de voto electrónico para el 1-O.  Este testigo ha recordado que el 16 de agosto del 2017 tuvo una reunión en el Palacio de Pedralbes de Barcelona en las que participó entre otras personas el que era presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y la diputada de ERC Marta Rovira. En ese encuentro expusieron su proyecto que, al final, no se realizó porque no se recibió ningún adelanto económico para empezar a trabajar. El coste era de 400.000 a 500.000 euros. La propuesta les llegó, según ha concretado, por el también  Xavier Vendrell.

Tanto Vicen Nos, como su compañero, Quim Franquesa, han declarado que no llegaron a recibir ningún dinero por el proyecto y que precisamente declinaron trabajar para la generalitat por no tener claro quién ni cómo iban a pagarles. 

La chica que dijo que unos policías le rompieron los dedos en el 1-O está valorando con sus abogados denunciar a Enric Millo por falso testimonio. 

Vicent Nos fue contactado por Puigdemont y Junqueras para elaborar un software de votación que funcionaba con la tecnología blockchain y Ethereum. 

Vicent Nos, empresario y desarrollador informático es ahora interrogado en el juicio. 

El juez Marchena suspende la sesión, que se retomará a las 16.15 horas con la declaración de Vicente Nos Ripollés, empresario experto en digital.

El práctico afirma que la declaración de Rull en el juicio fue "correcta".

Recuerda varios buques hoteles atracados en el puerto de Palamós, a preguntas de la defensa.

Buil explica que la consignataria no utilizó una plataforma para solicitar el atraque porque no se le autorizó.

Pregunta el abogado de Rull, Jordi Pina.

Buil destaca que normalmente la autorización de atracar la da cada zona, pero en este caso fueron los servicios centrales.

Pregunta ahora la abogada del Estado.

"Entonces, me llamaron desde la Secretaría de Estado para decirme que el barco fuese a Barcelona", continúa antes de añadir que no había ningún impedimento para que el barco atracase en Palamós, ni había mala mar, ni el barco presentaba deficiencias y había espacio suficiente en este puerto.

Ports de la Generalitat llamó poco después y le comunicó que denegaba el atraque, pero le dijero que desconocían el motivo.

El práctico del puerto dice que cuando subió a bordo se enteró de que iba a ser un barco para alojar a los policías y guardias civiles.

"El consignatario del buque me comunicó el día 19 que este barco venía con destino a Palamós, que llegaría sobre las 9 de la mañana del día 20 pero que todavía no tenía la autorización de atraque. Esa autorización la tenía que dar Ports de la Generalitat. Cuando faltaba una hora para que llegar el barco contacté con el constignatario y me dijo que aún no tenía autorización de la Generalitat. Contacté con el responsable de Ports de la Generalitat en Palamós y me dijo que no había autorización y que esta debía de venir de Barcelona. Contacté con el capitán marítimo y entonces autoricé a fondearlo. Una vez fondeado, contactamos con salvamento marítimo de Barcelona y le informé", relata.

Buil explica que leyó un artículo en el que exponía la explicación del 'conseller' Rull sobre el puerto de Palamós, "falsa" en su opinión. "Manifestó que el barco no entró en el puerto de Palamós porque la capitanía marítima no le había permitido fondear. Pero es muy diferente amarrar a fondear. Amarrar es en el interior del puerto y fondear, en aguas exteriores. Es cierto que en las atuas interiores tiene competencia la capitanía marítima en casos de emergencia o contaminación", señala.

Acaba la declaración del dueño del hotel Travé. Empieza el turno del práctico titular del puerto de Palamós, el capitán Pedro Buil.

Travé explica que recibieron llamadas al hotel que "amenazaban e insultaban". También amenazaban con el boicot al hotel.

Travé explica que en su hotel se hospedaron más de un centenar de agentes de las fuerzas de Seguridad. También ha explicado que hubo dos concentraciones frente al hotel: una por la mañana, de estudiantes, de rechazo a la presencia de los agentes; y otra, por la tarda, en apoyo a los agentes. 

El nuevo testigo es el director del Hotel Travé de Figueres, Sergi Travé Serra, que ha pedido no salir en la transmisión en vídeo y se la ha concedido la petición.

Concluye la declaración del testigo.

"No recibí presiones para que desalojase a los agentes del hotel", señala el testigo.

Recuerda que hubo varios días concentraciones en contra de los agentes. Un par de veces, hubo "mucha gente", añade. "Fuera la policía", "fuera las fuerzas de ocupación" e insultos era lo que proferían los manifestantes, según el testigo.

Explica que los agentes llegaron el 12 de septiembre un grupo de 40 personas, y el día 19 otro grupo hasta 110 o 115 personas.

Pregunta el fiscal.

Concluye la declaración de la secretaria judicial. Ahora es el turno de Alberto Fraile Estévez, propietario del Hotel Gaudí de Reus.

La testigo dice que no puso en el informe que le pareció haber escuchado la voz de Forcadell porque consideró que solo debía relatar lo que sucedía en el interior del edificio. "Aguanté emocionalmente tres o cuatro días en mi puesto de trabajo como buenamente pude, recogiendo las actas, ayudando y colaborando con el magistrado instructor, y al día siguiente mi salud quebró y pagué la tensión y el estrés que había pasado todos esos días anteriores", relata la secretaria judicial. Recuerda que declaró ante la Audiencia Nacional por videoconferencia porque "no estaba en condiciones de realizar un viaje". "Declaré a la Audiencia Nacional que había oído una voz de mujer, que era difícil entender lo que decía. Ahora lo recuerdo mucho mejor. He revivido cada día lo que sucedió para fijarlo en la memoria para este día", señala.

"No puedo recordar dónde estaba cuando escuché la voz de la señora Forcadell", responde la testigo a preguntas de la abogada de la expresidenta del Parlament.

El abogado le pregunt ahora si es titular de un perfil de Facebook. La testigo admite que sí, aunque ya no lo usa. Y asegura no recordar haber dicho que los miembros de ERC eran unos "destroyers".

El juez niega al abogado que pregunte a la testigo sobre su ideología.

"Fuera de los agentes de la policía judicial, llevo mi vida con la mayoría de las discreciones", asegura Montserrat del Toro, a preguntas de si era conocida por la ciudadanía.

"El teniente de la Guardia Civil era la que controlaba cuándo se acababan los registros y trasladaba a los detenidos a la Conselleria", explica la testigo.

Pregunta ahora el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde.

El requerimiento del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona al Parlament es para pedir facturas sobre el acto de presentación de la ley del referéndum en el TNC, en julio del 2017. La Guardia Civil sospecha que se pagó con subvenciones públicas.

La secretaria judicial explica que cuando verbalizó la idea del helicóptero, los agentes se rieron. Se pensaban que estaba de broma, añade. Por eso, añade, no lo incluyó en el acta.

"Yo no oí música, oí cantos, estaba centrada en mi trabajo", explica la secretaria judicial. Aquel día, se montó un escenario frente a la conselleria y hubieron actuaciones de grupos musicales.

La secretaria judicial recuerda que el auto de registro mencionaba los delitos de rebelión y sedición.

Toma el relevo en el Supremo el abogado de Jordi Sànchez, Jordi Pina.

Agentes de la Guardia Civil se han personado este miércoles en el Parlament de Catalunya para hacer un requerimiento de información ordenado por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, han informado fuentes parlamentarias y del Instituto Armado a Europa Press. Los agentes han ido a la Cámara catalana como policía judicial para entregar el requerimiento y se han marchado, según fuentes parlamentarias. Este juzgado investiga desde febrero del 2017 los preparativos del 1-O y presuntas irregularidades del proceso soberanista.

La secretaria judicial sostiene que el teniente de la Guardia Civil pidió a la intendente Laplana en varias ocasiones refuerzos, algo que esta le negó porque consideraba que, a su juicio, había efectivos suficientes y no había peligro para la seguridad. Según su relato, Laplana, tras una de estas conversaciones, se giró, sonrió y se encogió de hombros.

"La voz femenina que yo oí por la tarde me pareció reconocer la voz de la señora Forcadell. No puedo asegurarlo porque no me asomé a ningún balcón ni ventana, y fue un agente de la Guardia Civil quien me dijo que se había acercado al lugar la presidenta del Parlament", afirma.

Del Toro admite que por la mañana le explicaron que se establecería un pasaillo para que los detenidos pudiesen entrar y salir de la conselleria.

"Cada vez que el teniente se dirigía a mí empezaba la frase con 'el señor Sànchez me ha dicho'", en relación a Jordi Sànchez, entonces presidente de la ANC.

"Hasta la noche no tuve ninguna conversación con un mosso d'esquadra", recuerda la testigo.

La abogada de Cuixart le dice a la testigo que hay un despacho que registraron que no estaba amparado por el auto del juez. La secretaria judicial sostiene que llamó al magistrado y que le indicó que registraran todos los despachos de procesos electorales, sin identificar nombres.

"Estoy bajo juramento y recuerdo perfectamente haber visto salir de la reunión al señor Cuixart y al señor Sànchez", asegura sobre una reunión en la conselleria. En su declaración anterior, no mencionó a Cuixart.

La secretaria judicial explica que tras el registro no acudió al juzgado. Únicamente llamó al magistrado para decirle que ya estaba a salvo, que llegó a su casa a la 1.45 horas de la madrugada y permaneció despierta hasta que supo que la comitiva judicial pudo salir de la conselleria.

Pregunta la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig.

