"Ahora se cuestiona la última reforma penal porque rebaja las penas a presos etarras"

Cuando llegó la democracia, estábamos regidos por el Código Penal de 1944, reformado en 1973 y en 1989 para quitarle los ripios más retrógrados. En 1995 se pretendió crear un Código Penal 'ex novo', que sería el negativo complementario de la Constitución del 78.

Es, por tanto, una ley orgánica relativamente joven, aunque la hemos tratado como si fuera viejísima, sometiéndola a continuas reformas. Desde su publicación, ha sufrido 51 modificaciones que, por imperativo legal, han de hacerse mediante leyes orgánicas aprobadas por la mayoría absoluta. Un ímprobo esfuerzo legislativo para “endurecer” la norma y ganarse a un electorado muy “exigente” al respecto.

La relación de los españoles con lo penal es visceral y a veces, bárbara, entendiendo por barbaridad la pretensión de negar al otro su condición humana, al que es afín a ti, pero que se convierte en un réprobo porque su conducta es percibida como una amenaza, por muy improbable que sea, por lo que puede ser sometido a cualquier medida coercitiva o de privación sin que le tiemble el pulso al grupo social que crea la sanción, y mucho menos al ejecutor material de la pena.

Alguien debería hacer pedagogía social y enseñarnos a utilizar la razón y la prospectiva social cuando exigimos penas cada vez más duras para mayor número de conductas sancionables, sin evaluar la utilidad pública o las consecuencias que pueden tener para los condenados y su entorno.

Y aquí estamos, en octubre de 2024, cuestionando la última reforma penal porque alivia la privación de libertad de gente que lleva presa más de 20 años.