Tercera setmana del judici al procés

"De los 2239 centros de votación, las fuerzas del Estado cerraron 113 centros", ha asegurado, un 5% de eficacia según señala el abogado. "?¿Qué hubiera suciedido si no se hubiese alentado ni faiclitado que se celebrara el referéndum ilegal?", se ha preguntado. 

"Si hubiera habido los 12.000 Mossos que hay cuando hay elecciones con el apoyo de los 6.000 agentes del Esatdo hubiera pasado otra cosa", ha dicho. 

"El secretario de Estado me dijo que no se habían cumplido las previsiones a las que se habían comprometido los Mossos", ha asegurado. 

"La instrucción se cumplió el día 1-O", ha dicho. "En algunos colegios, Policía Nacional y Guardia Civil tuvieron que retirarse porque se les impedía trabajar", ha dicho. "El 1-O no se vieron unidades de intervención de los Mossos", ha asegurado. 

"Tan solo en los supuestos de ineficiencia, ineficacia o imposibilidad debían actuar con independencia", ha dicho. 

"No se previno una actuación autónoma de las fuerzas del Estado al margen de los Mossos. Siempre eran un auxilio", ha dicho. "En un momento se cambió. El 1-O había una instrucción de la secretaría de Estado del 29-S en la cual se decía que en apoyo a los Mossos y en caso de ser insuficientes podrían actuar con independencia (de los Mossos)", ha dicho. 

"Los trabajos que hicieron en al secretaría de Estado preveían unas 6.000 personas entre Guardia Civil y Policía", ha asegurado. "Debían mantener la vigencia de la Constitución y la soberanía nacional", ha dicho. 

"La determinación de enviar contingentes policiales surgió por parte de la secretaría de Estado el día 12. La seguridad ciudadana le corresponde a los Mossos, pero la presencia de la Policía y la Guardia Civil hasta entonces es menor que en el resto de España. Cuando fue avanzando el tiempo y más cerca del 1-O, a raíz de los hechos del 20-S no solo en la consejería de economía sino a consecuencia de los registros y las manifestaciones, el 22 se interpuso una querella en la Audiencia Nacional. Ahí es cuando empezamos a concretar un poco el tema. Entonces avisé al conceller que dadas las circunstancias ibamos a reforzar la presencia de policía para auxiliar a los Mossos", ha asegurado. 

"La Fiscalía superior y el ministerio de Interior empezaron a relacionarse a raíz de la suspención de la ley de referéndum. En la priemra instrucción se habló de al neecsidad de que los cuerpos de seguridad adoptaran las medidas neecsarias apra que no se diera el referéndum", ha asegurado. 

"Lo de exceso no lo comparto, fue una actuación proporcioanda dado loq ue ocurrió ese día", ha asegurado en cuanto a la actuación policial. 

Empieza respondiendo al sr. Melero, el abogado de Joaquim Forn. 

Empieza la declaración de Juan Ignacio Zoido.

El Tribunal Constitucional ha desestimado por unanimidad los recursos de amparo de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart contra la decisión de la Audiencia Nacional que acordó su ingreso en prisión provisional en octubre del 2017. También se rechaza por prematura su apelación al juez predeterminado por la ley.

La CUP ha recaudado en menos de 24 horas unos 25.000 euros para sufragar la multa a los exdiputados Antonio Baños y Eulàlia Reguant por su negativa a responder a las preguntas de Vox en el juicio del ‘procés’ cuando ambos habían sido citados expresamente por esta acusación particular, informa Júlia Regué.

Cuatro eurodiputados de Los Verdes y Regionalistas, Izquierda Unitaria Europea y Conservadores Reformistas de origen francés y belga han cuestionado este jueves frente a las puertas del Tribunal Supremo su legitimidad para juzgar a los líderes del proceso independentista en Catalunya y la vigencia de la propia Constitución española. En declaraciones a los medios, José Bové, eurodiputado francés de Los Verdes y Regionalistas y miembro de Alianza UE-Catalunya, ha afirmado tras asistir a una parte de la sesión de la mañana que es un juicio "solo para condenar" y "se hace a partir de la Constitución de 1978", que pone en duda. "Esa constitución hoy está completamente superada, se hizo para que no cambie nada en España", ha asegurado este sindicalista francés.

La última en declarar esta mañana en el Supremo ha sido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ha destacado que el 20 de septiembre "había una sensación de estado de excepción". Lea aquí la crónica sobre su testimonio.

Tras Urkullu ha declarado el diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que no ha podido evitar desobedecer al juez y ha hecho valoraciones sobre lo que ocurrió en Catalunya en septiembre y octubre del 2017. Esta es la crónica de su testimonio, hoy, en el Supremo.

Lea la crónica de Ángeles Vázquez y Jesús G. Albalat sobre la declaración de Iñigo Urkullu como testigo en el juicio del Supremo. "Rajoy no era muy dado a aplicar el 155", ha señalado.

Se suspende la sesión hasta las 16 horas, cuando será el turno del exministro de Interior Juan Ignacio Zoido.

El abogado de Dolors Bassa pregunta a la alcaldesa si se sumó al "paro de país" del 3 de octubre. "Fue tan grave lo que ocurrió que nos sumamos todos", sostiene. "Era una protesta democrática para denunciar la violación de derechos fundamentales, no sobre la independencia", añade.

Colau explica que cuando empezaron las cargas policiales llamó al entonces delegado del Gobierno, Enric Millo, para exigirle que pararan las cargas. "El hecho era tan grave que como ayuntamiento ofrecimos atención psicológica y asesoramiento jurídico a las víctimas, y nos hemos personado en una causa abierta en Barcelona. Entendemos que había una instrucción política", añade.

Colau explica que con Jordi Cuixart ha mantenido muchas reuniones y destaca su carácter dialogante y pacífico. "Se me parte el alma de ver que el señor Cuixart y el resto de acusados estén en prisión preventiva. Si por el 1 de octubre estamos hoy aquí, deberíamos estar millones de personas en la cárcel".

"Es muy relevante destacar el tipo de movilización del 1-O, porque fue claramente inaudito, no fue de ningún partido político ni de institución. Hubo una movilización pacífica y determinada para defender derechos fundamentales y fue organizada por la gente. Estaba llena de ciudadanía autoorganizada", señala la alcaldesa, que aprovecha para recordar su pasado como militante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Ni fiscalía ni abogacía del Estado preguntan a la alcaldesa. Sí lo hace el abogado de Jordi Cuixart.

Colau destaca que en los últimos años se han producido muchas manifestaciones masivas en Barcelona. "Es sorprendente que no se haya producido ningún incidente que conozczamos, han sido movilizaciones pacíficas, cívicas y familiares", añade.

"El 1-O participé como ciudadana y alcaldesa. Visité la noche anterior la escuela en la que voy a votar normalmente y la escuela de mis hijos. El día siguiente hice cola para votar un buen rato, pero entonces empezaron a llegar noticias horribles de cargas policiales y frente a esa situación tuve que hacer llamadas porque la situación se volvió muy preocupante", relata Colau.

Colau señala que "había una situación de preocupación, pero pacífica y tranquila" frente a la Conselleria, según le refirieron los miembros del gobierno municipal que estuvieron presentes allí. Señala también que no hubieron daños al mobiliario público.

El abogado de Jordi Sànchez, Jordi Pina, pregunta a la alcaldesa sobre una rueda de prensa en la plaza de Sant Jaume aquel mismo 20 de septiembre. "Nos reunimos en el ayuntamiento, acogimos a muchas entidades de diferente signo, porque la alarma era muy amplia. Se convocó aquella rueda de prensa, pero con protagonismo de las entidades", explica. "A lo largo de ese día, en muchas circunstancias, ante la enorme preocupación hacíamos una llamada a la movilización pacífica y democrática porque pensábamos que las instituciones podían estar en peligro", añade.

Colau recuerda también que la policía intentó entrar en la sede de la CUP sin orden judicial. 

Colau explica que las funciones de orden público son de los Mossos, que la Guardia Urbana solo interviene para cortar calles e intervino para garantizar la seguridad vial aquel día.

Vox pregunta a Colau por un tuit que escribió el 20 de septiembre, en el que consideraba un "escándalo" el registro de la Conselleria de Economia. La alcaldesa recuerda que no estuvo allí físicamente, pero que sí miembros de su gobierno municipal se desplazaron al lugar de los hechos y le fueron explicando lo que ocurría. También hizo una declaración institucional: "Había una alarma social, había una sensación de estado de excepción. Estaban sucediendo muchas cosas, el día anterior policías entraron en medios de comunicación...", explica.

Colau responderá a Vox, pero transmite su "incomodidad profunda" por tener que contestar a una fuerza de extrema derecha.

Se reanuda el juicio con la declaración como testigo de Ada Colau, propuesta por Vox, y las defensas de Jordi Sànchez y Jordi Turull.

El líder del PP, Pablo Casado, ha negado el papel de mediador de Urkullu durante el mes de octubre del 2017. "No sé si actuó de interlocutor, per no como mediador", ha manifestado este jueves antes de visitar el MWC en Barcelona.  "No hubo mediadores, no hubo relatores", ha abundado. "Se vio a unos representantes públicos que fueron ponderados, pero firmes, e hicieron lo que les obligaba la ley, que es cumplirla y hacerla cumplir", ha zanjado.

Tras el receso, será el turno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Concluye Benach. El juez suspende la sesión hasta las 12.30 horas.

Marchena reconviene al fiscal por preguntar sobre una cuestión "impertinente".

El fiscal se detiene en una iniciativa legislativa popular para organizar un referéndum que se rechazó por parte de la Mesa cuando Benach era presidente. Aquella iniciativa se rechazó por defectos en su forma, explica el expresidente del Parlament. "Era un texto desastroso", recuerda, y no cumplía con la ley. Esta misma decisión se adoptó en otra ocasión durante su mandato y se rechazó igualmente porque no cumplía con la ley de iniciativas legislativas populares.

El fiscal Moreno pregunta a Benach. El expresidente del Parlament explica que lo que no admite la Mesa a trámite no entra en el pleno.

Benach explica que el Parlament no se puede negar nunca a una comparecencia del presidente de la Generalitat. En una sesión plenaria, si pide la palabra, se le tiene que dar siempre, añade.

"La función de la Mesa de calificar las propuestas de resolución es vigilar que la congruencia exista", explica Benach, tras lo cual destaca que se puede altera el orden del día de los plenos con total normalidad.

Benach está explicando el funcionamiento del Parlament.

Benach explica que la Mesa del Parlament es un órgano colegiado y las decisiones se toman normalmente por consenso

Se sienta en la sala el expresidente del Parlament Ernest Benach, testigo propuesto por la defensa de Carme Forcadell.

Fachin asegura que se pudieron presentar enmiendas en los plenos del 6 y 7 de septiembre del 2017, cuando se aprobaron las leyes de desconexión en el Parlament. Marchena rechaza que la abogada de Forcadell pregunte sobre cuestiones por las que el testigo no ha sido llamado a declarar. "Solo caben las repreguntas sobre lo que ha preguntado la parte que ha propuesto al testigo", afirma.

Pregunta ahora la abogada de Forcadell sobre un acto el día 21 de septiembre en el paseo de Lluís Companys. "Fui como ciudadano que estaba viendo lo que sucedió el día 20 valoramos que teníamos que ir allí a manifestar nuestro rechazo a lo que estaba ocurriendo en Catalunya. Primero reclamé que no estaba de acuerdo con las detenciones, la profunda preocupación por cuestiones que afectaban gravemente a la democracia, entre estas cuestiones contra la manipulación masiva a los medios de comunicación en manos de los bancos, e informé que el día 1 de octubre la gente hablaría, se expresaría y se manifestarían", recuerda.

El exdiputado de los 'comuns' responde a la fiscal Consuelo Madrigal que acudió a la concentración del día 20-S, pero desconoce si ya había una convocatoria de las entidades soberanistas. Dice que en algún momento vio que había periodistas encima de coches, y luego se dio cuenta de que eran de la Guardia Civil. "Creo que vi dos coches", afirma antes de destacar que desconoce si se lanzó un cono del interior de uno de ellos.

Fachin destaca que en el referéndum hubieron 300.000 votos en contra de la independencia. "Es importante tenerlo en cuenta. La policía pegó a gente contraria a la independencia", subraya.

"Fui allí porque consideraba que era un deber político más allá de si se era independentista o no. Las apelaciones constantes a la democracia, en las caras de la gente, se veía que no era una concentración independentista al uso sin bastante plural", explica Fachin. Recuerda que la gente se iba moviendo y que cuando estuvo cerca de la puerta, en varias ocasiones, entraba y salía gente de manera "bastante normal". "Yo soy fumador y fumaba al lado de los agentes de la Guardia Civil y le pregunté si le molestaba el humo, y me dijo que no", dice para explicar el tono del momento. "La única preocupación que percibí y que podía ser motivo de molestia fue que les molestara el humo de mi cigarro", insiste.

