Funcionarios, abandonados y usados como arma arrojadiza

Las patronales CEOE y Cepyme proponen subidas salariales, para 2017, entre el 1% y el 2,5%. UGT y CCOO piden entre el 1,8% y el 3%.  Aunque todavía no hay acuerdo social, no va a ser difícil conseguirlo, pues parece que la política económica más adecuada para nuestro país pasa por articular un reparto de rentas que consolide los aumentos salariales en las empresas lo más cerca posible de la inflación prevista, impidiendo que la capacidad adquisitiva de los trabajadores se deteriore todavía más que en los últimos 9 años. Podemos llamarlo ‘esperanza salarial’ como hacen algunos o, simplemente, ‘cuidados paliativos’ imprescindibles para conjurar los riesgos que corre el sistema económico por la reducción alarmante del consumo interno y familiar.

En cualquiera de los casos de ambas propuestas estamos excluidos los trabajadores de lo público, que hemos perdido, desde 2010, más de 10 puntos porcentuales de poder adquisitivo, y que hemos de conformarnos con una subida del 1%, fijado por la Ley de Presupuestos, sin que quepa negociación sindical de ningún tipo, utilizando además nuestra situación de especial dependencia como arma arrojadiza del Gobierno contra la oposición, pues esta subida salarial está directamente condicionada a que tales presupuestos se aprueben en el Congreso. Todos conformes, el Estado reducido al mínimo.