El ofrecimiento de salir por otro lugar solo tuvo lugar después de la orden del magistrado instructor, recuerda la secretaria, quien también asegura entender que el empresario teatral se arrepintiera de dejarla salir por el Coliseum.

La secretaria judicial explica que sufrió por que la documentación intervenida se extraviara. Por eso, se negó a dejar el acta y la documentación del registro.

"Me planteé pedir un helicóptero porque no se podía salir por la puerta. A lo largo del día se transformó en una concentración y a lo largo del día aquello era un tumulto. No se podía transitar por la calle. Pensé que podía salir por el aire", explica Montserrat del Toro.

Recuerda que hubo 40 entradas y registros aquel día en toda Catalunya.

Turno para la abogada del Estado.

Se retoma el juicio. Continúa el interrogatorio a la secretaria judicial.

La policía judicial se ha presentado este miércoles en el Parlament para requerir información sobre el acto de presentación de la ley del referéndum en el TNC en julio del 2017. Según ha avanzado TVE, los agentes se han personado en la Cámara catalana y han presentado un requerimiento para contar con más información en el plazo de cinco días.

Se suspende la sesión media hora.

El fiscal pide al juez que se incorporen a la causa las fotos tomadas por la secretaria judicial, pero el juez Marchena lo rechaza.

La secretaria judicial afirma que no vio los vehículos de la Guardia Civil dañados.

"Yo tuve preocupación todo el día y miedo a partir de las 9 de la noche, cuando vi lo que había fuera", señala.

La secretaria judicial explica que aceptó las condiciones que le ofrecieron y que se marchó con el acta, mientras que los agentes tenían orden de quedarse hasta que les dieran permiso sus superiores. "Me piden que me oculte para que los que están en los edificios de enfrente no me identifiquen o me sacan fotos. Nos vamos a un murete de un metro. Yo eso no lo pude saltar, me ayudaron a saltarlo. Ya en el muro miro para abajo y veo que el suelo de la azotea del teatro es mucho más alta, había que descolgarse. Con la ayuda de los mossos me descuelgo y por un pasillo me llevan a los camerinos del teatro. He de permanecer más de media hora porque el responsable del teatro se había arrepentido y no quería permitirme la salida. Estaba atrapada, no podía volver atrásporque la conselleria estaba cerrada, ni ir hacia adelante, porque no me permitían la salida por el teatro". Los mossos convencieron al responsable del teatro. La función hacía tiempo que había acabado, solo quedaban los actores, recuerda. Finalmente salió junto a los mossos, con algunos actores, y corriendo subieron a un vehículo sin logotipar de la policía catalana.

Tras hablar con el teniente de la Guardia Civil, que le dijo que no había más opciones, decidió llamar al magistrado instructor, que casualmente estaba de guardia. "Descubrí que desde una planta los móviles volvían a tener cobertura. Serían las 10.30-10.45. Le dije al magistrado "me tienes que sacar de aquí, no hay salida". Me dijo que no me preocupara, que me lo garantizaba. Llamaron a la dirección de los Mossos para sacarme de allí. Sobre las 23.30 horas, estando en la zona donde había cobertura, comparecen dos hombres no uniformados pero que me dicen ser mandos de los Mossos y me dicen que han recibido una orden del señor Trapero, por orden del magistrado, en virtud de la cual habían buscado una salida alternativa para mí y mi documentación. Me dicen que han encontrado una salida por el teatro Coliseum. Que en la segunda planta hay un acceso a una azotea que permite el acceso a la azotea del edificio contiguo y que por ahí podríamos salir cruzando el teatro hasta la Gran Vía, aprovechando el final de la función saldríamos mezclados entre el público. Me dijeron que no tuviera miedo, que me acompañarían ocho mossos vestidos de paisano para hacer bulto y ocultarme", recuerda.

"Tuve tres ofertas para salir de allí, que me trasladó el teniente. La primera es que yo sola saliera por la puerta principal custodiada por dos agentes de los Mossos y que me acompañarían hasta el final de la multitud y a partir de allí yo fuera a la primera boca de metro y regresara como pudiera. Esa opción ni la contemplé. Todavía no había pasillo ninguno. Era una oferta inadmisible porque yo soy parte de la comisión judicial y de la misma manera que entré tenía que salir, porque después de lo que había visto al otro lado del cristal y desde la azotea no era una opción segura. Después, se me hizo una segunda oferta, con las mismas premisas se me formaba un pasillo de civiles y yo podía salir no sé hasta dónde, no sé si con o sin custodia policial. Por las mismas razones rechacé la segunda oferta. Hubo una tercera oferta que en vez de un pasillo de gente civil fuera formado por agentes de la Brimo (antidisturbios) y solo podía ser transitado por mí. Volví a denegar esta opción", añade.

"El teniente me dijo que el señor Sànchez le había comentado que no podía hacer nada para retirar al contingente de civiles que estaban en la puerta. Vuelvo al despacho con el resto de agentes, había mucha tensión. Les pregunto si tenían alguna indicación de sus superiores y me dicen que tienen orden de resistir y custodiar el material intervenido. Los teléfonos móviles no funcionaban, estaban colapsados, porque los repetidores habían quedado colapsador por toda la gente que estaba en el exterior. No pude llamar al magistrado para explicarle lo que estaba sucediendo", continúa.

A las 9.50 horas podían haberse marchado del edificio. "Yo ya estaba preparada para salir", asegura Del Toro. "Yo me retiro y oigo un ruido. Veo una avalancha, y gente chafada contra el cristal, y también el impacto de una botella de agua", afirma.

Tras subir a la azotea, bajó al atrio, donde en uno de los despachos se está manteniendo una reunión en la que están Jordi Sànchez y Jordi Cuixart para ver cómo se organizaba la salida de la comitiva judicial. En paralelo, ve cómo gente va entrando y saliendo de la Conselleria que exhibían carnets a la persona que custodiaba la puerta.

A las 7 de la tarde inician el último registro, de Mercedes Martínez Martos. Tras comprobar que tenían todo lo intervenido, llamó a los agentes que habían participado en el registro para firmar el acta. "No todos estaban en ese despacho, fueron llamados y tuve que ir buscando por el edificio los que estaban en otras plantas e incluso en la azotea", recuerda. Ella misma subió a la azotea a pesar de que algunos agentes le dijeron que no subiera porque "no valía la pena". "Subí y comprové por qué mi petición inicial de pedir un helicóptero no era factible porque estaba lleno de antenas. Vi un mar de gente, que era lo que nos esperaba a la salida por la puerta principal. En ese momento tomé fotografías de lo que se veía desde allá arriba, la multitud de gente llegaba a la plaza de Catalunya, se extendía por las calles perpendiculares, la intención de esas fotografías era incorporarlas al informe sobre las incidencias y dar cuenta al magistrado instructor", explica.

La secretaria judicial recuerda que por la tarde llegó Oriol Junqueras, pero que no lo vio. También explica que por la tarde oyó una voz femenina por megafonía y que le dijeron que era Carme Forcadell. Volvimos a oír el "votarem", "ni un pas enrera"...

Sobre las 4.30 de la tarde, un agente de la Guardia Civil llevó bocadillos, que le facilitó una mossa "porque se apiadó" de ellos.

La secretaria judicial explica que decidieron seguir adelante con el registro de los despachos sin comer. Siguieron por el de Josep Maria Jové.

"Sobre las 4 de la tarde, habíamos acabado el registro del despacho de la señora Garriga. No podíamos hacer ningún receso, teniendo en cuenta que nadie podía haber podido comer nada comenté a un agente si había la posibilidad de buscar comida. El agente me dijo que era imposible, que si iba un pizzero sabrían que era para nosotros y que no querían poner en peligro la integridad de nadie", continúa.

"Sobre la 1 decidimos ir al despacho de la señora Garriga. Que  habiendo finalizado los despachos electorales procediéramos al despacho de la señora Garriga, que estagba en la octaba planta. Llamo de nuevo al magistrado porque los detenidos seguían sin llegar porque no podían acceder, no se permitía la conducción. Sobre la 1.30, ya iniciado el registro de la señor Garriga, comparece el teniente de la Guardia Civil y me dice que había tenido varias entrevistas con el señor (Jordi) Sànchez y me dijo que las condiciones que le impuso para permitir el acceso al edificio no eran aceptables", relata. "El oficial me dijo que incluso contando con la posibilidad de desplazar a la multitud, las condicioens eran formar un pasillo humano, formado por civiles, a través del cual podían acceder al edificio los detenidos. Creo recordar que en una situación de libertad, sin esposas, sin conducción, entrando libremente. El teniente dijo que no era asumible por seguridad jurídica ni por la integridad de los detenidos", añade.

El registro comenzó por la oficina de procesos electorales porque la responsable era la única que estaba allí. Desde este despacho llamó al magistrado para relatarle lo que estaba sucediendo y le pregunta si iniciaba el registro. "Me dijo que sí", explica. "A las 10 ya me dicen que hay miles de personas, había un murmullo constante. Sobre las 11.30 o así se oía megafonía. El murmullo de la gente era imposible, un continuo. Hablaban en catalán. No saldrán. No pasarán. Eran frases sueltas", añade.

"Yo estaba lejos, a cinco metros y no oí la conversación, pero vi que el teniente de la Guardia Civil hablaba con la intendente Laplana en un tono serio. Al cabo de unos minutos, el teniente se gira, me mira y me hace que no con la cabeza. Luego me explica que aunque había pedido a los Mossos refuerzos, la señora Laplana había considerado que era innecesario y que no se tenía que producir ningún altercado del orden público", relata Del Toro.

