La reforma de la reforma laboral

La reforma del mercado laboral del 2012 se hizo sin diálogo social. Todavía estaban negociando los agentes sociales cuando el Ejecutivo decidió intervenir mediante decreto ley. Y todo dada la urgencia de la situación económica y la demanda inapelable de los ínclitos mercados por flexibilizar los despidos y abaratar los costes salariales. Fue una medida "extremadamente agresiva" (Luis de Guindos 'dixit').

El Parlamento ejerció la soberanía de la que es depositario y la reguló cuando se tramitó como proyecto de ley. CiU, partido precursor de Quim Torra y de su independentismo ultramontano, la apoyó. Y entonces parecía que estaba bien, eran representantes de la soberanía popular, como Bildu hoy. Ahora la reforma de aquella reforma no puede hacerse con la misma técnica legislativa. Ahora se pretende recortar las prebendas de la patronal, así que hay que ser más exquisitos. Se necesita más clase. 

El poder legislativo es, al parecer, menos soberano, se limitará a sancionar lo que se acuerde en el diálogo social, con unos sindicatos poco representativos y sumidos en una absoluta incapacidad reivindicativa, como demostró la huelga general convocada entonces contra aquella reforma, que se mantuvo y ha pervivido más de ocho años, para pasar del 26% al 13% de tasa de desempleo a costa de precarizar el mercado laboral y los salarios, lo que no permite superar la pobreza.