Fachin contesta a la defensa de Cuixart, que es la que ha pedido su testimonio. Explica que acudió a la concentración frente a la conselleria de Economía del 20 de septiembre del 2017. 

Concluye la declaración de Rufián. Turno ahora para el exdiputado de los 'comuns' Albano Dante Fachin.

El juez también reprende a la abogada de Carme Forcadell por intentar preguntar sobre hechos que afectan a la causa, pero no por hechos de los que fue testigo.

A preguntas de Vox, Rufián aprovecha para volver a acusar al partido de "xenófobo, fascista y machista" y les espeta que considera que es "una vergüenza" que estén en la causa.

"No tengo ni pajolera idea de lo que es la hoja de ruta", responde ahora Rufián. El juez Marchena reprende a la abogada del Estado porque considera que no tienen interés las preguntas que hace al diputado de ERC para la causa.

Pregunta la abogada del Estado. "Soy socio de la ANC, de la biblioteca de mi barrio y del videoclub. Sí, soy de ERC, si ve la tele lo sabrá", responde Rufián a las preguntas de si es socio de la ANC y si es de ERC.

"El 1-O vi un anhelo de la gente brutal por votar", continúa Rufián. "Nosotros entendíamos que nos enfrentamos a gente con enormes carencias democráticas, pero no contra salvajes", añade.

Niega ver violencia contra los coches de la Generalitat.

"Había mucha gente (delante de la conselleria)", continúa Rufián. Marchena vuelve a llamar al orden a Rufián y le pide que describa lo que le pregunta el abogado y no comente nada.

Rufián explica que intentó entrar en la sede de la conselleria y que se le negó, así como información de lo que estaba ocurriendo en su interior.

Empieza preguntando Andreu Van den Eynde sobre la concentración en la Conselleria de Economia del 20 de septiembre. "Entendíamos que no se estaba haciendo nada malo, que detenían de manera arbitraria a compañeros nuestros", afirma Rufián, que culpa al Gobierno de esta operación. El republicano explica que acudió a la concentración. "Me chirría que aquello fue una rebelión, porque yo fui a comer y a merendar y en una rebelión no se merienda", sostiene.

Rufián explica que contestará a Vox, porque se lo ha pedido la defensa de Junqueras, pero sostiene que "es una vergüenza que estén aquí". El juez Marchena lee la cartilla a Rufián antes incluso de que empiece a declarar.

Declara Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso, propuesto por la defensa de Oriol Junqueras.

Concluye la declaración de Iñigo Urkullu. Turno ahora para el diputado de ERC Gabriel Rufián.

Pregunta Vox. Javier Ortega Smith le interroga por el riesgo de aplicación del artículo 116, sobre el estado de excepción. Urkullu niega que Rajoy le trasladara algún comentario sobre este artículo.

El lendakari asegura que trasladó a Puigdemont la preocupación de Rajoy. 

Turno para la abogada del Estado. Urkullu explica que el 19 de junio abogó ante Puigdemont por la vía de la bilateralidad, "entendía, como a día de hoy, que es la pertinente". "El 'president' compartía la reflexión y en modo alguno tenía intención de proceder a la declaración unilateral de independencia y lo pude constatar en el pleno del día 10", relata.

El lendakari sostiene que Rajoy no tuvo una "actitud proactiva" para llegar a una solución del conflicto. 

Urkullu niega que Puigdemont se negase a comparecer en el Congreso o el Senado si no se aceptaba el referéndum antes.

Urkullu afirma que vio en Puigdemont "con disposición a hacer todos los pasos que fuesen necesarios antes del referéndum del 1 de octubre".

Pregunta ahora el fiscal Jaime Moreno.

Urkullu sostiene que si Puigdemont hubiese convocado las elecciones, como en un principio estaba previsto, cree que no se hubiera aplicado finalmente el 155.

"La respuesta de Rajoy desde el día 19 de julio fue actitud de escucha, de atención, de respuesta a las cuestiones que yo le planteaba, renuente a cualquier paso que pudiera interpretarse que del diálogo se pudiera derivar algo que traspasase la Constitución, pero nunca hablamos del derecho a al autodeterminación. Ante la disposición (de Puigdemont) a convocar elecciones en puertas del 155, tuve mi intuición de cual sería la disposición del Gobieron español, que no era muy dado a la aplicación del artículo 155", continúa el jefe del Ejecutivo vasco. Urkullu explica que no tuvo una respuesta clara de Rajoy sobre esto, "sí una intuición", algo que le transmitió a Puigdemont.

"Puigdemont buscó hasta el último momento un diálogo que posibilitase una relación estable entre los dos gobiernos", insiste el lendakari, antes de negar que pusiese como condición para el diálogo a Mariano Rajoy la celebración de un referéndum de autodeterminación. 

Urkullu explica las propuestas que realizó para intentar evitar el choque de trenes, basadas sobre todo "en la distensión y el diálogo durante un mínimo de tres meses". Por parte de Puigdemont, encontró receptividad a los planteamientos que le propuso, algo que se vio reflejado en el pleno del 10 de octubre, cuando se declaró y suspendió la independencia. "Las conversaciones que mantuve con él el 26 de octubre por la mañana me daban a entender que se convocarían elecciones, pero luego me llamó y me dijo que la gente en la plaza de Sant Jaume se estaba rebelando y tenía mucha presión dentro de su propio grupo de Junts pel Sí", añade.

Según publicó el pasado 21 de octubre EL PERIÓDICO, Urkullu envió a Puigdemont una carta el viernes 27 de octubre del 2017 en el que hacía un último intento a la desesperada por impedir el choque de trenes que sucedió a la DUI y el 155. Esta es la misiva.

"Yo hice de enlace, de intercesor entre las realidades de bloqueo que se estaban produciendo", continúa Urkullu.

"Le dije (a Rajoy) que las cosas no debían seguir como se estaban produciendo y le dije que todo se estaba yendo de las manos, que había que medir mucho los pasos para no llegar a una fractura social. El presidente me contestó que en lo posible haría lo mínimo y cuidaría lo máximo lo que haría", continúa el lendakari.

Pregunta Francesc Homs. Urkullu explica que la intermediación empezó con una reunión con Puigdemont el 19 de junio del 2017. "El 'president' me manifestó la situación de bloqueo con el Gobierno español y solicitó que yo interveniera poara intentar encauzar la situación para llegar a una situación pactada entre ambos gobiernos", sostiene. Ese mismo día se reunió con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y le transmitió su voluntad de reunirse con el presidente Mariano Rajoy. Este encuentro tuvo lugar el 19 de julio. "A partir de entonces fueron muchas las comunicaciones y encuentros con personas de diferentes ámbitos vinculadas con la situación de Catalunya entre las cuales es relevante citar una conversación el día 21 con Rajoy, tras la entrada de la guardia civil en la Conselleria de Economia". "Del 4 de octubre hasta el 27 de octubre fue prolija la actividad que tuve", añade.

Empieza la declaración del lendakari, Iñigo Urkullu, propuesto por la defensa de Josep Rull.

Se retoma la sesión del juicio.

"No es un gesto descerebrado. Si mi testimonio hubiese sido importante para la defensa, hubiese organzado una martingala en las respuestas a Vox. Europa tenía que saber que quien acusa es un fascista", ha añadido Baños en 'Els matins'. 

En declaraciones a TV-3, el exdiputado de la CUP Antonio Baños, que ayer optó junto a Reguant por no contestar las preguntas de Vox, ha defendido su posición. "No podíamos responder a personas que nos quieren enviar a la cárcel por nuestras ideas", ha manifestado, al tiempo que ha asegurado que este episodio podría haberse solucionado "pasando las preguntas por escrito".

Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart y exdiputado de la CUP, ha admitido que según la ley procesal los testigos están obligados a contestar a todas las partes. "Estamos en un dilema difícil de resolver", ha subrayado en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Gràcies prel suport i la solidaritat. No hi ha herois ni heroïnes. Juntes continuem treballant pels drets civils, polítics i socials i el dret a l'autodeterminació. Amb el convenciment que només així #NoPassaran #JoAcuso

— Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) February 28, 2019

Una delegación de 13 eurodiputados y diputados de varios miembros de la UE asistirán este jueves a la novena jornada del juicio. El grupo está integrado por miembros de la Plataforma de Diálogo UE-Catalunya, diputados de la Red Parlamentaria de Grupos de Amistad con Catalunya, así como el presidente del Consejo Ejecutivo de Córcega, Gilles Simeoni, y el diputado francés Paul Molac. Entre otros, acudirán los eurodiputados José Bove (Greens- EFA), Mark Demesmaeker (ECR), María Lidia Senra (GUE/NGL), Jordi Solé (Greens- EFA), Indrek Tarand (Greens- EFA), Josep-Maria Terricabras (Greens- EFA), Ramon Tremosa (ALDE) y Marie-Pierre Vieu (GUE / NGL), así como los diputados Magni Arge (Dinamarca), Pelle Dragsted (Dinamarca) y Peter Luykx (Flandes).

Tras Urkullu, declararán el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, el exdiputado de los 'comuns' en el Parlament Albano Dante Fachin, el expresidente del Parlament Ernest Benach y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Por la tarde, están citados el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, el exportavoz de En Comú Podem Xavier Domènech, el secretario general de Treball, Josep Ginesta; el secretario de Afers Socials i Família, Francesc Iglesias, y el director del CatSalut, Adrià Comella.

La sesión del miércoles, la primera de la fase testifical, supuso la entrada en juego de los abogados de Vox, que hasta ahora no habían podido intervenir porque los acusados se negaban a contestar las preguntas del partido ultra. La intervención de los letrados Pedro Fernández y Javier Ortega-Smith resultó algo decepcionante. Lo cuenta Rafa Tapounet en su contracrónica 'Voto Particular: Aquí llega el Toga Party'.

Buenos días. El lendakari Iñigo Urkullu abre este jueves a las 10.00 horas la segunda sesión de la fase testifical del juicio del 'procés'.  A Urkullu se le preguntará si llegó a ejercer como mediador entre el Gobierno central y el de Carles Puigdemont, tal y como afirmó el 'exconseller' de Interior Joaquim Forn, algo que Rajoy ha negado. El lendakari deberá aclarar si habló con Rajoy esos días; un aspecto que el expresidente del Gobierno no aclaró.

La novena jornada del juicio por el 'procés' independentista en Catalunya que se celebrará mañana, jueves, continuará con la declaración de los testigos del bloque político, entre ellos el diputado de ERC Gabriel Rufián; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido y el lehendakari Íñigo Urkullu.

El Tribunal Supremo multa con 2.500 euros a Baños y Reguant y les da cinco días para rectificar y declarar, y evitar así una investigación.

Hasta aquí la declaración de Núria de Gispert. Mañana retomarán las declaraciones a las 10 de la mañana. 

"Los dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries no tienen caracter ni vinculante ni preceptivo. Asesoran a la Mesa, pero no obligan", ha dicho. "Forcadell siempre ha seguido el regalmento del Parlament", ha dicho. 

"Anteriormente se incluyó a debate en la orden del día una iniciativa de Luca de Tena para declarar la independencia", ha dicho. 

"La iniciativa legislativa es de los grupos parlamentarios, del gobierno y la ciudadanía, la Mesa no tiene. El orden del día lo decide la junta de portavoces. La admisión a trámite de iniciativas se realiza para verificar si cumple con requisitos formales, nunca en contenido material"; ha dicho. 

"Que se admita una iniciativa a trámite no implica que se incluya en la orden del día del pleno", ha dicho. 

Responde a las pregutnas de la defensa de Forcadell. "La Mesa del Parlament toma las decisiones sin votar, pero sí se vota cuando hay discrepancias", ha dicho. 

Declara ahora Núria de Gispert. 

Eulàlia Reguant se marcha sin declarar.

"Asumo las consecuencias delante de un partido machista y xenófobo. No pienso responder a las preguntas de Vox", ha asegurado. 

Reguant empieza su declaración pidiendo decalrar en catalán y no responderá a las preguntas de Vox. 

Antonio Baños se va sin declarar. Declara ahora Eulàlia Reguant. 

Marchena le pide a Baños terminar su declaración aquí. Baños se escuda en un malentendido. Cuatro minutos de receso. 

