"Mi prima de 21 años falleció por un fallo multiorgánico y nunca sabremos el porqué"

El 21 de abril mi prima de 21 años se levantó temprano para alisarse el pelo. Era presumida y tenía una lección por Zoom. Era una niña llena de vida, de salud y de amor, con unos padres que vivían para ella y un novio que la acompañaba desde hace seis años. En tres horas se empezó a encontrar mal, tuvo un fallo multiorgánico y nos dejó. Sin más explicaciones. Pese a lo insólito de la situación y los muchos precedentes de sepsis y reacciones inflamatorias en casos de coronavirus nadie le hizo (ni a ella ni a sus padres) la prueba del covid-19. No han permitido que se le haga una autopsia: fallecía a las tres de la madrugada y a las cinco de la tarde se la habían llevado para incinerarla. Sin más explicaciones.

Todos entendemos que estamos en circunstancias excepcionales, y hemos dado al Gobierno poderes excepcionales para excepcionalmente limitar nuestras libertades, impedirnos trabajar, frenar nuestra economía y poner nuestra salud psicológica y la de nuestros hijos en riesgo. Pero estas facultades excepcionales no son ilimitadas, se circunscriben a lo que sea necesario para contener la epidemia y tienen un límite muy claro y muy preciso en las explicaciones. Tenemos derecho a que se limiten a lo estrictamente necesario y proporcional.

Tenemos derecho a saber por qué se muere una niña sana de 21 años: es un derecho humano que, entre otras cosas, ha servido para abrir tumbas de la guerra civil.

Nosotros, por desgracia, no podremos ver reconocido nuestro fundamental derecho a saber porque lo han reducido a cenizas.