"Si alguien sin recursos se queda sin defensa, falla el derecho a la justicia"

Recibí un procedimiento monitorio presentado por un bufete de abogados. Aunque la cuantía era inferior a 2.000 euros y la ley no exige abogado, yo no disponía de medios económicos para pagarme uno, ni de la preparación jurídica necesaria para enfrentarme a profesionales. Por ese motivo acudí al Colegio de Abogados para solicitar justicia gratuita. En el Colegio se me indicó que no me correspondía.

Insistí en la situación de indefensión en la que me encontraba, explicando que no podía asumir el coste de un abogado y que la otra parte era un despacho profesional. Solo tras esa insistencia se me redactó un escrito para presentarlo en el juzgado. El juzgado lo admitió y paralizó el procedimiento, quedando a la espera de que se resolviera mi situación. Durante meses, nadie se puso en contacto conmigo. No se me requirió documentación ni se me notificó resolución alguna. Sin embargo, al consultar mi Carpeta Ciudadana descubrí que la justicia gratuita había sido denegada.

La denegación se basaba en una supuesta solicitud de justicia gratuita presentada a mi nombre que yo nunca había realizado, y en la que se afirmaba que no había aportado documentación que jamás se me había requerido. A pesar de ello, ese documento fue aceptado, sin comprobación, por el Colegio, la Generalitat y posteriormente por el juzgado. Cuando recurrí, el asunto pasó al juzgado, pero tampoco entonces se revisó el origen del problema. La resolución judicial reprodujo los mismos argumentos, incluso con los mismos errores.

El resultado fue una indefensión real frente a un despacho profesional. Yo puedo seguir recurriendo, pero sé que esto no me ha ocurrido solo a mí. Cuando el sistema deja sin defensa a quien no tiene recursos, no falla un procedimiento: falla la esencia misma del derecho a la justicia.