"Por dignidad democrática y antifascista me niego a ser interrogado por Vox, no así por las otras partes a las que sí contestaría con sumo gusto", ha dicho. Marchena le intenta hacer ver que su dignidad democrática no se ve comprometida por responder así que recitará las preguntas por la acusación de Vox. 

Antonio Baños se niega a contestar a Vox. Marchene le reprime, "no puede negarse". 

Declara ahora Antonio Baños. 

"El ambiente en la conselleria era pacífico, tranquilo y espontáneo", ha asegurado. "Había música en el escenario", ha asegurado Pascal y termina su declaración. 

"Todos los grupos pudieron hablar. El talante de Forcadell siempre fue de dar la palabra a todos los grupos políticos", ha asegurado en referencia a las enmiendas. 

Turno ahora para las defensas. "Puigdemont siempre tuvo la voluntad absoluta de dialogar"; ha asegurado. "Él manifestaba las ganas de habalr de todo y en cualquier comparecencia pública así lo comunicó", ha dicho. 

"Creo que en julio o agosto de 2017 se empezó a hablar del referéndum. Era algo comparitdo y hablado con mucha gente"; ha dicho. "Yo era diputada en el Parlamet, así que conocí la porpuesta de ley de referéndum como en cualquier otro pleno cuando apareció en la orden del día", ha dicho. 

"Defiendo que entre nuestros ideales más nobles está la independencia de Catalunya conseguida con un referéndum pactado. No soy partidaria de la vía unilateral. Trasladé mi opinión a Puigdemont así como la de algunos referentes de mi partido de que convocar elecciones era la mejor opción", ha asegurado. 

"Estuve en la conselleria el 20-S. Tuve conocimiento conocimiento de ella por las redes sociales y los medios y acudí por la tarde. No vi los coches, había mucha gente. Supe después que había una comitiva judicial, por los medios", ha dicho. "Supe del 19-S en Unipost por los medios", ha insistido. 

"Puigdemont y yo hemos hablado de muchas cosas. Él y su gobierno tuvieron la determinación política del referéndum", ha asegurado Pascal. 

Termina la decalración de Cristóbal Montoro, entra ahora Marta Pascal. 

Jordi Pina: "¿Tiene constancia de que la Generalitat encargara algo a Unipost?" Montoro: "Me consta que hubo requerimientos de la Guardia Civil, pero no tengo constancia porque no he estudiado los expedientes".

"Los documentos contables perciben intención. Esa intención no se pudo concretar porque no había medios de pago, pero sí había intención", ha dicho Montoro. 

La Guardia Civil atribuye un gasto a mercantil Unipost, posteriormente la mercantil hizo un informe diciendo que no se debía ni se había cobrado ninguna factura de la Generalitat, asegura Jordi Pina. "No se cobró nada porque la Generalitat estaba intervenida, pero la ilegalidad no nace del cobro, sino del deber", ha explicado Montoro.

"Anuncié públicamente que habíamos hecho una denuncia porque se había dejado de mandar información el jueves anterior y la interventora reanudó la información el lunes siguiente", ha dicho. "Hubo un cambio de posición manifiesto", ha dicho.  

"Sí hubo varios requerimientos en términos de que había información incompleta. La interventora genral de la Generalitat cumplió todos, excepto los que fueron objeto de denuncia ante la Fiscalía, en los que había indicios de ilegalidad por la información contable presupuestaria que tiene el ministerio después de intervenir la Generalitat", ha dicho. 

"En 2015 y 2017 el control que se implanta es de legalidad. El que se aplicó tras ello fue diferente, fue control de pagos. Allí ni siquiera se transfieren a la Generalitat los fondos a los que tiene derecho, sino que van a la cuenta del Banco de España desde la que se paga la ejecución de los presupuestos de la Generalitat", ha dicho. 

"Mis declaraciones en el artículo de 'El Mundo' en términos periodísticos se simplifica y solo se habla de una de las denuncias porque a veces simplificamos asuntos complejos. Que funcionarios públicos abran luagres públicos para realizar actos ilicitos... Si esto no es un delito, no sé lo que es. Alguien ha abierto un lugar público para que se celebre un acto ilegal. ¿Cómo no va a haber malversación?", ha dicho Montoro. 

"Carmen Tejera es la Abogada del Estado Jefa de Hacienda y es quién ayudó en esta investigación", ha dicho. "No conozco el contenido de las investigaciones, yo solo ofrecí el apoyo del ministerio", ha dicho. "En la entrevista afirmé que habían investigaciones judiciales en marcha, claro que sé que se investigaba la malversación porque es lo que debe funcionar, la colaboración entre administraciones", ha dicho. 

"El asesoramiento a la Guardia Civil se produjo desde que se inició la investigación. Estamos a disposición de los órganos investigadores para contrastar informaciones", ha asegurado. "El ministro no entra nunca en ningún cuadro de investigación concreto. Yo no conozco el detalle de la investigación, para eso hay equipos trabajando. Sé que se hace la colaboración que parte de la denuncia del propio ministerio", ha dicho. 

Montoro responde ahora a las defensas. 

"Cuando hay indicios de responsabilidades superiores se denuncia. Como en todos los casos", ha dicho. "Son denuncias relativas a los costes del 1-O, de DiploCat...", ha añadido. 

"Yo mismo veo indicios de prevaricación. Los vi en que unos fuincionarios públicos estaban convocando en un acto para el que se abren locales públicos. Eso significa que se usan recursos públicos en un fin ilegal declarado así judicialmente", ha dicho. "Existen motivos claros de prevaricación", ha añadido. "No había posibilidad de convocar un referéndum con un presupuesto. La Generalitat estaba intervenida. Yo solo quise decirle a los españoles que no podía hacerse materialmente porque la autoridad convocante no tenía presupuesto", ha zanjado. 

"Amparándonos en la ley de estabilidad presupuestaria y en la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos, establecimos un control absoluto como no se había hecho nunca sustituyendo a la propia administración autonómica", ha asegurado Montoro. 

"Me he reunido en varias ocasiones con Junqueras, recuerdo al menos 3", ha dicho. "Fui el responsable de promover en el gobierno tres grados de control, en noviembre del 2015 antes de constituirse al Generalitat, este era un control de legalidad en el que se obligaba a la Generalitat de informar sobre la ejecución de su presupuesto. En el 2017 se conviritió el control mensual en semanal. Ante la posibilidad se que se hubeira utilizado la partida presupuestaria dedicada a eventos electorales", ha dicho. 

"Junqueras asistía a las reuniones de consejo", ha dicho Montoro aunque recuerda algunas ausencias justificadas. 

"La investigación de la Guardia Civil y las fiscalías han contado en sus informes con asesoramiento del ministerio de Hacienda. Una cosa es el control presupuestario y contable y otra las investigaciones. Cuando se detectan irregularidades en las investigaciones se denuncian como hizo Hacienda. No se limita el trabjao a denunciar sino que lo que hace es acompañar la denuncia con la presatción técnica de la persona que ha trabjado en la elaboración de los infomes", ha dicho. 

"Los fondos de la Generalitat de Catalunya estaban sometidos a control finalista que garantizaban la legalidad de las cuentas", ha declarado Montoro. "Todos los fondos estaban controlados de acuerdo con sus fines. Hay que tener en cuenta que a partir de diciembre del 2017 se implantó un sistema que no se había usado nunca: un control absoluto de todos los pagos y créditos utilizados por al Generalitat", ha asegurado. 

Empieza la declaración de Cristóbal Montoro. 

"El Gobierno de España siempre es partidario de que se cumplan las sentencias del TC", ha asegurado. Hasta aquí la declaración de Mariano Rajoy.  

"Imágenes como estas he visto muchas a lo largo de mi vida. Lo que a mi me gustaría decir es que la responsabilidad de los dirigentes políticos está en evitar estos acontecimientos. Si se hubiera seguido la ley no hubieramos vivido esto. Lamento muchísimo estas imágenes pero no me gustan ni estas, ni otras. Los dirigentes políticos tenemos que trabajar para que no se vivan", ha dicho. 

"Creo que la Policía y la Guardia Civil prestaron una función muy importante en defensa de los intereses de todos", ha asegurado. 

"La policía siempre que se produce un acontecimeinto excepcional después valora si se actuó correctamente. ¿La gente que estaba al frente de la Generalitat hizo alguna autocrítica? no lo sé, pero las fuerzas del Estado sí", ha dicho.

"Yo quería trasladar que era una convocatoria ilegal. Lo que había era otra cosa, no era un referéndum", ha dicho. "Realmente, si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal y no se hubieran tomado decisiones quebrantado la legalidad vigente, no hubieramos tenido que ver las lesiones que sufrieron algunas perosnas y miembros de cuerpos de las fuerzas de Estado", ha dicho.

"El 1-O me informaba la vicepresidenta del Gobierno sobre lo que pasaba en Catalunya. No hablé con ningún miembro de los cuerpos de seguridad", ha asegurado. 

"He visto lo que sudeció ante el TSJC, en hoteles de policías nacionales etc. Esta era una situación anormal impropia de una democracia avanzada", ha dicho. "Si no sehubieran tomado als decisiones importantes que se tomaron, noe staríamos aquí ni se hubieran producido los acontecimientos del 1-O. Solo si se hubiera respetado la Ley no hubiera pasado." "Yo jamás he tomado ninguna decisión sobre un dispositivo policial, son decisiones que competen a quien esta al frente del operativo", ha dicho Rajoy. 

"No recuerdo si hubo violencia antes del 20-S", ha dicho Rajoy. 

"Mi principal objetivo era que los responsables de la Generalitat se dieran cuenta de que por ese camino no íbamos a ningún sitio", ha asegurado. 

"Ante situaciones excepcionales la Constitución prevé diferentes actuaciones por parte del Estado, el 155 nos pareció la más justa para no afectar a derechos individuales de personas", ha asegurado. 

"La propuesta más importante que hice es que se dejara de vulnerar la Constitución, porque un Gobierno, en este caso de la Genmeralitat, no puede saltarse la ley. Eso era lo más importante. Pero yo no estaba dispuesto a negociar según que cosas para que se cumpliera la ley", ha dicho. 

"Yo siempre he mostrado buena disposición al diálogo. Me vi en 6 ocasiones con Mas cuando era presidente de la Generalitat, también me reuní con Puigdemont pero yo puse un límite al diálogo y es que son los españole slos que deciden qué es España", ha dicho. 

"Las sentencias del Tribuanl Constitucional las respeto todas, pero no las recuerdo todas", ha dicho. 

"Recuerdo mis conversaciones con Mas, hablamos de la reducción del déficit público, su preocupación por la situación económica de la Generalitat, la pretensión de conseguir un pacto fiscal y un apunte que fue la primera vez que le dije que eso no era posible en la que me sugirió la celebración de un referéndum donde quedó claro que eso no iba a suceder", ha dicho. 

"Escuché a Urkullu y le dije que no estaba dispuesto a negociar en esos términos igual que atiendo a todo el mundo personalmente", ha dicho. "No era un mediador de nada porque mis posiciones estaban claras igual que las de los demás. A mi me llamó mucha gente. A algunos les ví personalemnte, a otros les atendía telefónicamente y a otros les respondí por mensaje. Quedémonos con lo sustancial. Todo el mundo sabe que el Gobierno no negcoió esto y lo adviritó desde el primer momento", ha dicho. 

"En aquella época había muchas personas que quisieron hablar conmigo y con otros, pero a todos les dejé claro que yo no negocio el cumplimiento de la ley ni la soberanía española. A quien se le puede ocurrir que un presidente de Gobeirno pueda negociar esto. Eso se sabía que no se iba a aceptar porque no es posible. A todos les dije lo mismo, les atendí a todos porque era una situación importante. Tomé la decisión siendo cosnciente de que tenía que tomarla", ha asegurado Rajoy. 

"Yo era presidente del Gobierno y tomaba mis propias decisiones, refrendadas por el Consejo de Ministros y el Senado. Todo el mundo tenía sus opiniones", ha asegurado. "Tenía claras mis responsabilidades y las ejercía", ha añadido. 

"Decir que no hubo acoso contra ningún alcalde es estar ciego", asegura Rajoy. 

La defensa de Turull, Rull y Sànchez empiezan a interrogar. Jordi Pina pregutna a Rajoy si ha seguido el juicio esta mañana, Rajoy asegura que lee los periódicos, pero asegura que no ha visto las decalraciones o se ha comunicado con los que han declarado antes. 

"El 9-N fue diferente del 1-O en un sinfin de particualridades. Una no era vinculante, la otra sí, los antecedentes eran diferente sy loq ue iba a pasar después también. No tenían nada que ver, aunque no fue muy ejemplar tampoco lo que sucedió el 9-N", ha dicho. 