"Sobre las 9 de la mañana veo que se empieza a acumular mucha gente fuera. Se lo comento al teniente de la Guardia Civil. Vi un episodio muy desagradable: una persona joven se acercó al guardia civil que custodiaba la puerta de acceso y le puso alco, creo que una bandera, muy cerca de la cara y le grita algo y me da la sensación de que le escupe. Le dije al teniente de la Guardia Civil que había que llamar porque tenía visos de que se iba a desbordar la situación. Más tarde hubo el incidente con la intendente Teresa Laplana", añade.

A las 8.30 horas llegaron dos abogados de la Generalitat, a quienes explicó que no podía notificar a un abogado el contenido del auto, que estaba secreto. A las 8.45 le comentó al responsable del operativo que procediera a localizar los despachos para asegurarlos. "Nadie nos daba razón de donde estaban las cosas", recuerda. Hasta casi una hora más tarde no se pudieron localizar los despachos que debían ser registrados.

"Entramos en la sede de la conselleria a las 8 en punto, que es cuando se abre de cara al público la puerta. Se dejaron los tres vehículos justo en la puerta para que la salida y el trayecto a la puerta fuera el más corto. Cuando llegamos nos encontramos en el atrio dos mossos a los que tuvimos que comunicar a qué íbamos. Al conserje le pedimos que buscara al máximo responsable del edificio y nos dijo que tenía que empezar a llamar por teléfono porque allí no había ningún responsable todavía", explica.

Del Toro recuerda que aquel día, el 20 de septiembre, se registraron varios despachos. "Se acordó un registro, todo a la misma hora, en los domicilios y despachos en los que pudieran encontrarse. Y una vez acabados, la policía judicial se encargaba de su conducción a la conselleria para registrar sus despachos", añade.

Empieza preguntando el fiscal Javier Zaragoza.

La defensa de Junqueras y Romeva se opone, y la de Rull, Turull y Sànchez aceptan la petición pero rechazan la argumentación de que sea porque reside en Catalunya. "Esto criminaliza a la ciudadanía de Catalunya", afirma Pina.

Turno ahora para la secretaria del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, que ha pedido que no se difundan imágenes suyas para preservar su privacidad.

Concluye la declaración de Pérez de los Cobos.

Pregunta Francesc Homs, en nombre de Josep Rull. "Se cumplió el mandato judicial en tanto en cuanto lo que ocurrió el 1-O no fue un referéndum", explica Pérez de los Cobos, que admite que se pudo votar aquel día. También rechaza que se planteara recurrir al auxilio del Ejército.

"Sé que el 1-O llovía en muchos puntos de Catalunya. No sé si los agentes cuando hablaban de encapuchados se referían a la cara tapada o solo la cabeza", añade.

El testido aseugra desconocer por qué no se han adjuntado las imágenes de las cámaras de los agentes en los atestados del 1 de octubre.

El coronel de la Guardia Civil define el hostigamiento de los ciudadanos en los colegios como "insultos, lanzamiento de objetos, agresiones".

"En la mayoría de las actuaciones en los colegios hubo una actitud hostil y personas parapetadas en actitud de agresión hacia nuestra fuerza. Pero en otros, el grado de agresividad y hostilidad fue tan elevado que aconsejó abortar la intervención", sostiene Pérez de los Cobos.

"La responsabilidad de actuar en un centro era del responsable de la unidad de intervención del sector concreto", explica el coordinador del dispositivo. "El auto no se centraba la titularidad, hablaba de locales públicos o en los que se prestaba un servicio público", añade.

"Todas las unidades que participaron aquel día son unidades muy duchas, están muy acostumbradas a tener intervenciones de este tipo y actúan siempre con los principoios de actuación que recoge nuestra normativa", continúa De los Cobos.

"Nuestros grandes condicionantes eran dos: la actitud de los votantes y la de los Mossos", apunta el coronel de la Guardia Civil.

Pérez de los Cobos afirma que la actuación policial durante el 1-O se centró en la "intervención de materiales" y no en el cierre de los colegios. Y señala que la actuación con el "menor coste posible" sobre la seguridad física de los votantes era llevarse el material en lugar de cerrar las escuelas.

Interroga ahora el abogado de Jordi Cuixart Àlex Solà. "Mi trabajo era el de apoyo entre los cuerpos policiales, tal y como se me asignó en la instrucción judicial", afirma el testigo.

Pérez de los Cobos también asegura desconocer si se utilizó gas pimienta en una intervención policial.

"Hubo multitude intervenciones y entre ellas yo creo que hubo actuaciones con medios policiales que afectaron a distintas partes del cuerpo de individuos que estaban intentando impedir el acceso o salida de las unidades policiales", responde Pérez de los Cobos a la pregunta de si agentes golpearon con porras o sus manos en la cabeza a ciudadanos que estaban inmóviles en el suelo. "A mí, ninguno de los informes policiales me detalla cada una de las actuaciones policiales", añade.

Pina debate con el juez Marchena, porque considera que el testigo puede incurrir en un delito de falso testimonio. Marchena le replica que el testigo ya ha sido advertido de que tiene que decir la verdad.

"Una carga policial, desde el punto de vista técnico policial, es una atuación contundente para disolver una manifestación o para desalojar un espacio. En este sentido, yo creo que ese día no se disolvió ninguna manifestación ni se provocó ningún desalojo", señala.

El testigo asegura que, según tiene entendido, no había ningún criterio para intervenir en unas poblaciones y en otras no.

El coordinador del dispositivo policial del 1-O explica que el criterio que se estableció para distribuir a Policía y Guardia Civil en los colegios fue el de las antiguas demarcaciones previas al despliegue de los Mossos.

Turno para el abogado de Jordi Sànchez, Jordi Pina.

De los Cobos sostiene que los 93 agentes heridos lo fueron por agresiones de ciudadanos.

La sala pone el audio de la declaración anterior de Pérez de los Cobos. En ella se escucha que coronel afirma que el "cumplimiento de la ley estaba por encima de todo". Marchena rechaza que el matiz sea importante para el esclarecimiento de los hechos.

"La convivencia ciudadana en un Estado de derecho no es posible fuera del respeto a la ley", señala el coronel, que rechaza haber dicho en una anterior declaración que era más importante el mantenimiento del orden que la convivencia ciudadana.

"El mayor Trapero habló de que podría haber dos millones de personas. Pero más importante que el número de personas era la actitud de esta gente y la del cuerpo encargado de impedir la votación", destaca Pérez de los Cobos.

"Nosotros habíamos hecho valoraciones sobre la situación en la que nos podíamos encontrar. En las tres reuniones de coordinación siempre había una puesta en común del análisis de la situación de lo que podía pasar el 1-O, y ahí concluíamos que nos podíamos encontrar con bastante gente concentrada con la intrención de votar. Lo que luego ocurrió es que muchos individuos estaban para impedir la actución judicial. Sobre la presencia de niños y mayores, la única vez que lo oí fue en la junta de seguridad de boca del señor Trapero", añade.

"Había varios procedimientos de investigación abiertos, uno en el TSJC, y que yo recuerde, se estaba llevando a cabo otro en el juzgado de instrucción número 13 y las diligencias de la fiscalía", explica el coronel. Destaca que él atendía a las diligencias de la fiscalía y rechaza tener detalles sobre el resto de procedimientos en marcha.

El abogado pregunta por qué no ha entregado los planes de actuación a la autoridad judicial. Según De los Cobos, no se entregaron al TSJC porque no se les pidió y al Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, que sí que los reclamó, no lo recuerda.

Se retoma el juicio. Empieza preguntando el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde.

Si todo va según el guion del Supremo, cuando concluya el interrogatorio de la secretaria judicial será el turno de los propietarios de los hoteles Gaudí (Reus) y Travé (Figueres), donde se produjeron numeroso escraches a policías y guardias civiles, a quienes seguirá el práctico del puerto de Palamós, Pedro Buil; el empresario experto en digital Vicente Nos Ripollés y su socio Quim Franquesa Padrós, la diseñadora de la web del referendum Teresa Guix; y los directores de dos agencias de comunicación, Olga Solanas y Ferran Buriel. Ya por la tarde está prevista la comparecencia de la vicepresidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales Nuria Llorach y del director de El Punt Avui, Xavier Virgo, según la providencia emitida por el tribunal.

Cuando concluya Pérez de los Cobos, está previsto que declare Montserrat del Toro, la secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que utilizó la azotea de la Conselleria de Economia para salir por el teatro Coliseum. Este es el recorrido que realizó la secretaria:

También dio ayer su testimonio el que fuera delegado del Gobierno en Catalunya durante los hechos que se juzgan, Enric Millo, quien apuntaló el relato de un 'procés' violento y destacó que existía una "alineación política total" entre el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y el Govern de Carles Puigdemont.

En su declaración de ayer, el coordinador del dispositivo policial del 1-O aseguró que el uso de la fuerza durante aquella jornada fue "exquisito" y negó que se cargase contra votantes. El coronel adujo que se toparon con "murallas humanas virulentas".

Buenos días. La sesión del juicio al 'procés' en el Tribunal Supremo empezará en menos de una hora con la continuación del interrogatorio a Pérez de los Cobos.

Finaliza el turno de preguntas Xavier Melero, el abogado Forn. Y, con esto, termina la sesión de hoy. Mañana se reanuda el juicio a las 9.30 con el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos.

De los Cobos, sobre la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado el 1-O: "Hubo muchas denuncias. Lo que sí que me consta centenares de sobreseimientos y ninguna condena"

De los Cobos: "No hubo enfretamientos con ciudadanos. Hubo que vencer a la resistencia de grupos para cumplir con el mandato policial".

