Carta de un lector: "Tres años sin luz en la Cañada Real"

Isabel Díaz Ayuso mantiene que los problemas de la Cañada Real Galiana son de seguridad y orden público. La presidenta no se puede explicar cómo entre la suciedad y la miseria imperantes en la zona aparecen aparcados automóviles de alta cilindrada, propios de otros lares más prósperos y ordenados de la capital. Propuso que, antes de cualquier intervención administrativa para resolver la calamidad de las personas afectadas por los cortes de energía desde octubre de 2020 habría que limpiar la zona de actividades ilegales (y muy lucrativas). Añadió que esa limpieza contra el delito debía hacerla la Delegación del Gobierno, hasta entonces que no contasen con ella, y en esa estamos casi tres años después.

Un rancio sofisma liberal, del que es devota creyente Díaz, impone que antes de aplicar la justicia necesaria restableciendo el suministro de electricidad hay que conseguir el orden mínimo imprescindible, asegurándose de que allí no quedan nada más que pobres de solemnidad. Y no esos otros que quieren dejar de serlo a toda costa, saltándose la ley del mercado al competir con la ventaja de los “enganches ilegales” a la red eléctrica en actividades indeseables y/o sancionadas en el Código Penal.

Olvida la ínclita presidenta que la responsabilidad penal debe atribuirse a personas concretas, y nunca a la totalidad del grupo afectado. Ayuso, prefiere la injusticia al desorden, como si la injusticia no fuera el mayor de los desórdenes posibles.

Observado el problema desde cualquier perspectiva internacional (ONU, 2020; UE y Consejo de Europa, 2022) el asunto salpica al Gobierno central, como era de esperar. Que, sin embargo, mantiene su dejación de funciones y el apagón informativo, creyendo que intervenir allí les quitaría votos y, a lo peor, también financiadores en el Madrid inmobiliario (Los Berrocales, 22.000 viviendas, Los Ahijones 18.000).