"Es evidente que no se habría aplicado el 155 si no hubiera habido un riesgo. Intentamos dar la posibilidad de rectificar con los requerimientos y acordar con las demás fuerzas políticas la aplicación del 155, pero es evidente que cuando se produce una decalración de independencia y no se rectifica, la decisión del Gobierno en mi opinión debe ser la que nosostros tomamos", ha dicho. 

El juez Marchena ha llamado tres veces la atención a la fiscalía para evitar las asociaciones. 

"En una situación como esa es normal que se puedan producir enfrentamientos", ha dicho. 

"Al final era ya muy difícil hablar con el señor Puigdemont. A todos les dije que se podía arreglar todo menos la liquidación de la ley. Se veía venir todo lo que ocurrió, no había que ser muy avispado para ser consciente de ello", ha asegurado Rajoy.

"He hecho todo cuanto estaba en mis manos y al final hubo que poner en marcha el 155, que solo se prevé en situaciones límite", ha dicho. 

Los argumentos centrales del discurso de Rajoy coinciden completamente con los esgrimidos por Soraya Sáenz de Sanatamaría poco antes. 

"El 155 se aplicó porque como presidente del Gobierno aplique varios conceptos. El primero el de la soberanía nacional y en segundo lugar el cumplimiento de la ley. Fuimos muy prudentes y nos esforzamos por lograr el apoyo de todos", ha dicho. "Incluso le dimos la posibilidad de rectificar a quienes tomaron la decisión equivocada", ha asegurado. 

"Después de una declaración de independencia deliberadamente difusa, se convocó al presidente para que aclarara si lo había hecho. Hubo un requerimiento, no se contestó, volvimos a escribirle para darle un plazo de 3 días para rectificar y nos volvió a contestar una carta sin responder a nada. Fue entonces cuando activamos el 155", ha explciado. 

"No s epuede romper la soberanía nacional y todos los españoles deben poder decidir sobre su país. España es lo qe quiere que sea el conjunto de los españoles y no una parte de ellos", ha dicho. 

"Es lo mismo que sucedería en un un país si alguien pretende saltarse la ley para romper la soberanía nacional y el derecho que tienen los españoles de decidir sobre su país", ha asegurado. 

"Eran plenamente conscientes de cual era mi posición. La dejé clara desde el primer momento, Puigdemont pudo venir al Senado y no quiso hacerlo igual que en el Congreso de los Diputados", ha dicho. 

"Invité a Puigdemont a ir a las cortes a defender su posición, porque serían las cortes quienes debían decidir sobre eso y obtener el refrendo del pueblo español", ha asegurado. 

"Ningún preisdente del Gobierno de ningún país puede aceptar que alguien pretenda liquidar la legalidad del propio país", ha asegurado. "Se liquidó la legalidad vigente, la Constitución y el Estatut, como usted comprenderá ningún presidente debe mirar a otro lado en esas características", ha asegurado. 

"Era un problema de respetar derechos individuales de las personas, por eso aplicamos el 155", ha asegurado. 

"Era excepcional que se concentraran miles de personas delante de la Conselleria de Economia dónde unos funcionarios trabajaban por orden judicial", ha asegurado. 

"Había que mandar agentes porque los operativos entendieron que era necesario. Era una situación excepcional, como lo demuetsra el hecho de poner en marcha por primera vez en la historia de España el 155", ha asegurado. 

"Hubo muchos recursos ante el Tribunal Constitucional, se tomaron decisiones muy importantes hasta llegar a intervenir las cuentas de la Generalitat. Lógicamente, yo como presidente del Gobierno estaba al frente de las decisiones políticas, y tenía que tomar la decisión más importante que era poenr en marcha el 155", ha asegurado. 

"Lo que se convocó no es un referéndum, como bien dejó claro la Junta Electoral Central", ha asegurado. "Ellos decían que iban a hacer el referéndum sí o sí, por lo que yo sí sabía que eso se iba a producir y actué para que no tuviera lugar", ha asegurado. 

"Es el pueblo español el que decide qué es España", ha zanjado Rajoy. 

"Desde el primer día que me reuní con Mas fueron plenamente conscientes de que no iba a convocar un referéndum. Por ello nunca ha habido negociaciones, ni conversaciones al respecto", ha asegurado Rajoy. 

"Nunca hubo nada de qué hablar porque desde la primera reunión que tuve con Mas ya dije que en ningún caso el presidente de España iba a saltarse la legalidad constitucional", ha asegurado Rajoy. 

Empieza la declaración de Mariano Rajoy con las preguntas de la acusación popular, Vox. 

Estaba previsto que Montoro declarara esta mañana, y Rajoy a las cuatro de la tarde. Por lo tanto, lo que ha prevalecido ha sido cumplir el horario previsto del expresidente del Gobierno.

Rajoy ya se encuentra en el alto tribunal y ha sido conducido a presidencia para esperar a que llegue la hora de su declaración.

Cambios en los turnos de los testigos. A las 16 horas empezará el expresidente español Mariano Rajoy y después el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, al revés de como estaba previsto.

Para el día 6, el Tribunal ha ordenado las declaraciones de Montserrat del Toro, la funcionaria del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que abandonó la Conselleria de Economia por el patio interior, así como dos prpietarios de hoteles, un capitán de la Marina mercante, entre otros. Y para el jueves 7 hay programadas declaraciones de responsables de Unipost.

Para el día 5 de marzo, están citados: Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil. Coordinador del dispositivo de seguridad de cara al 1-O; Sebastián Trapote, exjefe superior de Policía de Catalunyaa (10.30h); Ángel Gozalo Pascual, exjefe de la Guardia Civil en Catalunya; Manuel Castellví, jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos; Emilio Quevedo, comisario de los Mossos d'Esquadra, y Cristina Manresa, jefa de la región policial metropolitana norte de Barcelona.

El Tribunal Supremo ha fijado ya la lista de testigos para la semana que viene. El lunes declararán el exsecretario de Estado José Antonio Nieto, el exdelegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo; el responsable de Interior desde la aplicación del 155, Juan Antonio Puigserver; el presidente del Parlament, Roger Torrent, el vicepresidente segundo del Parlament, José María Espejo Saavedra; el miembro de la Mesa del Parlament David Pérez, el exletrado mayor de la Cámara Antonio Bayona, el exsecretario general del Parlament Xavier Muro y la exconsellera de Presidència Neus Munté.

Concluye la declaración de Santamaría. El juez Marchena ordena un receso para comer y retomará la sesión a las 16 horas con la declaración del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

La abogada de Forcadell le pregunta sobre la DUI del día 27 de septiembre. Santamaría ha dicho antes que lo que no se publica una resolución no tiene efectos jurídicos. La abogada recuerda que aquella declaración no se votó ni se publicó. "Yo tengo conocimiento de que lo dijo Puigdemont, lo que se firmó, la posiblidad que tuvo el señor Puigdemont de decir que no se había declarado la independencia...", responde, antes de admitir que no tuvo conocimiento de que se publicara.

"Me consta que desde el independentismo se hizo creer un relato sobre la violencia con imágenes falsas que dieron la vuelta al mundo", añade Santamaría.

Santamaría  niega haber recibido ningún tipo de requerimiento por parte de relatores de Naciones Unidas. "España es una democracia consolidada", señala. "Tenemos tribunales democráticos, la policía actúa cumpliendo la ley, es un Estado democrático", insiste.

Toa la palabra la abogada de Cuixart, que le pregunta si tuvo conocimiento de que los barcos para los policías atracaron en los puertos de Barcelona y Tarragona el 20 de septiembre. "No tengo conocimiento", responde la exvicepresidenta.

¿Tuvo usted conocimiento de cuántas denuncias por altercados o violencia hubo en Catalunya entre el 20 de septiembre al 27 de octubre?, pregunta Homs. "La Delegación del Gobierno nos iba contando los sucesos (...) y las imágenes que son conocidas como el registro de Unipost...", responde Santamaría.

Santamaría insiste en que fueron presentando recursos según los consejos de la Abogacía del Estado.

Pregunta Homs sobre la reforma del Código Penal en el 2015 y le recuerda que no se volvió a tipificar la convocatoria de referéndums que se había retirado en el 2005. Pregunta si el Gobierno recurrió la hoja de ruta del 2015. Santamaría sostiene que solo se recurrieron actos jurídicos, no políticos.

"Creo que la Policía y la Guardia Civil son profesionales y aquel día actuaron con profesionalidad", insiste sobre las cargas del 1-O.

"Yo supe que había dos o cuatro personas ingresadas, una de un infarto", asegura Santamaría sobre las víctimas de las cargas del 1-O. "Después hay una cifra de atendidos", añade sobre los 1.000 heridos que consignó la Generalitat.

Pregunta Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez. "¿Cómo es posible que el Gobierno, a raíz de lo que ocurrió el día 20, tomara decisión el día 22 de enviar a los agentes a Catalunya, cuando la petición de uno de los barcos de los 'piolines' de atracar en Palamós era del día 19?", le inquiere Pina.  Santamaría dice que cuando se produjo el cambio en Interior, de Jané por Forn, se preocuparon sobre lo que iba a ocurrir. "Cuando uno está en el Gobierno tiene que prever todos los escenarios, y así lo hizo el Ministerio del Interior", añade. 

Santamaría asegura desconocer por qué se rompió el mecanismo de coordinación entre los Mossos y las fuerzas estatales.

Melero señala que no hay ningún documento que hable de los 6.000 agentes que se iban a enviar a Catalunya. "Era de lo que se hablaba aquellos días, no tenía una información concreta", responde Santamaría. El abogado le pregunta cómo es posible que se enviaran a 6.000 agentes para proteger 2.239 centros de votación. "¿Eran en apoyo de los Mossos o en sustitución de estos?", le pregunta. "Fueron en cumplimiento de esa decisión judicial", sostiene, tras señalar: "Yo ni participé ni diseñé aquel dispositivo judicial".

Melero está poniendo contra las cuerdas a Santamaría primero con un informe del servicio de inteligencia de los Mossos y luego con una instrucción del secretario de Estado de Seguridad que limitaban las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad en caso de grandes concentraciones. Finalmente, la testigo admite que no tenía conocimiento de esta última.

Pregunta ahora Javier Melero, abogado de Forn. "A partir del 155 se trabajó por preservar el orden público, creímos que en la consejería de Interior debía producirse una intervención mayor que en otras", afirma Santamaría, que asegura que no tiene constancia de que los cargos que se quedaron mostrasen algún tipo de resistencia y oposición tras el cese de la cúpula de Interior.

La exvicepresidenta considera que los ciudadanos ("murallas humanas") que fueron a los colegios electorales el 1-O intentaron evitar que se cumpliera el mandato judicial.

Santamaría niega que se habilitara ninguna partida especial para investigar al 'procés'. "La investidura de Puigdemont la recurrió el Gobierno. Pedimos un inofrme al Consejo de Estado, que no nos dio un informe favorable. No obstante, nosotros lo impugnamos y se hizo lo que se tenía que hacer, cumpliendo con nuestra obligación", añade.

"Yo sé lo que es un escrache y lo que se vivió en Catalunya en algunos momentos no fue un escrache fue un acto violento", señala Santamaría sobre los episodios de acoso a policías y guardias civiles en sus hoteles.

Santamaría niega haber recibido alguna información sobre las cargas ni si se ordenó que parasen a una determinada hora del día. Insiste en que actuaban bajo mandato judicial, no del Gobierno.

"Siempre me han parecido la Policía y la Guardia Civil muy profesionales en sus actuaciones", defiende Santamaría.

"Una actuación de esa naturaleza, cuando no respeta la ley, políticamente puede llamarlo como quiera, jurídicamente es lo que es", afirma la exvicepresidenta sobre el 1-O.

Van den Eynde pregunta cuáles fueron los actos violentos del 20-S que ha declarado anteriormente. "Creo que los vimos todos por televisión", señala sin dar más detalles.

Santamaría rechaza que su gobierno interviniese en los operativos judiciales. "Las fuerzas de seguridad actuaban siguiendo el mandato judicial", señala.

"No se puede hablar de aquello de lo que uno no tiene capacidad de disposición", insiste Santamaría sobre un referéndum de independencia. "Los gobiernos tienen que saber lo que pueden y no pueden hacer, y ningún gobierno puede disponer sobre la soberanía nacional", añade.

"Un gobierno democrático no puede incumplir la ley ni generar episodios violentos", continúa.

"Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplían un mandato judicial para impedir el referéndum, un acto abiertamente ilegal. La profesionalidad de la Policía y la Guardia Civil evitó circunstancias mucho más graves como consecuencia de la irresponsabilidad de la Generalitat de Catalunya", sostiene Santamaría sobre las cargas policiales del 1-O. "Yo he visto a lo largo de mi vida imágenes como consecuencia de disturbios, no son agradables, pero si no se hubiera convocado y llamado masivamente a la gente, a lo mejor algunas de esas imágenes no se hubieras producido. También me informaron de que hubieron 93 policías heridos en esa jornada", añade.

Santamaría se ratifica en que en la jornada del 20-S se vivieron escenas de violencia. 

Toma la palabra ahora el abogado de Junqueras y Romeva.

Santamaría rechaza que la DUI fuera "meramente simbólica". "Por eso aplicamos el 155".

Santamaría recuerda que se impugnaron 63 resoluciones del Govern y del Parlament.

Desde el 20-S en la Conselleria de Economia y hasta después de la DUI, Santamaría sostiene: "En cualquier actuación judicial se producían aglomeraciones en algunos casos con imágenes de naturaleza violenta. Sufrimos mucho porque muchos alcaldes y concejales recibían amenazas y coacciones. Había mucha preocupación en el Gobierno". "En las innumerables comparecencias, públicamente, les dijimos (a la Generalitat) una y otra vez que no siguieran por ahí, que fracturaban la convivencia, que el clima era insoportable", añade, antes de asegurar que no mantuvo más contactos con el Govern.

Pregunta el fiscal. "En mi diálogo con la Generalitat no podía hablar de convocar un referéndum de autodeterminación en nuestro país porque un Gobierno no puede decidir sobre la soberanía y la unidad territorial española. Si eso se quiere hacer hay que reformar la Constitución y no intetnar negociar algo a lo que el gobierno nunca se prestó", continúa Santamaría. La exvicepresidenta desliza que Junqueras no tuvo interés en hablar sobre "otros temas importantes para los catalanes".

"Las actuaciones violentas en la Conselleria de Economia se produjeron el 20-21 de septiembre y la decisión de llevar fuerzas a Catalunya se tomó el 21-22 de septiembre", señala. "Nosotros consideramos que el mecanismo cuando una comunidad atenta contra la unidad de España es el del artículo 155. Se hizo un gran esfuerzo, determinó el cese de todo el Govern, para garantizar el orden público también se sustituyó a algunos responsables de la policía catalana. Se actuó contra los responsables. Los estados de excepción y de sitio pueden comportar la limitación de los derechos de los ciudadanos y era mejor preservar esos derechos de los ciudadanos", señala Santamaría preguntada si valoraron esta última medida.

Santamaría rechaza entrar a valorar la operación Copérnico, de la policía. "A mí me preocupó el cambio de Gobierno de la Generalitat en julio del 2017 y los perfiles que se elegieron para sustituirles", afirma, pero admite que no tuvieron conocimiento de una posible actuación irregular de los Mossos. "Como consecuencia de dos instrucciones judiciales, se ordenaron actuaciones (a los Mossos) y a la Policía y Guardia Civil que ayudaran a los Mossos. El ministro del Interior tomó la decisión de enviar 6.000 policías para que ayudaran a mantener el orden público y cumplir con las actuaciones judiciales", señala.

"Lo que hicimos para aplicar el 155 fue tener en cuenta las siguientes premisas: garantizar la soberanía del Estado y hacer cumplir la ley, con proporcionalidad política e intentado mantener el acuerdo político con el partido líder de la oposición y Ciudadanos. En aquel momento algunos decían que se tendría que haber aplicado en el 2014 y otros que no debía haberse aplicado nunca", añade Santamaría.

"Lo que nosotros llevábamos a cabo como Gobierno era que cualquier acto que se llevase a cabo en el Govern o el Parlament que pudiera ser contrario a la soberanía nacional o la Constitución, lo recurríamos ante el Tribunal Constitucional", prosigue Santamaría.

"Nunca me reuní con ningún miembro de la Generalitat en la Delegación del Gobierno. Dos reuniones con Junqueras fueron en la Moncloa y otra en la sede de la Vicepresidencia del Gobierno", recuerda la exvicepresidenta. Explica que en la Delegación del Gobierno se reunió con otra mucha gente que tenía "inquietud y zozobra" por el momento político. "Pude hacer algo fundamental, reforzar la presencia del Estado en Catalunya, era muy importante que nos hiciéramos presentes porque Catalunya también es España", añade.

Javier Ortega Smith, pregunta por Vox, en qué reuniones participó con miembros de la Generalitat sobre el 1-O. "Yo no traté con miembros de la Generalitat sobre el 1-O. Me reuní tres veces con el señor Junqueras. Les dije que sobre el referéndum de autodeterminación no tenía nada que hablar", empieza. También explica que en la segunda reunión se trató el difícil estado de cuentas del Govern y en la tercera Junqueras les dijo que tenía "el mandato exclusivo" de organizar el referéndum y que no quería hablar nada más. Según Santamaría, le respondió que "no íbamos a negociar ningún asunto sobre el referéndum".

Turno para Soraya Sáenz de Santamaría.

Se reanuda de nuevo el juicio.

En el Parlament, el 'president' Quim Torra le ha dicho a Ciudadanos, PSC y el PPC que se les "tendría que caer la cara de vergüenza" por no asistir a ninguna de las sesiones del juicio del 'procés' en el Supremo. Durante la sesión de control al presidente de la Generalitat en el pleno del Parlament, y en respuesta a una pregunta formulada por el grupo de ERC, Torra ha cargado especialmente contra la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, y contra un PSC que, ha afirmado, antes "estaba del lado de los derechos".

El diputado del PDECat en el Congreso Carles Campuzano ha afirmado que el juicio del Supremo está poniendo en evidencia la "debilidad" de la causa contra el 1-O. "El Estado está pagando un precio muy alto" por "negar la libertad de Catalunya", ha añadido en declaraciones en la Cámara baja.

Marchena decreta un receso hasta las 12.30 horas. El juicio se retomará con la declaración de Soraya Sáenz de Santamaría. Le seguirá Cristóbal Montoro.

Mas confirma que tras la suspensión de las leyes de desconexión se desmanteló la sindicatura electoral y se preveyeron otros mecanismos para controlar el referéndum.

Interviene ahora Javier Melero, abogado de Joaquim Forn. "El entonces 'conseller' de Interior siempre expuso que las actuaciones de los Mossos tenían una actuación profesional. Otra cosa es que se reporte a la autoridad política cosas relevantes de las actuaciones". Mas recuerda que en algún momento se planteó que la movilización ciudadana fuera permanente, los responsables políticos lo rehusaron porque se podía provocar un episodio de violencia.

El abogado de Dolors Bassa pregunta si su defendida estuvo en alguna de las reuniones, algo que niega Mas.

Pregunta la abogada de Forcadell sobre el momento en que se le preguntó a la expresidenta del Parlament formar parte de la lista de JxSí. Mas recuerda que citaron a Forcadell, Muriel Casals y Raül Romeva con la voluntad de configurar una candidatura amplia. Fue en julio del 2015. Niega que se tuviera decidido entonces quién sería el presidente o presidenta del Parlament. Lo único que se decidió fue que él sería el candidato 'in péctore' a la Generalitat y que ERC propondría a un vicepresidente. Se decidió quién sería la presidenta del Parlament en octubre del 2015, tras las elecciones. "La propuso la dirección de ERC", añade.

La abogada de Cuixart pregunta si en la hoja de ruta inicial del 2015 el referéndum era para ratificar una constitución catalana. "¿Tiene algo que ver este con el del 1-O?", le pregunta a Mas. "No es el mismo tipo, de hecho el que se celebró fue un intento más de contar cuánta gente hay en Catalunya a favor y en contra de la independencia", responde.

Turno ahora para Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez. Le pregunta si votó el 1-O. "Sí, señor, fui a votar", y lo hizo en una escuela concertada donde suele ir a votar en todas las elecciones. En este centro, hubo cargas de la policía. "Hubo un despliegue enorme de furgonetas de la Policía Nacional. Yo tuvo un compromiso por la mañana, y volví sobre las 10 y la primera imagen que vi fue de una vecina conocida con la frente ensangrentada y la blusa con sangre", recuerda Mas.

"La voluntad política en el 2017 fue la de explorar todas las vías posibles de diálogo con el Gobierno español para cumplir el mandato electoral. Habíamos vivido el antecedente de Escocia y sabíamos que el entendimiento entre demócratas era posible", continúa Mas.

Turno para Francesc Homs, abogado de Jordi Turull. Mas recuerda que el Libro blanco sobre la independencia se presentó bajo su mandato, en un acto en la Generalitat. "Fue un encargo a un grupo de expertos sin contrapartidas", añade. "No tuvo ningún requerimiento por parte de la administración de justicia, de hecho yo le mandé uno de los capítulos que contenía aquel libro blanco porque yo entendía que tenía un valor jurídico de altísimo nivel para que él contrastara con sus servicios hasta qué punto nos permitía encontrar un ámbito legal", señala.

Mas afirma que en algunas reuniones se hablaban de temas organizativos, como locales que se podían poner a disposición para el referéndum basándose en la experiencia de la consulta del 9-N. "Se concluyó que había que hacer lo mismo que ya se había hecho, como las consecuencias ya se sabían (acusaciones por desobediencia) y la logística ya estaba probada. Lo que se hizo no fue repetir, sino inspirarse en el modelo del 2014. Identificar locales de diversa índole en el que se podían producir las votaciones. No solo locales de la Generalitat, sino de ayuntamientos", añade. Sobre el censo, Mas sostiene que no se podía manejar con libertad porque el Govern "nunca pretendió saltarse la ley de protección de datos". "La prueba es que el censo del 9-N se hizo a medida que la gente fue votando".

"La apuesta de que todo tuviera un sustento legal era una obsesión. Siempre se quiso tener un marco legal que diera seguridad a las personas implicadas", sigue Mas, antes de señalar que en los últimos años "hemos vivido permanentemente bajo el riesgo que el Constitucional nos supendiese las leyes, cualquier ley".

Mas sostiene que no vio a Forcadell en ningúna de las reuniones a las que fue él, excepto en una de ellas.

Marchena vuelve a llamar al orden sobre las preguntas a los testigos. Concluye el fiscal y toma el relevo la Abogacía del Estado.

"Se quiso que el referéndum del 1-O fuera vinculante jurídicamente, pero no se consiguió", sostiene Mas. "Hubo una declaración de independencia en el Parlament y el 21 de diciembre hubo elecciones y se mantuvo la mayoría absoluta a favor de la independencia. Hay que cogerlo todo, la fotografía completa, ahí sí que hay un mandato".

El 'expresident' explica que estuvo en algunas reuniones con otros líderes independentistas convocadas por Carles Puigdemont durante el 2016 y 2017. "La conclusión final fue que a partir del debate suscitado en verano del 2016 sobre la necesidad de convocar un nuevo referéndum, la mayoría de los que impulsaban la decisión pensaban que era el mejor escenario. A partir de ahí se modificó la hoja de ruta", añade Mas, que asegura que en las reuniones no escuchó que la consulta se fuera a realizar sin el aval del Gobierno. "Yo siempre escuché en las reuniones, en declaraciones del señor Puigdemont, pactar el referéndum con el Gobierno", añade.

El fiscal le pregunta a Mas si ocurrió algo en el verano del 2016 que motivara la idea del referéndum del 1-O. "Efectivamente, aquel programa quedó sustituido por otro a través de una nueva votación parlamentaria", señala en referencia a la moción de confianza a la que se sometió Puigdemont tras ser tumbados sus presupuestos. "El debate se suscitó en amplios sectores de la sociedad catalana y el Govern de la época cogió esa idea, pero que la CUP lo pusiera como condición para apoyar la moción de confianza no fue el único motivo", prosigue.

Turno para el fiscal Javier Zaragoza. Pregunta a Mas cuándo dejó de ser 'president' y que cuando sucedió él era el candidato de JxSí. "Decido yo marcharme. Yo tenía dos opciones en enero del 2016, o convocar elecciones o marcharme. Los motivos fueron los que fueron, pero la decisión fue mía, me marché porque quise", explica, quitando importancia a la negativa de la CUP a investirle..

El 'expresident' recuerda que le aconsejó a Puigdemont que siempre mantuviera la iniciativa institucional en el marco de la legalidad. "Es decir, en el fondo le estaba diciendo: No abandonéis nunca la posibilidad de convocar las elecciones al Parlament, porque ahí es donde el Gobienro de la Generalitat tiene la capacidad de control", añade. En aquel momento, Mas ya estaba inmerso en un proceso judicial por la consulta del 9-N.