Pérez de los Cobos: "Se sustituyó a los Mossos en las tareas a desarrollar tras comprobar la ineficacia, inacción e inadecuación de la policía catalana"

Pérez de los Cobos, sobre los Mossos: "No se puede utilizar de excusa la normal convivencia ciudadana para conseguir la inacción policial"

Pérez de los Cobos: "El fiscal superior le dijo [a Trapero] que ese era un plan para unas elecciones normales más que para impedir un referéndum"

Pérez de los Cobos: "Los Mossos acudieron a todas las reuniones convocadas por la Fiscalía o por mí. No siempre estuvo presente el 'major' Trapero".

Prgeunta ahora Xavier Melero, abogado de Forn.

Pérez de los Cobos, coordinador del operativo policial del 1-O: "El dispositivo de los Mossos fue una estafa".

Pérez de los Cobos apunta que hubieron "alrededor de 90 agentes lesionados" el 1-O.

Pérez de los Cobos dice que pidió a Puigdemont que desconvocara el 1-O y que el 'president' les respondió que él "sabía lo que tenía que hacer".

Finaliza la abogada del Estado. Turno para Vox.

"La hostilida empezó en septiembre cuando empiezan las primeras intervenciones de las fuerzas de Seguridad del Estado", dice Pérez de los Cobos. "Esa hostilidad se fue extendiendo hacia las casas cuartel de la guardia Civil, comisarías de Policía, y, a partir del 20-S, con los incidentes de Economía, esas situaciones de fuerte agresividad fueron más y más virulentas", añade.

Finaliza la fiscal. Pregunta la abogada del Estado, Rosa María Seoane. 

De los Cobos: "6.000 efectivos, con la colaboración de los Mossos, habrían sido suificientes para cumplir una parte considerable del auto de la magistrada".

De los Cobos: "En determinados colegios colocaron a niños y personas mayores como vanguardia".

"El dispositivo que se hizo en los Mossos estaba más encaminado a facilitar el referéndum que en impedirlo", dice Pérez de los Cobos

De los Cobos: "En una decena de casos, los Mossos intentaron obstruir el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado"

Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, insiste en que el despliegue de los Mossos fue insuficiente y que "facilitaron" el referéndum mostrando "pasividad". 

De los Cobos: "Nos encontramos con grupos perfectamente organizados y jerarquizados"

De los Cobos dice que hubo casos de "violencia muy grave". "Recuerdo a un guardia civil en el suelo recibiendo una patada en la cabeza", zanja.

De los Cobos: "Cuando Puigdemont hizo un llamamiento a defender las urnas, la virulencia de algunos grupos incrementó aún má y por eso era mejor no actuar"

"No hubo orden de parar la actuación policial el mediodía. Lo publicaron algunos medios pero no es cierto"

De los Cobos: "No hubo ninguna carga policial [el 1-O]".

De los Cobos: "No hubo ninguna intervención sobre votantes, salvo contra aquellas personas que trataban de impedir que las unidades entrasen en los locales"

De los Cobos, sobre los puntos de votación: "Nos encontramos con un grado de virulencia cuando nuestros agentes llegaban a los locales". 

Pérez de los Cobos remarca que el "1-O volvimos a tener divergencias con Trapero".

Pérez de los Cobos dice que se dieron cuenta "durante la madrugada del 1-O en qué escenario" se encontraban.

Pérez de los Cobos dice que recurrieron "al escenario B"  que habían previsto vista la "insuficiencia, inadecuación" de los Mossos. "No estaban impieidnedo el referéndum y, por lo tanto, debíamos actuar".

Se reanuda la sesión. Sigue la fiscal Consuelo Madrigal interrogando a Pérez de los Cobos.

Pausa de 15 minutos en el Supremo.

 El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, dice que comunicó a Puigdemont que si desconvocaba el referéndum "no pasaría nada".

"Las actuaciones en fuerza podían suponer que hubiera altercados de orden público o agresiones. O que como dijo Trapero se provocara un mal mayor del que se pensaba evitar", ha asegurado. 

De los Cobos: "Puigdemont me dijo que el bien supremo era la convivencia"

La crónica hasta el momento de la declaración de Pérez de los Cobos. "Trapero consideró mi nombramiento una invasión de competencias".

De los Cobos: "La Junta de Seguridad fue kafkiana. La convoca Puigdemont con menos de 24 horas de antelación con un solo punto del día". 

De los Cobos: "Las fuerzas de seguridad del Estado facilitaron una lista de locale sonde se debía de celebrar el referéndum al 'major' Trapero".

"Desde hacía mucho tiempo teníamos la preocupación sobre qué iban a hacer los Mossos. Lo había hablado con Albert Batlle, él me dijo: "Mientras yo esté aquí siempre cumpliremos con lo que nos manden las autoridades judiciales o fiscales". Le hice la misma pregunta a Ferran López, en una reunión tras los atentados. Le trasnmití mi inquietud y me dijo: "No tengas ninguna duda, siempre obedeceremos los mandatos de la autoridad judicial".  

De los Cobos: "Nada más empezar la reunión de coordinación [sin Trapero] Ferran López reitera que como administración no están de acuerdo con la elección del coordinador. Pero dicho eso, la reunión fue en un clima de coordialidad, no existía la tensión que existía con Trapero".

De los Cobos: "La relación con el señor Trapero fue siempre difícil. El día 25 de septiembre no se presentó en la reunión; estaba Ferran López".

Pérez de los Cobos ha señalado que el 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, dijo que no hacia falta apoyo en Catalunya y que con los Mossos era suficiente para impedir el 1-O. También sobre el papel de Forn, ha asegurado que dijo que "la Fiscalía se excedía en sus fuciones y que estaba intentado aplicar el 155 por la puerta de atrás".

Pérez de los Cobos: "Trapero se avino a adecuar el plan tras la petición del fiscal"

Pérez de los Cobos: "El plan de Trapero se aproximaba más al de una jornada electoral que no al de uno para impedir un referéndum prohibido"

Pérez de los Cobos: "Consideré que ese plan [de los Mossos] de actuación no impide la celebración del referéndum"

Pérez de los Cobos: "Trapero expreso su disconformidad con la decisión del TSJC de que yo coordinase el operativo policial"

Pérez de los Cobos explica que el 21 de septiembre se desplazó a Barcelona por encargo del TSJC para "coordinar  los dispositovs policiales del 1-O".

Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, fue el coordinador del operativo policial del 1-O. Empieza a responder a las preguntas de la Fiscalía. 

Finaliza la delcaración de Juan Antonio Puigserver. En breve, Diego Pérez de los Cobos. 

Pregunta ahora Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras. 

Puigserver, responsable de Interior con el 155: "Los cargos de los Mossos fueron leales y profesionales. Tuvieron una colaboración leal conmigo todos ellos"

Puigserver: "El 'major' Trapero vinculaba el uso de la fuerza el 1 de octubre a impedir agresiones a ciudadanos o a la fuerzas de seguridad"

Puigserver: "Nadie dijo que no se cumpliría el auto judicial."

Xavier Melero, abogado de Forn, pregunta sobre el operativo policial del 1-O. 

Turno para las preguntas de las defensas. 

Puigserver responde ahora a la Abogada del Estado, Rosa María Seoane. 

Puigserver, preguntado por los actores de la Junta de Seguridad, ha asegurado que en la reunión intervinieron sobretodo Puigdemont y el 'major' Trapero: "El 'conseller' Forn participó poco".

Puigserver, sobre la Junta de Seguridad: "No se concretó cual seria la actuación de los Mossos [el 1-O]". 

Puigserver, sobre la Junta de Seguridad: "No recuerdo que se hablara del contenido de los diferentes planes operativos".

Puigserver, responsable de Interior durante el 155: "Cerrar centros de votación era la mejor manera de mantener la convivencia ciudadana"

Puigserver ha declarado que el objetivo de la Generalitat en la Junta de Seguridad "no era tanto impedir el referéndum, sino coordinarse como si fuer auna jornada electoral"

Puigserver, a preguntas del fiscal, ha dicho que no sabia si existía "una preocupación clara por la posibilidad de disturbios".

Puigserver: "Puigdemont decía que era imprescindible conservar la convivencia ciudadana"

Puigserver: "Teníamos diferentes objetivos las dos administraciones. Desde el Estado era cumplir las sentencias del Constitucional, y, por tanto, impedir la celebración del referéndum".

Puigserver, sobre las reuniones de seguridad previas al 1-O: "Teníamos dudas de que los objetivos fueran los mismos".

El fiscal Jaime Moreno pregunta a Puigserver, testimonio propuesto por el Ministerio Fiscal

Juan Antonio Puigserver es secretario general técnico del Ministerio del Interior y se hizo cargo del Departamento de Interior de la Generalitat tras la aplicación del 155. 

Finalmente, Juan Antonio Puigserver, responsable máximo de Interior con el 155, será el primero en declarar esta tarde. De este modo, el coronel de la Guardia Civil  Diego Pérez de los Cobos lo hará más tarde. 

La 'consellera' de Presidència y portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, ha tachado de "ficticio y ridículo" acusar de violencia al independentismo, ya que a su juicio "la única violencia" que hubo el 1-O fue por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, "el verdadero delito que se debería estar juzgando". En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu del Govern, Artadi ha criticado las declaraciones como testigos de los exmiembros del Gobierno de Mariano Rajoy en el Tribunal Supremo, entre ellos hoy el exdelegado del Gobierno en Cataluña, el popular Enric Millo. "Hemos visto imágenes, vídeos. La única violencia fue la de Policía Nacional y Guardia Civil, la de los miles de policías que envió un Estado represor para evitar que la gente votara. Es el verdadero delito que se debería estar juzgando ahora mismo", ha aseverado.

