"Es preocupante que la justicia española fiscalice los derechos de los ciudadanos"

El reciente episodio relacionado con el intento de cierre de Telegram, ordenado por el juez Santiago Pedraz, no es más que otro ejemplo del cuestionable desempeño de la justicia española a nivel internacional. Esta semana se ha conocido la suspensión de la orden de bloqueo, emitida originalmente el 22 de marzo, debido a las demandas presentadas principalmente por grupos como Mediaset, Atresmedia y Movistar, alegando el alojamiento de contenido protegido por derechos de autor sin su consentimiento.

Es evidente que la orden de bloqueo adolecía de inconsistencias jurídicas en cuanto a los derechos fundamentales afectados, como la libertad de información y expresión, entre otros. Además, la viabilidad práctica del bloqueo era altamente cuestionable desde el principio.

De haberse producido un bloqueo de Telegram, España se hubiera sumado a la lista de otros países "ampliamente garantistas" como China, Irán, Pakistán, Cuba o Tailandia, que tienen vetado completamente su servicio, así como a otros que en su día intentaron bloquearlo, como Rusia, Brasil o Indonesia.

No han sido pocos los memes en internet en los que una solitaria puerta o una verja cerrada en medio de la nada representaba la acción del juez de la Audiencia Nacional, puesto que la mera utilización de una VPN o un servicio proxy habría permitido a un usuario nacional evadir el bloqueo. Y es que en la era digital, lo preocupante ya no es que tres gigantes de la comunicación pretendan dictar los canales de información a los que el usuario pueda o no tener acceso, sino que una justicia incapaz de conocer lo que dicta así como de sus repercusiones reales fiscalice los derechos de los ciudadanos en el Estado.