"Una cosa es quién decide políticamente y otra cosa es el órgano que toma la decisión. Es verdad que el señor Puigdemont en verano del 2016, después de muchas conversaciones y un debate intenso, llegó a la conclusión de que era bueno que hubiera una segunda consulta sobre lo mismo que hubo en noviembre del 2014. Pero el Govern fue quien tomó la decisión colectiva de celebrar aquel referéndum", añade Mas, antes de asegurar que él dio su opinión cuando se la requirieron y a veces se tuvo en cuenta y a veces no.

Vox pregunta por un comité y Mas le explica la creación del Consell Assessor per la Transició Nacional creado en el 2013. "Me refiero a un comité restringido formado por el Gobierno de España y de la oposición", especifica Vox. "Aquello no era un comité, era una iniciativa mía que le planteé a Rajoy que ante la dificultad de llegar a acuerdos en una materia delicada sería bueno mantener a unas personas interpuestas que nos permitiera seguir el hilo del diálogo, como cauce para identificar soluciones ante una realidad política y social. muy evidente. No era un comité, eran tres personas, había una por parte del Gobierno, otra por el PSOE y otra por parte mía. Ese grupo se veía con una cierta regularidad y hablaban entre ellos para mantener vivo el hilo del diálogo. Llegó a la conclusión de que no podía haber acuerdo", añade Mas.

Empieza Vox. "¿Conoce quién tomó la decisión de convocar el 1-O?". "El Govern de la Generalitat", responde Mas.

Turno para Artur Mas. Admite que conoce a los acusados y que mantiene con ellos una relación de respeto, pero que esta no le impedirá decir la verdad. Explica que ha estado procesado y condenado por desobediencia a una pena de inhabilitación.

Marchena fija que pasan la declaración de Roger Torrent para el próximo 4 de marzo.

Concluye la declaración de Tardà.

Pregunta la defensa de Cuixart. Sobre el día 20, le inquiere si fuera de la conselleria había una pareja de los Mossos y otra de la Guardia Civil. "Yo diría que sí, había una situación de normalidad. No me sentí violentado, ni que las personas estuvieran tensas, sino una indignación de vivir una situación anómala y, desde mi punto de vista, inmerecida". Tardà asegura que no recuerda si cuando llegó allí ya habían periodistas encima de los coches de la Guardia Civil que acabaron destrozados.

Pregunta ahora la abogada de Forcadell, que interroga a Tardà si el Congreso ha aprobado alguna norma importante por la vía de la lectura única, como se tramitaron las leyes del referéndum y la de transitoriedad jurídica los días 6 y 7 de septiembre del 2017. "Sí, la reforma de la Constitución y la del Tribunal Constitucional. Yo he vivido trámites parlamentarios de leyes de enjundia que se han aprobado por esta vía".

Tardà recuerda que la entonces portavoz del PSOE Margarita Robles registro una moción para reprobar a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por "la represión del 1 de octubre". "Queda claro que la sorpresa, la indignación, no afectaba solo a los que la vivimos directamente, sino a cualquier demócrata, personas tan alejadas de nuestras tesis como la señora Robles, escandalizada, indignada a raíz de los actos vandálicos que avergüenzan una democracia. Lo que ocurrió es que el día 3 de octubre el Rey hizo un discurso en el que se avalaba el 'a por ellos' y el PSOE retiró la moción", señala.

Cuando llegó allí habían unas 200 personas, acudió porque escuchó en el taxi que se estaban concentrando ciudadanos a las puertas de la conselleria. Niega haber visto ningún acto de violencia. "Al contrario, aplaudieron palabras muy sensatas, que no vale la pena ningún objetivo político, ni la unidad de España ni la independencia de Catalunya valen una mínima violencia", explica.

"La movilización ciudadana no es una forma de coacción al Estado, sino una forma de reivindicación para hacer avanzar las libertades sociales. Es un factor de progreso en la medida en que es la expresión de la libertad individual", señala Tardà, que recuerda ahora que el día 20 de septiembre del 2017 a la concentración frente a la Conselleria, puesto que se encontraba en Barcelona recuperándose de un accidente. "Fui allí y me dirigí a los ciudadanos para reclamarles sobre todo que no se cayera en ninguna provocación, que había que evitar cualquier violencia, yo tenía miedo que hubiera infiltrados, que no podíamos descarrilar porque sino no valía la pena, y que votaríamos", explica.

Turno para la defensa de Junqueras y Romeva, que pregunta a Tardà por ERC. "En alguna ocasión han especificado cómo quieren conseguir la independencia?", pregunta Andreu Van den Eynde. Marchena le interrumpe. "Haga preguntas en relación con los hechos", le reprende.

La abogada del Estado pregunta a Tardà si conoce a Josep Maria Jové, quien fuera número dos de Junqueras. "Claro, es una excelente persona", añade, antes de negar conocer el documento EnfoCATs.

"Mi actividad como diputado siempre ha estado dentro del marco de mis competencias y siempre actuado bajo las normas democráticas. Estuve en las reuniones de mi partido, acudo a todas las reuniones de mi organización política, y como diputado participo en muchas comisiones", afirma Tardà, preguntado por si había mantenido alguna reunión con alguno de los acusados. "Por supuesto, he mantenido reuniones con miembros de mi partido", añade. Vox acaba su turno de pregunta.

"¿Fue el referéndum una idea preconcebida de separación?", pregunta el abogado de Vox, que es interrumpido por Marchena para que no pregunte sobre lo que pensaban los acusados y no lo que pensaba el testigo. "Tenemos que evitar esto, porque si no desnaturalizamos la prueba testifical", añade el juez.

Fernández pregunta: "El 28 de julio del 2018 escribió en Twitter: la negativa de PP y PSOE a dialogar el qué y el cómo  nos obligó a autodeterminarnos". Tardà afirma que no lo recuerda pero que es lo mismo que le dijo a Rajoy en el Congreso cuando todavía era presidente del Gobierno.

Pregunta el abogado de Vox, Pedro Fernández. Tardà responde diciendo que va a hablar en catalán a Vox. Marchena le interrumpe y le dice que los testigos están obligados a contestar en castellano, que no tiene derecho a hablar en catalán. "Este juicio está inspirado en la venganza", empieza Tardà. Marchena vuelve a interrumpir: "De acuerdo con nuestro sistema el testigo es alguine que se pone al servicio de la administración de justicia para esclarecer los hechos. No puede hacer valoraciones políticas, pese a su condición de diputado".

Comparece Joan Tardà. Explica que tiene una relación de "compañerismo y amistad" con alguno de los acusados, aunque niega que ello vaya impedirle decir la verdad.

El presidente de la sala, Manuel Marchena, quiere hacer constar una cuestión de orden para evitar interrupciones. "Es recordar que nuestro derecho no reconoce la figura del testigo opinante que hace juicios de valor. Es un tercero que viene a explicar exclusivamente sobre lo que percibió por sus sentidos. Es algo que tiene todos presentes pero conviene no olvidarlo para evitar interrupciones por parte de la presidencia del Supremo", dice.

Se reanuda el juicio al 'procés'.

En el pleno del Parlament, el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha preguntado a la 'consellera' de presidencia, Elsa Artadi, si el Govern destina fondos públicos a la manutención de Carles Puigdemont en el extranjero. Artadi le ha agradecido que "ponga a Puigdemont en el centro del debate político" y ha asegurado que "no está fugado porque hasta ellos saben donde está". Carrizosa ha insistido en el presupuesto de la oficina del expresidente y ha advertido de que "apoyar a un fugado puede suponer un delito de malversación de fondos públicos y encubrimiento". La también portavoz del Govern le ha emplazado a "denunciar lo que quiera para dejar de calumniar públicamente" y ha explicado que la ley detalla el sueldo, la seguridad y las oficinas de los expresidentes de la Generalitat. "La oficina de Puigdemont no cuesta dinero porque está ubicada en dependencias de la Generalitat, como la de Mas, no como la de Maragall y Montilla". Asimismo, ha cargado contra el Gobierno por no permitir escolta a Quim Torra en sus viajes en el extranjero y ha sentenciado que Puigdemont "no recibe sueldo porque no lo ha pedido aunque tiene derecho, y que la Casa de la República se financia con dinero privado, el mismo que pagó el referéndum, el mismo que financia Òmnium Cultural. Lo pagamos entre nosotros porque somos así", ha zanjado, informa Júlia Regué.

Joan Tardà acaba de entrar al Supremo. Esperará en una de las salas que ha dispuesto el alto tribunal para que no coincidan los testigos que todavía no han declarado con los que ya lo habrán hecho.

En el Parlament, diputados de ERC y JxCat han acudido al pleno vestidos de blanco en solidaridad con el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El diputado de ERC Joan Tardà, en declaraciones a SER Catalunya, asegura estar "fresco como una rosa" ante la declaración de hoy en el Supremo. Asegura que, como es Vox quien le ha reclamado, se espera "cualquier bestialidad". "Se trata de decir la verdad, diré que nos hemos empeñado durante años y lo continuaremos haciendo para hacer prevaler la democracia", añade.

Mañana, seguirán las declaraciones de testigos con la intervención del lendakari Iñigo Urkullu, el diputado de ERC Gabriel Rufián, el exdiputado de los 'comúns' Albano Dante Fachin, el expresidente del Parlament Ernest Benach y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. Por la tarde, será el turno del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, el exportavoz de En Comú Podem Xavier Domènech, el secretario general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta,;el secretario de Afers Socials i Família, Francesc Iglesias; y el director del CatSalut, Adrià Comella.

Tras Tardà, pues, declararán el 'expresident' Artur Mas, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Por la tarde, a partir de las 16 horas, se reanudarán las testificales con la declaración del expresidente del Gobierno central Mariano Rajoy, a quien seguirá la excoordinadora general del PDECat Marta Pascal, la expresidenta del Parlament Núria de Gispert y los exdiputados de la CUP Eulàlia Reguant y Antonio Baños.

Según el orden fijado por el tribunal, el primero en declarar será el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà, a partir de las 10 horas. Tras él estaba previsto que testificara el presidente del Parlament, Roger Torrent, pero el lunes anunció que no acudiría por coincidir con el Pleno de la Cámara catalana. Fuentes jurídicas han informado de que no se adoptará ninguna decisión al respecto hasta el momento en que se constate dicha incomparecencia. El tribunal preguntará a la acusación solicitante de la prueba, Vox, si mantiene su reclamación y, en caso afirmativo, se adoptará la decisión oportuna.

Buenos días. El juicio al 'procés' se retomará este miércoles a las 10 horas con el inicio de la fase testifical. El tribunal ha reservado media hora para cada declaración, y ha concentrado las primeras veinte testificales entre hoy y mañana.

Hasta aquí la declaración de Carme Forcadell ante el Tribunal. 

"Yo renunciaría a mis convicciones si ello comportase un ápice de violencia. jamás he alentado un acto de violencia", ha asegurado. 

"Cuando se activó el 155, lo primero que hicimos fue desconvocar la Mesa y enviamos un correo a todos los trabajadores explicando el cambio de horario", ha asegurado. "No entiendo por qué soy la única juzgada por este tribunal cuando todos los miembros de la Mesa actuamos igual", ha zanjado.

"En todas las decisiones que tomamos creíamos que estábamos protegidos por la inviolabilidad parlamentaria", ha asegurado. 

"Solicité una audiencia con el rey para que nombre al presidente. El rey la declinó pero le nombró igualmente", ha asegurado. 

"El referéndum pretendíamos que fuera pactado", ha asegurado. 

"La resolución de la cuestión de confianza que daba lugar al referéndum no fue impugnada por el TC", ha asegurado. 

"El progrma ade Junts pel Sí no se llevó a la práctica porque no se aprobaron los presupuestos del 2016 y el president Puigdemont se sometió a una cuestión de confianza", ha asegurado. 

Termina la abogada del Estado, es el turno ahora para las defensas. 

"Ningún tribunal reprocha a ningún diputado el acto de firmar. No se registró, solo se firmó. No hay requerimientos sobre actos que no están registrados en el parlament", ha dicho. 

"Los informes del Consejo de Garantías Estatutarias no son preceptivos ni vinculantes", ha asegurado. 

"Un procedimiento ordinario, no es normal que se tramite en un solo día. Pero si lo es por lectura única o por el 81.3 que es como lo hicimos", ha asegurado. 

"Era una ley (la del referéndum) importante para Catalunya porqeu se presentó públicamente", ha asegurado. 

"No intervine en la elaboración de la pregunta del referéndum", ha asegurado. 

"No hablé para nada con Puigdemont el día 6 de septiembre", ha asegurado.

"No era habitual que me reuniera con el president para tratar temas parlamentarios", ha asegurado, "pero era la priemra vez que tendría lugar una cuestión de confianza". 