Termina el interrogatorio a Neus Munté. La sesión se retomará a las 16 horas con la declaración de Diego Pérez de los Cobos.

Munté niega que los procesaros llamaran en ningún momento a la violencia durante el proceso soberanista. También rechaza que el señor Forn pertenezca a una "facción radical" en el seno del PDECat.

"Participé en la protesta del 20-S, vi a muchas personas, con una actitud serena", recuerda Munté, antes de destacar que los presidentes de Òmnium y la ANC lanzaron mensajes pidiendo tranquilidad y civismo a los congregados. "No vi ningún alternado y no hubo ninguna llamada a otra cosa que no fuera la serenidad y la tranquilidad", añade.

Turno para las defensas. Munté explica que por parte de Puigdemont percibió una "voluntad sincera" de llegar a un acuerdo con el Estado.

Pregunta Vox si Munté fue a la concentración de la Conselleria de Economia el 20-S, pero es reconvenido por el juez por preguntar sobre algo que no han preguntado las partes que han propuesto a la testigo. El abogado de Vox protesta porque sí que la propusieron como testigo. Finalmente, el juez admite la pregunta. Munté responde que sí. Vox pregunta si acudió a votar el 1-O, y la testigo también responde afirmativamente. No hay más preguntas de la acusación popular.

Munté explica que en las reuniones que se mantuvieron entre junio y septiembre del 2016 se abordó la cuestión de confianza presentada por Puigdemont y el debate de política general que se celebrarían en el Parlament.

Acaban las preguntas del fiscal. Ahora le toca a la abogada del Estado.

Munté asegura no recordar los apuntes de la agenda que le está relatando el fiscal, ni de lo que se habló en estas reuniones.

"Como portavoz del Govern se me preguntó mucho sobre el papel de los Mossos durante el 1-O. Siempre dije que actuarían conforme a la ley", destaca.

La 'exconsellera' asegura que conoce a Josep Maria Jové y, sobre su agenda, justifica que ella participó en muchas reuniones, sobre todo al principio de la legislatura, pero sostiene que no puede confirmar su asistencia a una reunión concreta.

"Me afectó el cese de Baiget, yo no estaba conforme con este cese. El 'president' Puigdemont lo justificó en términos de confianza", añade Munté, que asegura no recordar que Baiget dijese que su cese fue una "irresponsabilidad".

"Me daban respeto las consecuencias penales, pero, insisto, estábamos en la vía del diálogo. Yo no podía inferir que el escenario fuera otro", continúa.

Munté destaca que en aquel primer semestre del 2017 se conoció la condena por el 9-N y también le pesó en su decisión para abandonar el Govern, así como las cinco interlocutorias del Tribunal Constitucional que recibió.

"Trabajábamos con una vía de búsqueda del diálogo con el Estado. Así lo manifestamos muchas veces", recuerda la exportavoz del Govern.

"Las razones es que yo me veía desbordada en mis funciones, especialmente como portavoz del Govern, acusaba una sobrecarga de trabajo. Además, en el primer semestre pasé por circunstancias personales muy difíciles", continúa Munté, que recuerda que en abril falleció su padre y lo pasó muy mal.

Munté explica que no cesó en la remodelación del Govern en julio del 2017. "Yo no dimití, pedí al president Puigdemont que me relevara. Yo había hecho una reflexión personal, con mi familia, él entendió mis motivos", señala.

Pregunta el fiscal Jaime Moreno.

Turno para Neus Munté, exportavoz del Govern y 'exconsellera' de Presidència.

Concluye la declaración de Millo.

"De los que salieron el 1-O a la calle, salieron con diferentes voluntades. Las heridas y lesiones que algunos mostraron no se hacían con la mano, se tenían que hacer con algún objeto. Un agente me explicó que había sido agredido con un quad", continúa Millo.

Pina pregunta a Millo si tiene algún tipo de informe sobre los CDR que fueron violentos, tal y como ha asegurado anteriormente a la fiscalía. El exdelegado del Estado dice que las informaciones que le llegaron fue de manera oral y evita profundizar más.

Pina le pregunta por una batalla campal al final de una manifestación de Societat Civil Catalana el 12 de octubre del 2017.

Turno para el defensor de Jordi Sànchez, Jordi Pina.

Francesc Homs, abogado de Jordi Turull, pregunta al testigo si pidió la declaración del estado de sitio o excepción al Gobierno de España. "Consideré que la actuación de los cuerpos de seguridad tenía que ser suficiente para poder frenar estos actos", responde Millo.

Preguntado sobre el lanzamiento de artefactos incendiarios, Millo contesta: "No puedo concretar las fechas y los lugares, tengo la información sobre los afectados, recuerdo la casa cuartel de Igualada contra la que se lanzó un artefacto incendiario. No recuerdo concretamente más, pero hubo más". Salellas subraya que únicamente hubo un artefacto en aquellos días, el de Igualada.

"Creo recordar que leí un tuit de Cuixart en el que decía: "no saldrán de aquí hasta que nosotros queramos"", añade.

Millo, a preguntas de Benet Salellas, asegura que vio imágenes de gente subida en un vehículo de la comitiva judicial en la Conselleria de Exteriors, y que le llegaron a romper los retrovisores.

Concluyen las preguntas de Van den Eynde.

El juez Marchena llama al orden a Van den Eynde por "carearse" con el testigo. Le ha preguntado si hubo muertos o heridos en la concentración del 20-S o en la Diada anterior.

Millo explica que algunos alcaldes le llamaron para transmitirle su preocupación por lo que sucedía. Alguno le señaló que se había sentido intimidado por no colaborar con el referéndum.

"No tuve ocasión de reunirme con los heridos civiles. Me constó que se habían hospitalizado a cuatro, que el día 5 solo quedaba uno hospitalizado", afirma el testigo.

"Personalmente no viví ningún episodio de violencia o acoso. Lo he visto en las redes sociales", relata Millo. Sobre la pintada de 'Millo muerte', señala que fue en Girona y que fue su hija a limpiarla.

Acaba el abogado de Forn y le toma el relevo el de Junqueras, Andreu Van del Eynde.

"¿El día 27 de octubre, las autoridades del supuesto nuevo Estado se dirigieron a usted para solicitarle credenciales?", pregunta Melero a Millo, en tono de broma. El exdelegado responde tajante: "No".

Millo sostiene que desde que empezó la concentración ante Unipost hasta que llegó a unidad de los Arro de los Mossos pasaron "horas".

"Yo mantuve contacto siempre con todos los miembros del Govern, era mi obligación", señala Millo.

"En la Junta de Seguridad, Trapero mantenía una posición matizada respecto de lo que decían los representantes políticos. No contradecía la posición del Govern, y al mismo tiempo nos daba a entender que el cuerpo que dirigía siempre había cumplido los mandatos judiciales y que ese día también lo haría. Se impuso la línea política a la judicial", continúa Millo, que destaca que todo lo que está en el acta pasó en la junta, pero que hubo cosas que pasaron que no están.

Considera que habrá que preguntar a los Mossos por qué no hubo detenciones el día 20 de septiembre ante la Conselleria de Economia.

Millo sostiene que no hicieron, como Delegación del Gobierno, ningún informe técnico. "Entendimos que era competencia de la Secretaría General de Seguridad", añade.

"A partir del 27 de septiembre hay la obligación de impedir el uso de espacios destinados a la realización del referéndum. Y lo más fácil era cerrar y precintar", explica Millo. Melero pregunta al exdelegado del Gobienro sobre una entrevista que realizó a EL PERIÓDICO, en las que aseguraba que era necesario hacer todo lo posible para impedir la confrontación con las fuerzas de seguridad. "Si los colegios eran cerrados facilitaban mucho el cumplimiento del mandato judicial. Al desaparecer esa restricción aumenta la dificultad. Eso no impide que si se hubiese cumplido el auto judicial al 100% no hubise habido ningún problema", señala

El tribunal ha cambiado los testimonios de hoy. Tras Millo declararán Juan Antonio Puigserver, Neus Munté y Diego Pérez de los Cobos. El resto de citados pasan al día 7.

Se retoma el juicio. Continúa el interrogatorio a Millo por parte del abogado de Forn.

Ciudadanos ha acusado al anterior Gobierno del PP de haber intentado un "pasteleo infame" con la Generalitat cuando ambas partes se reunieron en la Junta de Seguridad de septiembre del 2017 en Barcelona, poco antes de la fecha prevista para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Así han reaccionado en Twitter distintos cargos de la formación naranja a la declaración del exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto en el Tribunal Supremo en el marco del juicio del proceso independentista. Según Nieto, los representantes de la Generalitat mostraron en esa reunión su "convicción absoluta de sostener la celebración del 1-O" y no se mostraron abiertos a "ningún planteamiento alternativo", como el de votar "en plazas o lugares abiertos, de modo que se transformara en un hecho simbólico que no contradijera el mandamiento judicial referido a evitar la votación en colegios".

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, suspende el juicio 30 minutos.

El exdelegado del Gobierno también explica que ante grandes concentraciones, con miles de personas, los agentes tuvieron que replegarse, dando así cumplimiento también al mandato judicial. "Los agentes usaron de manera razonable la fuerza en una treintena de colegios", continúa. Admite que dio una cifra equivocada en una entrevista en agosto del 2018, cuando dijo que fueron 15 los colegios afectados.