"La palabra en el Parlament tiene que ser libre. Se tiene que poder hablar de todo. Otra cosa son las consecuencias jurídicas del debate. No podíamos actuar preventivamente antes de que se debatiera", ha dicho. 

"La resolución 1/11 hablaba de muchas cosas, de la independencia también, pero hablaba de sanidad, de educación, de servicios sociales... Yo me sentía requerida a cumplir el reglamento del Parlament y respetar los derechos fundamentales. Me he sentido requerida también por el TC, pero nosotros teníamos que valorar bienes superiores y entendimos que después del cambio de jurisprudencia debíamos valorar los derechos de los diputados, la libertad de expresión y la inviolabiñlidad parlamentaria". Querían que censuraramos el debate, eso no es lo que debíamos hacer. Era imposible cumplir al sentencia", ha dicho. 

"Me está hablando de hace 4 años. No lo recuerdo exactamente. Pero sí recuerdo que el objetivo de la ANC era la independencia, es lógico que la hoja de ruta hablara de ello", ha indicado. 

"Queríamos que las elecciones fueran plebiscitarias. La independencia era el objetivo de la ANC, pero siempre de manera democrática y pacífica", ha asegurado. 

Rosa María Seoane retoma el interrogatorio. 

Termina la interrogación de la fiscal. Tras un parón de 15' interrogarán la abogacía del estado y las defensas. 

"La declaración de independencia era una declaración política. No era una farsa ni un sainete", ha dicho. 

"El 27-O se aprobaron dos propuestas de resolución y se leyó un preámbulo que era una declaración política pero no jurídica", ha explicado en referéncia a la declaración de independendcia. 

"Se votaron las resoluciones que eran de rechazo al 155 y sobre el proceso constituyente", ha explicado. 

"La declaración política se puso en el preámbulo y no se votó", ha añadido. 

"Después del discurso de Puigdemont no se votó nada, se firmó una declaración fuera del Parlament", ha asegurado. "La declaración no fue registrada en el Parlament, era política", ha añadido. "Se firmó fuera del hemiciclo en otra sala del Parlament", ha zanjado. 

"Cuando el president Puigdemont pidió comparecer, la Mesa lo admitió. Todos los grupos parlamentarios estaban de acuerdo", ha dicho. 

"El pleno del 9-O no se llevó a cabo porque el TC lo había suspendido. Yo lo admití a trámite igual que hacíamos con el resto de los trámites que estaban correctos en forma", ha dicho. 

"Estoy absolutamente en contra de los escraches porque creo que todos los hemos sufrido en un momento u otro", ha asegurado. 

"Agradecí a las personas que se comportaran pacíficamente a pesar de la violencia policial", ha dicho. 

"No me plantee jamás que pudiera haber un enfrentamiento entre la ciudadanía y las fuerzas del estado. No me referí jamás en ese sentido al choque de trenes", ha insistido. 

"Faltaría más que en democracia tuvieramos que tener miedo. Votar no es ningún delito", ha dicho. 

"Entiendo que votar no es delito", ha añadido. 

"Estaba representando a los que votan sí y a los que votan no", hace referencia Forcadell sobre el vídeo visionado. 

"Pedí la libertad de mis compañeros y pedí a la gente que no cayeran en provocaciones", ha asegurado. 

"No entré al Departament pero tampoco nadie impedía la entrada", ha dicho. 

"Había mucha gente cantando con claveles en la mano", aseguera acerca del 20-S. 

Sobre la concentración frente al Departament de Economía, Forcadell ah asegurado que fue a animar a Junqueras. "Solo estuve unos minutos", ha dicho. 

"Dije que estaría al lado de los Mossos si las injerencias del estado eran arbitrarias e injustificadas", ha dicho. 

"Eso es absolutamente falso", dice Forcadell ante la acusación de que los Mossos no iban a someterse a las fuerzas del Estado. 

"No hice ningún llamamiento a la ciudadanía a votar el 1-O", ha explicado. 

"La Mesa no quería ignorar al TC, pero teníamos la obligación de defender la libertad de expresión y la soberanía del Parlament", ha explicado. 

"No podemos prohibir el debate en ningún parlamento democrático del mundo", ha esgrimido. 

"La ley del referéndum y la de transitoriedad fueron suspendidas", ha dicho. 

"No es obligatorio estimar las reconsideraciones", ha añadido. 

"Admitimos enmiendas de supresión de todo el texto. Esta tramitación es igual que la tramitación por lectura única", ha explicado. 

"Las leyes se tramitan en un día, por eso se alargó el pleno", ha explicado Forcadell. 

"La sidicatura electoral formaba parte de la ley del referéndum. Lo que se hizo fue nombrar a las personas que formarían parte. Para presentar las candidaturas se dio el tiempo que decidieron los grupos parlamentarios", ha explicado. 

"Yo no permito nada. Lo permitió el pleno", ha insistido. 

"Los letrados nos remiten informes jurídicos. Nosotros tomamos decisiones políticas", ha explicado. 

"Los informes de los letrados no son vinculantes. Sí nos advertieron sobre la ley del referéndum y la de transitoriedad", ha asegurado. 

“Les hicimos caso a los letrados cuando nos dijeron que advirtiéramos al pleno de que la votación podía ser inconstitucional”, ha asegurado.

Consulte aquí la resolución sobre "el inicio del 'procés' político en Catalunya como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre del 2015". 

"No es función de la Mesa controlar las disposiciones del Gobierno", ha asegurado. 

"Recuerdo perfectamente que esta querella se nos interpuso a 4 mimebros de la Mesa y no a los 5 que la habíamos admitido. El quinto no era independentista", ha explicado Forcadell. 

"El TC no ha interpuesto ningún recurso a la Mesa por la tramitación de los presupuestos", asegura Forcadell. 

"La Mesa tuvo que valorar los derechos fundamentales. Es un bien superior a la demanda Constitucional", esgrime Forcadell. 

"Esta propuesta de resolución era una resolución política y empezó y terminó en sí misma", ha explicado. "Se ratificaron unas conclusiones que ya estaban aprobadas y eso se hacía para dar relevancia política a la comisión", ha dicho. 

"Cuando el pleno está reunido, la Mesa solo puede ordenar el debate y dar palabra. El pleno es soberano y decidieron incluir ese punto en el orden del día", ha asegurado. 

"Yo no incluí la tramitación en la orden del día", ha asegurado Forcadell. "Fue el pleno", ha asegurado. 

"Yo respeto al Tribunal Constitucional, es decir, en ningún momento ningún miembro de la Mesa tenía en su voluntad desoír los mandatos del TC. En ningún momento. Es más, valoro los avances que ha hecho el TC en al defensa de los DDHH, pero considero también que en los últimos años ha habido una politización del TC y a la hora de juzgar determinados temas relacionados con Catalunya y temas territoriales ha usado criterios políticos en lugar de jurídicos", asegura Forcadell. 

"El único límite al debate es el respeto a los derechos humanos. Lo que queríamos debatir no era así", ha asegurado Forcadell. 

"¿Cómo puede convertirse la mesa de un parlamento en un órgano censor? No se puede permitir que entre la censura en el parlamento. 

"Los derechos fundamentales no cambian. Pueden cambiar los magistrados y la jurisprudencia pero los derechos no y nosotros siempre los hemos defeniddo", ha explicado Forcadell. 

"Toda la jurisprudencia que yo conozco era que no había que entrar en el fondo de las tramitaciones ni valorar su constitucionalidad", ha explicado. "La esencia de la democracia es que la palabra en el Parlamento tiene que ser libre", ha añadido. 

"En la historia del Parlament solo se han inadmitido a trámite dos propuestas por cuestión de fondo", ha explicado Carme Forcadell. Eran iniciativas populares. 

"No es potestad de la Mesa del Parlament valorar la constitucionalidad de las tramitaciones parlamentarias", ha insistido Forcadell. 

Marchena llama la atención a la sala. Ha sonado un móvil. 

"No soy jurista pero no creo que sea necesario para ser presidenta del Parlament", ha defendido Forcadell, licenciada en filosofía y licenciada en ciencias de la comunicación. 

"Me limité a cumplir con mi cargo de presidenta del Parlament. No cree ni seguí ninguna estrategia", ha dicho. 

"Yo me enteré que sería presidenta del Parlament una semana antes de que se celebrara el pleno en el que me eligieron", ha asegurado Forcadell. 

"No tuve nada que ver con el programa político de Junts Pel Sí", ha explicado. 

"Cuando se creó la coalición de Junts pel Sí, nos llamaron (a Romeva, Casalis y a mi) a formar parte de la lista como independientes", ha asegurado. 

"Las hojas de ruta de la ANC las hacen comisiones y son aprobadas en asamblea", explica Carme Forcadell. 

Tras protestar por el catalán, Carme Forcadell explica su etapa al frente de la ANC a la exfiscal genral del Estado Consuelo Madrigal. 

Carme Forcadell responde a las preguntas de la Fiscalía. "La ANC en sus estatutos dice que su objetivo es conseguir la independencia de Catalunya de forma democrática y pacífica", ha asegurado la que fuera presidenta de la ANC desde el 2012 al 2015. 

Forcadell ha empezado reivindicando el uso del catalán y lamentando que no haya traducción simultanea. 

Carme Forcadell pide empezar el interrogatorio con unas palabras, pero Marchena le pide que lo explique después. 

"Hoy hemos asistido a la declaración de un hombre íntegro, de un pacifista, un humanista, un luchador por las libertades. Hemos asistido a un alegato histórico en defensa de la no violencia, la desobediencia civil y el derecho de autodeterminación, aquí en Madrid, en el Supremo", ha señalado.

Un alegato "en defensa del derecho a tener derechos", ha opinado Torra, que ha considerado que Cuixart ha esgrimido derechos como la "libertad de expresión, de concentración, de manifestación, de protesta o de autodeterminación". "No se podía decir más claro", ha apuntado.

Quim Torra, visiblemente emocionado, ha destacado este martes el "histórico alegato" del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en el Tribunal Supremo, en el que ha defendido, a su juicio, las libertades y la "no violencia, la desobediencia civil y la autodeterminación".

El Tribunal Constitucional ha denegado por unanimidad la petición de Junqueras, Romeva, Jordi Sánchez, Turull y Rull de suspender de modo provisional la decisión del Tribunal Supremo que le impide el ejercicio de cargo público. La sentencia rechaza por prematuro el recurso de amparo de Puigdemont, Ponsatí y Puig contra el auto de procesamiento del Supremo.

Carme Forcadell, a través de sus abogados, ha presentado una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la desproporcionalidad que considera que tiene la prisión preventiva, medida que la expresidenta del Parlament cumple desde el pasado 23 de marzo.

Finaliza la sesión matinal del juicio a Jordi Cuixart. Se reanudará a las 16 horas.

El abogado y teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, tilda de "lección magistral" la defensa de Cuixart sobre la desobedencia civil.

Lliçó magistral de Cuixart sobre el significat de la desobediència civil. Un contrast amb una vergonyant ignorància de la Fiscalia sobre el significat del dret a la manifestació #EndavantCuixart #JudiciFarsa

— Jaume Asens (@Jaumeasens) 26 de febrero de 2019

Cuixart defiende que él no causó daños en los coches de la Guardia Civil y que durante todo el día reiteró que no hubiese violencia. 

Se proyecta en la sala otro vídeo en el que se ve a Cuixart pidiendo a los que quedaban el 20-S por la noche frente a la 'conselleria' de Economía de que se largasen, que la protesta ya había sido desconvocada.

La defensa de Cuixart pide que se vea un vídeo del 20-S en el que su defendido pide que si se detecta a alguien "con actitud violenta o provocativa" se le aisle.

Cuixart: "El planteamiento del 20-S nunca fue impedir el registro de la 'conselleria'"

Cuixart: "Nunca hemos planteado las manifestaciones de òmnium para doblegar al Estado".

Los trabajadores del Parlament se concentran en un acto de apoyo a la expresidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell.

Acaban las preguntas del fical Jaime Moreno. Cuixart responde a su abogada, Marina Roig.

Cuixart: "La desobedencia civil tiene la no violencia como a única forma de protesta. Nunca se me habría ocurrido pedir a la gente que se enfrentase con policías armados".

Cuixart: "Los ciudadanos españoles deberían estar orgullosos de que aquí se ha producido el mayor episodio de desobedencia civil de Europa".

El fiscal pregunta ahora sobre los tuits de Cuixart que animaban a la movilización el 1-O: "Como más gente saliera a la calle, más se demostraba que un 80% de la población quería un referéndum".

Cuixart: "Hicimos llamas a la población para que participara en la celebración del 1-O".

Cuixart: "Ningún tribunal interpeló a los ciudadanos para que no votasen en el 1-O"

Se reanuda el juicio con Jordi Cuixart, que sigue respondiendo a las preguntas del fiscal Jaime Moreno.

Un periodista de la Cadena Ser ha relatado el encontronazo que ha tenido con cuatro agentes de la Policía Nacional al intentar acceder al Supremo. "Me han insultado, zarandeado y dicho si tenía problemas mentales", ha denunciado. 

El incidente de un periodista de la SER con la Policía en el Supremo: "Me han insultado, zarandeado y dicho si tenía problemas mentales" https://t.co/I90WppNXMd @aitor_alvarez relata su encontronazo con cuatro agentes de la Policía pic.twitter.com/kXHsftkqkd

— Cadena SER (@La_SER) 26 de febrero de 2019

Ada Colau también muestra su apoyo a Jordi Cuixart en Twitter.

#EndavantCuixart
Endavant president d @omnium, home de cultura i pau.
Endavant amb la llibertat d’expressió, el dret a manifestació i la defensa de drets i llibertats fonamentals.
Endavant amic @jcuixart, sempre endavant i una fortíssima abraçada que travessa tots els murs. https://t.co/dQRbzTtiI6

— Ada Colau (@AdaColau) 26 de febrero de 2019

Finaliza el fiscal su turno de preguntas. El juez aprovecha para hacer la pausa matinal. El juicio se reanudará a las 12.30 horas.

La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha advertido de que en el juicio del 'procés' se intenta convertir derechos fundamentales en delitos, mientras que el teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens (BComú), ve también en "riesgo" derechos y libertades fundamentales.

En declaraciones ante el Tribunal Supremo, en una jornada en la que declaran la expresidenta del Parlament y de la ANC, Carme Forcadell, y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, Paluzie ha acudido en apoyo de ambos dirigentes en lo que ha tachado de juicio de la "vergüenza". Paluzie ha lamentado que se juzgue a Forcadell por "haber permitido el debate parlamentario sobre las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica y por ejercer sus derechos democráticos".

Cientos de personas están siguiendo durante esta mañana en la calle Diputació de Barcelona la delcaración de Cuixart en una pantalla gigante habilitada por Òmnium Cultural.

Más reacciones al juicio a Cuixart. El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, que considera que "lleva más de 1 año injustamente en prisión provisional".

Hoy está declarando en el juicio por el «Procés» el activista social @jcuixart Como el resto de acusados, lleva más de un año injustamente en prisión provisional. A muchos no-independentistas también nos estremece verle ahí teniendo que defender una convocatoria pacífica.

— Alberto Garzón�� (@agarzon) 26 de febrero de 2019

El fiscal Jaime Moreno le ha preguntado en su interrogatorio por un tuit que lanzó a las 8.28 horas del 20 de septiembre de 2017 cuando, al poco de conocerse los registros en las diversas consellerías y oficinas de la Generalitat, dijo que el Estado "llegará hasta donde le dejemos". "Si yo escribo aquí esto es que tengo conocimiento de que el dictador se murió en la cama", ha señalado, pero que la democracia la consiguió la sociedad española, se ganó con las movilizaciones y las manifestaciones y "nadie está cuestionando en Cataluña que vivir en democracia está en manos de la ciudadanía".

Y ha aseverado: "el Estado de derecho no está por encima de la democracia, porque el franquismo también era un Estado de derecho"

Cuixart: "Hubieron unos daños de los vehículos que hemos lamentado todos los responsables de la convocatoria. Creo que son los vehículos más lamentados, a nivel de daños, de toda la historia de la democracia".

La Secretaria General de ERC, Marta Rovira, ha publicado un tuit condenando las preguntas de la Fiscalía.

Que surrealista veure un gran home com @jcuixart d'una entitat centenària com @omnium contestant preguntes sobre tuits, #botifarrada, correus electrònics, modificacions a webs. O són conscients del que estan fent i creuen que podran seguir pel mateix camí, o no en tenen ni idea.

— Marta Rovira Vergés�� (@martarovira) 26 de febrero de 2019

Cuixart: "Por aquel pasillo pasó una multitud de gente sin problema. Se podía pasar perfectamente. Lo que no entiendo es como se hizo un registro sin ninguna planificación".

Cuixart: "No es cierto que la comitiva judicial no tuviera capacidad de movimiento. Se creó un pasillo durante todo el día".

El fiscal pregunta a Cuioxart sobre los siete vehículos de la Guardia Civil. "Cuando llegué, hacia las 12 horas, vi a medios de comunicación encima de los vehículos. De los coches dañados no soy consciente hasta las 00.30 de la noche cuando se despeja la zona y veo que, realmente, había daños. No era consciente para nada. A mí que se rompan las cosas me molesta, sean mías o no. Lo lamenté públicamente en La Sexta que se produjeran daños, y lo repito ahora. No responde a la actitud del movimiento soberanista". 

Cuixart se queja de una pregunta del fiscal sobre uno de sus tuits: "No puedo entender que se me cuestione por haber pedido que se aislasen las actitudes violentas (el 20-S)".

El juez Marchena recimina por segunda vez a Cuixart el uso de expresiones coloquiales.

Cuixart: "Mis declaraciones ante el juez instructor eran para salir de prisión a cualquier precio. Tras 500 días en la cárcel, mi prioridad es la resolución del conflicto político con Catalunya, no salir de prisión".

Cuixart: "Los responsables de la violencia del 1 de octubre no es de los ejecutores, es de los mandos operativos"

El tribunal tendrá que decidir a lo largo del día de hoy si tiene en cuenta la alegación del presidente del Parlament, Roger Torrent, para acordar un retraso de su declaración, prevista para este miércoles, tras recibir una carta suya en la que alega su obligación de estar en el Pleno de la Cámara autonómica convocado para ese día. Torrent envió el lunes una misiva en la que informaba al presidente de la sala de que el miércoles hay pleno en la cámara catalana y por lo tanto no puede acudir a declarar como testigo en el juicio del 'procés'.

En principio, Torrent estaba citado este martes, pero la imposibilidad de terminar con las declaraciones de los acusados la pasada semana obligó a retrasar el inicio de las declaraciones de los testigos. Por tanto, tras la declaración del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Cuixart: "El sentimiento a favor del autogobierno en Catalunya va más allá del soberanismo y el independentismo".

Cuixart: "Cuando ustedes nos han metido en la cárcel, tanto a Jordi Sànchez como yo nos hemos convertido en referentes en Catalunya"

Torra está acompañado en la sesión de este martes por el vicepresidente del Parlament y diputado de JxCat, Josep Costa, el senador Josep Lluis Cleries y la consellera de Empresa, Ángels Chacón.

Cuixart: "No hubo violencia, ni el 20 de septiembre ni el 1 de octubre. Lo dicen todos los medios"

Cuixart: "El 20 de septiembre supone un punto de inflexión"

Cuixart: "No todo empieza y acaba en Òmnium y la ANC. La sociedad catalana es mucho más participativa y reacciona masivamente cuando ve sus derechos amenazados"

"Asumimos el papel que tuvimos el 1-O como agentes movilizador", defiende Cuixart. 

Cuixart: "En España se clausuraron páginas web como pasa en Turquía, sin orden judicial, en las vigílias del 20 de septiembre y el 1 de octubre".

 "El objetivo de Òmnium Cultural es fortalecer la democracia de Catalunya", responde Cuixart de las preguntas sobre la campanya 'Crida per la democràcia'.

El fiscal Moreno centra su interrogatorio en las campañas de movilización ciudadana de Òmnium.

Los abogados de VOX han llegado tarde a la sesión y no entrarán a la sala hasta después de la pausa. También lo hará por la misma razón Meritxell Borràs. 

El 'president' Quim Torra ha animado a través de Twitter a Cuixart y Forcadell antes del juicio: "Adelante, presidente Cuixart, adelante, presidenta Forcadell. Siempre adelante! #YoAcuso".

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha asegurado este martes, parafraseando al rey Felipe VI, que "en una democracia plena" el juicio del 'procés' no se debería celebrar, y ha defendido al líder de esta entidad, Jordi Cuixart, como un "hombre de paz" que "no ha cometido ningún delito". En declaraciones en la madrileña plaza de las Salesas, junto al Tribunal Supremo, donde este martes declararán Cuixart y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, Mauri ha cargado contra un proceso judicial que ha tildado de "injusto".

Y ha ironizado respecto a las palabras de Felipe VI hace dos días en las que aseguró, en el discurso pronunciado en la cena de inauguración del Mobile World Congress en Barcelona ante el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que España es uno de los veinte países reconocidos internacionalmente como "democracia plena".

Cuixart responde al fiscal po rel termino 'Tsunami democrático'. "Cuando queremos un tsunami deomocrático, pedimos más democrácia por el conjunyo del Estado español, no solo por Catalunya".

"La preguntas enlazan afirmaciones que tengo que ir desmontando desde el principio", se queja Cuixart al juez Marchena por las preguntas del fiscal Moreno.

Cuixart: "Seguiremos defendiendo los derechos fundamentales pase lo que pase".

"Yo soy un preso político, no un político preso", ha afirmado Cuixart defendiendo su papel como activista.

Cuixart: "Òmnium es una entidad eminentemente independentista y, sobretodo, estamos por el derecho de autodeterminicación. Yo mismo soy independentista y republicano, y estoy seguro de que aquñí no se está juzgando mi sentimiento republicano".

Estas son las penas que Fiscalía y Abogacía del Estado piden para Cuixart.

Fiscalía: pide para el presidente de Òmnium Cultural 17 años de cárcel y 17 de inhabilitación absoluta  por un delito de rebelión como promotor o jefe principal.

Abogacía del Estado: 8 años de cárcel y 8 de inhabilitación absoluta por sedición.

Por parte de la Fiscalía le pregunta el fiscal Jaime Moreno. Sus primeras preguntas van dirigidas hacia la actividad de Òmnium Cultural, entidad que preside Cuixart.

De este modo, Cuixart no responderá ni a las preguntas de la Abogacía del Estado ni a Vox. 

Empieza la sesión. Jordi Cuixart responderá a las preguntas de la Fiscalía y de las defensas.

El juicio está a punto de empezar. La hora prevista era a las 9.30 horas, media hora antes de lo que venía siendo hasta ahora.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado que lamenta haber suspendido en octubre del 2017 los efectos de la declaración de la independencia de esa región. "Bueno, mi arrepentimiento es del 10 de octubre (2017) cuando se esperaba que ese día se declarase la independencia de Catalunya y yo decidí suspender los efectos de esa declaración. Creo que ese fue un error", afirma Puigdemont en una entrevista a la cadena pública británica BBC desde Bélgica, donde tiene fijada su residencia.

El senador del PDECat Josep Lluís Cleries cree que con el juicio a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, queda en evidencia "que se quiere coartar la libertad y la democracia".

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha sido acompañado hasta el despacho de la jefa de gabinete del Tribunal Supremo. A diferencia de la semana pasada, su presencia ha pasado inadvertida por el público que esperaba para entrar al juicio y no ha sido recibido con aplausos a diferencia de la semana pasada

El PP no acompañará al expresidente del Gobierno y exlíder del PP Mariano Rajoy en su declaración como testigo en el Supremo, el miércoles por la tarde. Fuentes del partido han explicado que están en conversaciones "constantes" con Rajoy, que tiene "apoyo absoluto" del PP, pero que no quieren montar ningún "numerito" en el tribunal por petición expresa del expresidente.

Esta será una semana clave para Vox en el juicio. Hasta ahora su papel ha sido prácticamente nulo porque ninguno de los acusados ha querido responder a sus preguntas. Pero con el turno de los testigos la acusación ultra podrá participar porque los testigos están obligados a contestarle. 

Cuando finalicen las declaraciones de Cuixart y Forcadell, empezará la fase de declaración de los testigos, entre los que figuran Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Joan Tardà o Gabriel Rufián.

A través de su cuenta de Twitter, rumbo al Supremo, Cuixart ha recordado a su predecedora en Òmnium, Muriel Casals, y a Xirinacs y ha señalado que pensar en ellos "derrota la injusticia" y que "luchar por la libertad es un privilegio". "No pasarán", añade.

Camí del Suprem penso en els presos polítics d’arreu del món, en la Muriel i en Xirinacs. Saber que sempre hi sou derrota la injustícia. Poder lluitar per la llibertat és tot un privilegi. No passaran!#JoAcuso

— Jordi Cuixart (@jcuixart) 26 de febrero de 2019

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, declaran este martes en el Supremo en el marco del juicio del 'procés'. Los dirigentes independentistas presos han salido a primera hora de la cárcel rumbo al tribunal.