"Hay que tener en cuenta la circunstancia que envolvió los hechos. En cuanto la policial judicial actuó dirigiéndose a los colegios para incautar el material electoral, esta actuación tenía que ser breve, pero lo que se encontraron en un número importantísimo de centros es que había un grupo de personas que formaron auténticas murallas que tenían como objetivo impedir esa actuación. Eso obligó a utilizar un tiempo mucho mayor de lo que estaba previsto", añade Millo.

"Sé que la Guardia Civil cerró unos 130 colegios. Los Mossos, según su información, cerraron unos 200", explica Millo, que se muestra convencido de que Policía y Guardia Civil cumplieron con el mandato judicial, lo hicieron profesionalmente y con proporcionalidad. Destaca que en los casos vistos ya ningún policía ha sido condenado.

Melero se detiene en la cifra de heridos durante el referéndum. Millo reitera que no recibió una comunicación oficial.

Turno para el abogado de Forn, Javier Melero.

"Hubo labores de investigación para evitar la organización del referéndum, hubo incautación de cartelería, sobres, papeletas, se actuó sobre el sistema informático, sobre el censo, y también se investigó el circuito de las urnas. Es evidente que las urnas no fueron localizadas", afirma el exdelegado del Gobierno.

Pregunta la acusación popular, representada por Vox.

Millo asegura que de manera "clara y explícita" se le transmitió preocupación por el clima creciente de violencia.

"En la publicidad que se dio a los actos relacionados con el referéndum, se apreciaba complicidad entre los CDR con la ANC y Òmnium Cultural", continúa Millo en el Supremo.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Girona ha admitido que la Generalitat se persone como acusación popular en la querella colectiva por las cargas del 1-O. La querella la presentaron conjuntamente los ayuntamientos de Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva (Gironès) y se dirige contra los agentes que actuaron, sus mandos y los responsables políticos del operativo.

Acaba el interrogatorio del fiscal. Turno para la Abogacía del Estado.

Sobre el día 27 de octubre, cuando se proclamó la DUI, Millo explica que aquella mañana Puigdemont le mandó un mensaje preguntándole que si era cierto que si convocaba elecciones no se iba a aplicar el artículo 155. "Yo le contesté que una cosa no tiene que ver con la otra. La tramitación está en el Senado y depende de lo que se vote se aplicará o no". "Nadie en Catalunya pensó que la declaración de independencia era simbólica. La situación en aquel momento no hacía pensar a nadie que fuera una broma", añade.

"El 3 de octubre (día de la huelga general) hubo más de 80 carreteras y vías de tre cortadas en toda Catalunya. Había un intento claro de colapsar el territorio y se produjero situaciones de violencia", señala.

La Audiencia de Barcelona ha reabierto la investigación por las cargas policiales en la escuela Estel el 1-O.  Lo había archivado el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que lleva todas las pesquisas.

"Yo pedí disculpas a los que se encontraron con aquella situación desagradable, pero quien tenía que haber pedido disculpas era Puigdemont", añade.

Unos días más tarde, Millo se encontró con el entonces 'conseller' de Salut, Toni Comín, y le recriminó que no le hubiera facilitado la información. "Fue un encuentro tenso, él me dijo que era mentira".

"Durante la mañana del día 1, al principio hablaban de más de 45 personas que habían tenido que recibir atención médica. Liuego por la tarde fue creciendo y al final del día, la cifra era de 400 y al día siguiente ya eran 1.000. Las cifras fueron evolucionando. Yo por la mañana le pedí a mi gabinete que hablara con el departamento de Salut para tener información de afectación a personas y no recibimos respuesta", añade sobre los heridos entre los votantes.

"Visité a algunos de los policías heridos porque tenía curiosidad sobre cómo lo habían vivido. Oí testimonios desgarradores. Pude ver algún dedo roto, algúna pierna rota, vi un chaleco antibalas rajado... Me contaron que algunos cayeron en la trampa del Fairy, que consistió en echar detergente a las puertas del colegio para que los agentes resbalaran", explica.

Millo destaca que durante el 1-O se difundieron en las redes sociales circularon imágenes de cargas policiales de otros días y de otros lugares del mundo. Admite que las cargas también procaron imágenes desagradables. Y subraya que también hubo personas que agredieron a los policías, golpeándolos en la cabeza y tirándoles vallas.

Explica que mantuvo dos conversaciones con el 'conseller' Forn. En la primera, estaba muy preocupado y le dijo que no se podía seguir así y que había que pararlo. "Yo le contesté que era muy fácil, desconvocando el referéndum. Vosotros estáis provocando esta situación, no soy yo quien tiene que tomar cartas en el asunto". Hacia el mediodía tuvieron otra conversación, ya de un tono más subido, en la que le exigió parar la actuación policial. "Yo le expresé mi opinión, que estaban poniendo en riesgo la integridad de las personas poniendo a la gente ante la Policía y la Guardia Civil y que lo que tenía que hacer el presidente era desconvocar", añade.

"Es evidente que los Mossos no cumplieron el mandato judicial de impedir el referéndum", contesta Millo.

El exdelegado del Gobierno destaca que mientras en algunos colegios la comitiva judicial pudo requisar las urnas y el material electoral, en otros se encontraron con personas que buscaban "impedir" la entrada de los agentes y algunos casos, de manera violenta.

Millo califica a Puigdemont de "irresponsable" por aplaudir en una declaración institucional el 1-O a las personas que estaban "defendiendo las urnas y el material electoral", haciendo un llamamiento a mantener las movilizaciones. "A partir de ese momento se incrementó notablemente el número de personas en los colegios para ese cometido, para formar masas, murallas de personas dispuestas a enfrentarse y oponerse, en algunos casos violentamente, a la policía judicial".

Millo señala que en una posterior comparecencia, a mediodía, expresó su disconformidad con lo que estaba pasando y pidió a Puigdemont que desconvocara el referéndum para evitar poner en riesgo a más personas.

"La información que me llegó es que con carácter muy general los centros estaban abiertos y que estaban llenos de personas desde su apertura. A partir de ese momento, me informaron de que la Policía y la Guardia Civil se iba a desplazar para dar cumplimiento del mandato judicial", recuerda. "En una comparecencia a las 9 y poco de la mañana expliqué que el objetivo de la actuación policial era requisar el material electoral, no las personas, y pedí colaboración".

Millo recuerda que el 1-O siguió muy de cerca los acontecimientos desde su despacho en la Delegación del Gobierno, junto al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el coordinador de la operación policial, Diego Pérez de los Cobos.

"El clima de crispación hacía prever que el 1-O podía haber riesgo para la integridad física de las personas si no se atendía el mandato judicial", prosigue.

"Por parte de los miembros del Govern la posición era muy clara: que no iban a dar marcha atrás. Por parte del mayor Trapero, daba a entender que su obligación era dar cumplimiento al mandato judicial pero no se nos explicó cómo. Yo le pedí al presidente de la Generalitat que atendiendo a lo que estábamos viviendo con situaciones de crispación y preocupación, que desconvocara el referéndum y la respuesta fue que él ya tenía muy claro lo que tenía que hacer", subraya el exdirigente del PP.

Sobre la junta de seguridad previa al 1-O, Millo sostiene que fue "un auténtico esperpento", un "despropósito". "Se nos sentó el Govern de la Generalitat para decirnos que el 1-O iba a haber un referéndum y que a ver cómo lo hacíamos con total normalidad, cuando sobre la mesa teníamos una interlocutoria que nos ordenaba que se impidera el referéndum", recuerda. "Había una línea política compartida entre el mayor de los Mossos y el Govern de la Generalitat", asegura. "La reunión fue tensa, hubo reproches, duró más de dos horas y media y evidentemente la posición del presidente de la Generalitat sobre el auto judicial era muy clara: nos dijo que lo más importante era atenerse a lo que decía el auto de que el día 1-O había que garantizar la normal convivencia cívica de Catalunya", continúa.

El exdelegado del Gobierno afirma que los Mossos no cerraron ningún centro antes del 1-O. "De hecho, pudimos ver en los medios una campaña supuestamente espontánea a ocupar los espacios que iban a ser destinados al referéndum ilegal. Había mucha diversidad en la convocatoria, asociaciones de padres, vecinos, mienbors de los CDR, se organizaban actividades de carácter lúdico, cultural, deportivo, la imaginación al poder, con el objetivo de ocupar esos espacios durante el fin de semana o durante la noche, una campaña pensada casualmente en todo el territorio de Catalunya para mantener esos centros abiertos".

"La interlocutoria del TSJC dejaba claro que el referéndum ilegal no se podía celebrar y ordenaba que se impidiese el uso de los centros. Y que si había algún centro abierto el 1-O, que se cerrase y se decomisase el material", recuerda Millo. "A partir del 27 de septiembre, los tres cuerpos están obligados a cumplir con el mandato judicial coordinados por el coordinador designado por Interior", añade.

Millo no cree que hubiese acciones de los Mossos antes del referéndum para impedir su celebración, como les ordenó el fiscal jefe del TSJC.

"No recuerdo que el señor Forn me llamase en ningún momento el 20-S, a pesar de que muchas de las concentraciones acabaron con destrozos violentos", afirma.

"No podemos negar que el independentismo es violento. Algunos no lo son, pero violentos hay", añade.

"No es ningún secreto que las entidades convocaban los actos de protesta. La capacidad de movilización era extraordinaria. A través de las redes sociales y de grupos de Whatsapp. Ahí se veían las convocatorias, las movilizaciones, las consignas. Es sorprendente la capacidad de movilización. Los Comitès de Defensa del Referéndum, que luego mutaron a Comitès de Defensa de la República, aparecieron entonces, aparentemente son células autónomas e independientes, pero un estudio detallado de su funcionamiento permite deducir que detrás hay una estructura y organización y que de espontáneo tiene poco".

"Había grupos que se manifestaban pacíficamente, pero había grupos que lo hacían de forma violenta. Pintar en una pared 'Millo muerte' no sé si es muy pacífico. Amenazar a guardias civiles, señalarles públicamente como personas que atacan a las institucioens catalanes, de pacífico tiene poco", recalca.

"Prácticamente en todas las diligencias judiciales o del fiscal se concentraba gente, conté unas 100 o 150 acciones, cercos, arrojo de objetos, incluso objetos incendiarios, acoso a las comitivas judiciales, a hoteles en los que había policías hospedados, en las subdelegaciones del Gobierno, a la propia Delegación del Gobierno. A partir del día 10 de septiembre, allí donde había una diligencia aparecía un grupo de personas para acosar, gritar, amenazar, agredir vehículos, con el objetivo de impedir la acutación de esas comisiones judiciales. Y el 20 de septiembre, fue muy preocupante porque la masa de personas y los lemas que escucjhábamos de que no saldrán hastan que queramos, defenderemos nuestras instituciones... era el mundo al revés...", señala el exdelgado del Gobierno en Catalunya. "Esto generó un clima de conflictividad en la calle y de incertidumbre porque se ponía en peligro el mantenimiento del orden constitucional en Catalunya", añade.

"Después del 6 y 7 de septiembre se generó un clima de mucha incertidumbre, con muchos actos de  hostigamiento hasta que se aplicó el 155 y volvió el orden", añade.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha considerado este martes que es una "anomalía del sistema" que Vox sea acusación popular en el juicio al proceso soberanista en Catalunya. En una entrevista en RAC-1, ha dicho que es una figura que debe ser "reformulada de una forma clara y en profundidad" para evitar que quien la ejerza pueda instrumentalizarla y extralimitarse en sus funciones. Ha llamado a legislar sobre ello "con carácter urgente" y se ha mostrado dispuesto a hacerlo en la próxima legislatura, ya que la acusación popular mal ejercida puede perturbar la democracia y el Estado de derecho, ha alertado.

"Era evidente que no iba a haber nunca una doble legalidad, pero este era el objetivo político" de las leyes de transitoriedad jurídica.

Millo señala que envió una carta a todos los alcaldes para avisar de que no podían ceder locales ni colaborar con el referéndum. También envió misivas a los directores de centros educativos, y a responsables de entidades. "Hice un esfuerzo de información para que tomaran conciencia de qué es lo que no debían hacer y cuál debía ser su comportamiento", apunta.

"Cuando Forn fue nombrado 'conseller' pedí un encuentro. Fue una reunión importante porque yo le hice tres preguntas y él me las contestó. La primera, cuál era su opinión sobre la relación entre los Mossos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me dijo que pensaba que tenía que ser de colaboración, lealtad y respeto. La segunda pregunta fue saber cuál era su intención en relación a los acuerdos que habíamos tomado en la junta de seguridad celebrada hacía pocos días y en la que no había estado él. Me dijo que sí, porque la junta la presidió Puigdemont. Y la tercera pregunta fue la que me dejó estupefacto: ¿cuál es tu opinión sobre lo que va a pasar el 1 de octubre? Él me contestó con una frase: "Ese día nosotros vamos a garantizar que la jornada electoral se desarrolle con total normalidad". Yo me quedé sorprendido, no entiendo de qué jornada electoral me hablas, le dije. Yo le manifesté un punto de desacuerdo porque en mi opinión no iba a haber ninguna jornada electoral", señala Millo.

Millo explica que la crisis del Govern en el verano anterior del 1-O le provocó "preocupación". Según señala, el hasta entonces 'conseller' de Interior, Jordi Jané, siempre se mostró partidario de cumplir la ley.

Junqueras también le dijo que él era independentista, que lo había sido siempre y que no tenía que demostrar nada, pero que había otros en el Govern que no habían sido independentistas siempre y que ahora "tenían que hacer un esfuerzo más grande para demostrarlo".

Millo relata una reunión con Junqueras, privada también, en la que le dijo que comprendía que esto provocaba una situación complicada, que no era partidario de que esto fuera tan deprisa, pero que estaba comprometido con el Govern en que el referéndum tirara adelante. "Mi capacidad de persuasión tiene límites y cuando alguien está dispuesto a incumplir con el marco legal vigente, no pude hacer nada más".

El exdelegado explica que dos días antes del referéndum se vio con Puigdemont y le dijo: "Yo ya no puedo dar marcha atrás, estoy comprometido con esto, incluso me dijo: yo voy a convocar el referéndum y luego seguimos hablando", explica Millo, que rechazó la opción de seguir hablando si Puigdemont llegaba a un punto de no retorno.

Millo señala que mantuvo luego otras dos reuniones con Puigdemont en privado por deseo de este, en las que le transmitió que no podía incumplir la ley. "Su posición siempre fue la misma. No había ningún tema que le interesara hablar si no era conseguir el beneplácito para poder llevar a cabo en Catalunya un referéndum de independencia", afirma, antes de destacar que él siempre le recordó que aquello no podía realizarse. "Ahí no hubo ninguna posiblidad de negociar nada, sí hubo posibilidad de hablar, pero no hubo nunca en la silla de enfrente, no había respuesta a nada que no fuera permitir un acto ilegal", insiste.

"La relación recíproca fue muy buena y únicamente se complicó con el 'procés'", señala Millo. Recuerda que su primera reunión con Puigdemont fue larga, de unas dos horas. "Me manifestó de una manera muy clara que su intención, aunque luego no fue así, era buscar una solución que evitara el conflicto con el Estado", explica.

Empieza preguntando el fiscal Javier Zaragoza.

Empieza el juicio en el Tribunal Supremo con la declaración de Enric Millo.

Ni @marianorajoy ni @sorayasds han pogut provar cap dels delictes contra els #presospolítics. Si segons la llei espanyola convocar un referèndum d’independència no és delicte, per què se'ls està jutjant? https://t.co/XrAQ6WNRU5 #judicialademocràcia#FreeTothom �� pic.twitter.com/C1Ug6wBV0D

— Carles Puigdemont (@KRLS) March 5, 2019

En la sesión de ayer del juicio, la violencia tuvo un protagonismo especial. El número dos de Juan Ignacio Zoido justificó el uso de la fuerza policial del 1-O en la oposición de los CDR y la inactividad de los Mossos. Por su parte, el actual presidente del Parlament, Roger Torrent, se quedó solo en su defensa de Carme Forcadell frente al exletrado de la Cámara, el secretario general, así como dos miembros de la Mesa.

Buenos días. Retomamos la narración del juicio por el 1-O y todas sus repercusiones.

 Además de los 8 testigos que Marchena ha leído por orden de comparecencia, falta Emilio Quevedo, comisario genral de Planificación de los Mossos y la comisaria Cristina Manresa, quien finalmente no decalrará porque han renunciado a ella.

Hasta aquí el juicio por hoy. Mañana se retomará el interrogatorio a las 9.30h con el señor Millo, Puigcerver, Munté, Pérez de los Cobos y Trapote por este orden. 

"El día 10 de octubre, Puigdemont intervino en el Parlament para debatir la situación política del momento. Es una prerrogativa del president. No se votó nada, solo se debatió", ha dicho. 

"Hubo un miembro de la mesa que comentó que solo se votaría la parte dispositiva y que, por tanto, no tendría efectos jurídicos", ha dicho. 

"Las reconsideraciones presentadas los días 6 y 7 se podían agrupar en temas", ha dicho. 

"Ciutadans presentó enmiendas a las leyes, igual que PSC y PP, fueron a la totalidad", ha dicho. 

"No recuerdo ninguna admisión a trámite tras una recomendación de que no se hiciera por parte de los letrados", ha dicho. 

"El orden del día de la Mesa lo elaboran los servicios administrativos del Parlament con los asuntos pendientes de tramitación", ha dihco. "Es bastante automático", ha dicho. 

"El DOC no depende del secretario general del parlamento, pero no envié el texto que se aprobó al DOC para su publicación", ha asegurado. 

"En las interlocutorias no se advirtió con precisión que la mesa podía no tramitar una resolución", ha asegurado. 

"En algunos casos, advertimos mediante nota escrita y en otras verbalmente en el transcurso de las reuniones de la mesa del Parlament", ha dicho. 

Xavier Muro pide que no se difundan imágenes de su comparecencia. La cámara no le enfocará durante el interrogatorio. 

Hasta aquí la decalración de Antoni Bayona. Es el turno ahora de Xavier Muro, secretario general del Parlament. 

"En el año 2011 hubo una proposición de ley para decalrar la independencia de Catalunya y no había dictada nunguna medida del TC", ha dicho. 

"Hubo un amplio consenso entre los grupos parlamentarios en la creación de una comisión de estudio del Procés Constituent", ha dicho. 

"Los informes no son vinculantes, ni preceptivos", ha dicho. 

"Forcadell invitó a la Mesa a miembros de otros partidos que no tenían representanción. tenían voz pero no voto", ha dicho. 

"La Mesa es un órgano colegiado que toma las decisiones por mayoría", ha dicho. "La presidencia tiene voto de calidad en empates, pero en esta legislatura no recuerdo que se produjera un empate", ha dicho. 

"Había el derecho de no admitir y no tramitar y creíamos que había que alertar de las consecuencias de según qué decisiones", ha dicho. 

"En la parte final del desarrollo del procés, muchos grupos parlamentarios solicitaban informes jurídicos", ha dicho. 

"La presidenta de la Mesa es quién decide si se solicita un informe a los letrados" ha dicho. 

"Los servicios jurídicos hicimos un informe el 6 de septriembre advirtiendo de las responsabilidades penales que podían incurrir los miembros de la Mesa", ha dicho. 

"Los servicios jurídicos empezamos a advertir a los miembros de la Mesa del deber de acatar la paralización de nuevas iniciativas contrarias a la Constitución", ha dicho. 

"Los servicios jurídicos conocíamos las consideraciones del TC", ha dicho. "Cuando el TC comenzó a aplicar las medidas de ejecución, ya empezamos a advertir a los miembros de la mesa de que paralizaran segun qué iniciativas", ha dicho. 

"El servicio jurídico del parlament tiene unos 10 letrados", ha dicho. "El jefe de estos servicios jurídicos no es el letrado mayor (cargo que el ocupaba) sino el letrado general", ha añadido. 

Termina la declaración de David Pérez. Es el turno ahora de Antonio Bayona, el exletrado mayor del Parlament. 

"Sí que se hicieron enmiendas parciales a la supresión de todo el texto porque no estaban permitidas las enmiendas a la totalidad con la ley del referéndum", ha dicho. 

"No hubo nunca ningún empate en esa legislatura. La presidenta tenía voto de calidad pero no se usó", ha dihco. 

"El Parlament preve la lectura única pero en esta ley, el uso hubiera sido excepcional, por eso mi grupo se opuso", ha dicho. 

"El trámite de enmiendas a la ley del referéndum se admitió, pero no enmiendas a la totalidad", ha dicho.  

"No hay estipulado un tiempo para la convocatoria de la mesa", ha dicho. 

Interroga ahora la abogacía del Estado. "Normalmente las mesas se convocan el viernes y se celebran el martes", ha dicho. 

"Roger Torrent fue quien pidió que se leyera la parte dispositiva", ha dicho. 

"En el pleno se dio trámite a las propuestas y se votó", ha dicho. "No recuerdo, pero creo que se pidió el voto en secreto sin los diputados socialistas", ha dicho. 

"El TC nos dió la razón al recurso que presentamos sobre la comparecencia de Puigdemont", ha dicho. 

"En el pleno del día 6 se admitió también la Sindicatura Electoral. Advertimos de la anomalía de esta manera de proceder", ha dicho. 

"Pedimos un informe del Consejo de Garantías y la mayoría de la mesa lo consideró innecesario el día de la ley del referéndum", ha dicho. 

"Nos considerábamos advertidos y por ello cada vez que votamos que no emitimos una explicación de voto", ha dicho. 

"Advertimos en el momento que entraron los presupuestos de que podía existir esa partida y que por ello había que cuimplir los requerimientos del TC", ha dicho. 

"En 5 ocasiones se denegaron los informes que solicitamos", ha asegurado.

"En todas las reuniones de la Mesa planteábamos los requerimientos del TC y lo comentábamos con el resto de miembros", ha dicho. "Cada miembro de la mesa hacía lo que buenamente creía correcto", ha asegurado. 

"Estábamos advertidos de que podíamos incurrir en un delito penal", ha dicho. 

"Tenemos la obligación de inadmitir a trámite todas las propuestas que contradigan el ordenamiento constitucional", ha dicho. "Yo voté en contra al trámite de admisión por ello", ha dicho. 

"Se admiten a trámite los documentos que se ajusten al reglamento del Parlament, a las cuestiones formales y de fondo", ha dicho. 

David Pérez Ibañez, secretario segundo del parlament y diputado del PSC. 

Termina el interrogatorio a José María Espejo-Saavedra. 

"Cuando vimos la deriva independentista del Diplocat, muchos grupos parlamentarios dejamos de asistir a las reuniones previstas", ha dicho. 

"No recuerdo como se nombraron los miembros de la sindicatura electoral, pero seguro que por una vía irregular", ha dicho. 

"No hubo un periodo de enmiendas normal, normalmente se dan días esta vez se dieron horas", ha dicho. 

"No presentamos enmiendas, sí reconsideraciones", ha dicho. 

"Nadie criticó el procedimeinto de lectura única, sino la finalidad con la que se quería aplicar", ha dicho. 

"Se usó el mecanismo para un fraude de ley, no de forma legítima como así han hecho otros grupos. La finalidad para la que no está autorizada es eludir un mandato del TC u otra institución", ha dicho. 

"Que sea congruente no es el único requisito para su admisibilidad, sobre todo cuando hay un deber", ha dicho. 

"Los informes de los letrados del parlament no son ni vinculanteas ni preceptivos, pero sí aconsejables", ha dicho. 

"La Mesa ordinaria se celebra los martes", ha dicho. "Estaban invitados a las reuniones de la mesa los grupos sin representación. No eran miembros de permanencia, pero estaban invitados", ha dicho. 

La defensa de Forcadell pregutna ahora a Espejo-Saavedra. "No recuerdo que la presidenta tuviera que usar el voto de calidad", ha dicho. 

"Todo el mundo esperaba cuando se iba a apretar el botón para poner todo el dispositivo en marcha", ha dicho. 

"El informe del Consejo de Garantías es preceptivo en los trámites de normas con fuerza de ley si lo solicitan los legitimados", ha dicho. "No es vinculante pero, sí preceptivo", ha dicho. 

"En un solo día se admitió, se calificó, se votó y se aprobó", ha zanjado. 

"Advertimos claramente y en público de que aquello era una violación de los derechos de los diputados porque se accedió a someter a votación el cambio del orden del día", ha dicho. 

"El secretario general del Parlament pidió a funcionarios que no se publicara la iniciativa de ley del referéndum, pero se publicó en el boletín digital", ha dicho. 

"Todos los miembros de la Mesa estábamos advertidos por el TC para tener una determianda actitud con las iniciativas de desarrollo del plan del procés", ha dicho. 

"Lo normal es que cualquier escrito que entre nuevo al Parlamento se trate en la siguiente sesión parlamentaria", ha dicho. 

"La convocatoria de la Mesa es responsabilidad del presidente del Parlament igual que la orden del día", ha dicho. 

"Uno de los portavoces del entonces Junts Pel Sí pidió que se votara en Secreto, fue Roger Torrent", ha dicho. 

"Se hacían encuentros con diputados de otros parlamentos en el Parlament. Los organizaba el DiploCat. Al prinicpio se invitaba también a los grupos parlamentarios, pero los no independentistas dejaron de ir porque consideraban que era un blanqueamiento", ha dicho. 

"Advertí a Forcadell y a los demás miembros de la mesa. Pero es que era evidente. Las advertencias venían de meses atrás", ha dicho. 

"El procedimiento de lectura única fue impugnado por el TC y suspendido. Por eso el cambio del orden del día se hizo de una manera sorprendente", ha dicho. 

"La ley del referéndum fue suspendida al día siguiente", ha dicho. 

"En el pleno del 6 de septiembre se introdujo una propuesta de ley en la orden del día de manera irregular, bajo mi punto de vista", ha añadido. 

"Existía un plan o la intención de aprobar todas estas leyes que desembocaban en el referéndum, pero había muchos obstáculos desde el punto de vista parlamentario y constitucional", ha dicho. 

"La Ley de referéndum se aprobó en un pleno que probablemente sea el más ajetreado del parlament", ha dicho. 

"Quienes nos oponíamos lo hicimos con insistencia porque se estaba admitiendo a trámite iniciativas que estaban en frontal oposición con lo ordenado por el TC y de las cuales los letrados del Parlament habían advertido", ha dicho. 

"Mis advertencias fueron escuchadas pero no atendidas", ha dicho. 

"En todas y cada una de las reuniones de la mesa en las que se calificaban iniciativas parlamentarias que desarrollaran la resolución de inicio del proceso constituyente, anulada por el TC, sesiones advertí y pedí que constara en acta, que no se podía admitir porque habíamos sido advertido por el Tribunal Constitucional", afirma el diputado de Ciudadanos. 

"Los servicios jurídicos del Parlamet no opinaron en algunos casos porque la mayoría de miembros de la Mesa se opuso a un informe jurídico del tema", ha dicho. 

"Los debates eran intensos cuando miembros de la mesa querían admitir la propuesta y otros no", ha asegurado. 

"El orden del día de las sesiones se fija según dispone el reglamento, por el presidente del parlamento de acuerdo con el conjunto de portavoces", ha dicho. "En todas y cada una de las reuniones de la Mesa en als que se calificaban iniciativas parlamentarias que supusieran un desarrollo de la resolución 1/11 yo advertí y dejé claro que aquello no se podía admitir porque habíamos sido advertidos por el TC", ha asegurado. 

"Se nos avisó de que había que inadmitir las resoluciones si desatendían los requerimientos del TC", ha dicho. 

"La mayoría de inadmisiones responden a criterios de forma", ha dicho. 

"Hay algunas que se inadmiten. Esta misma legislatura se han inadmitido algunas. Luego existen procedimientos administrativos para cuestionar las decisiones de la Mesa", ha dicho. 

"Cuando hay una iniciativa sobre la Mesa hay que decidir qué tipo de iniciativa es y entonces admitirla o no de conformidad con el reglamento", ha dicho. "A veces se inadmiten algunas", ha añadido.