Tolerancia cero

La brutal agresión racista claramente gratuita sufrida por el joven asiático en el metro de Barcelona no es y, por ende, no debe ser, en ningún caso, tratada como un asunto menor. Restar importancia a su trascendencia es cerrar los ojos ante el evidente crecimiento de la xenofobia y el alto precio que todos corremos el riesgo de pagar si decidimos o preferimos hacer la vista gorda.

La premeditación que parece caracterizar este acto, habida cuenta de la grabación nítida de los hechos por un compañero del agresor, despeja toda duda sobre su posible aleatoriedad y pone en evidencia el carácter sumamente peligroso del agresor y, sobre todo, de sus ideas. Frente a estos actos de violencia con un contenido claramente racista y discriminatorio, el Estado de derecho debe responder con el máximo rigor posible: la policía ha de perseguir a quienesquiera que cometan estos actos, al igual que a cualquiera que, de forma directa o indirecta, aliente su comisión; los tribunales, pieza clave de todo Estado de derecho, deben dejar caer todo el peso de la ley sobre los que se desmarcan de las líneas claramente trazadas por la sociedad e infringen las normas legales establecidas.

Es importante recordar el alcance de la dignidad humana, que, según el premio nobel de economía indio Armatya Sen, debe ser entendida como el derecho de todos a tener derechos por el mero hecho de ser humanos. Entre otros, el derecho a tener derecho a no ser agredido por los rasgos físicos, el origen, la orientación sexual, la raza o el género. Dicho en otros términos, el derecho a vivir en una sociedad en la que estos factores no sean determinantes para la seguridad o el libre desarrollo de la personalidad.

Un Estado de derecho no se puede rendir frente a la delincuencia de unos cuantos y debe garantizar, por todos los medios legales, la paz social y la seguridad de todos los ciudadanos. En este sentido, las penas impuestas por los tribunales, además de guardar clara proporcionalidad con los actos cometidos, deben ser suficientemente persuasivos para conseguir que los potenciales delincuentes desistan de cometer semejantes actos. Los que lleguen a serlo deben ser encerrados, aislados de la sociedad el tiempo necesario para su 

eventual rehabilitación. No se puede permitir que determinadas personas o grupos hagan peligrar la convivencia en la sociedad, el respeto hacia el otro y, lo más importante, la seguridad ciudadana.

Esta agresión del joven asiático por otro de origen ruso no es una mera pelea de jóvenes, como muchos quieren justificar; se trata de una vergonzosa agresión inspirada en ideas altamente peligrosas e incompatibles con un Estado democrático de derecho, por lo que es muy preocupante e inaceptable. El acto atenta contra la dignidad de este joven, que ha sido discriminado y agredido. La sociedad debe condenar enérgicamente esta agresión, bajo el riesgo de que las próximas se dirijan contra otros colectivos, bien sea por su orientación sexual, su forma de pensar o cualquier otro factor rechazado por estas ideologías absurdas e enfermizas.

El papel de la educación es crucial para evitar que estos hechos tengan lugar. Los padres, ayudados por los maestros, deben contribuir a forjar la personalidad de sus hijos, inculcándoles determinados valores básicos como el respeto. Además de la educación de los más jóvenes, se debe concienciar a la sociedad en general sobre el peligro que la acecha si no reacciona frente a estas situaciones y deja que se implementen determinadas ideologías violentas. Y, en caso de que todos los demás mecanismos fallen, el derecho penal, como último recurso, debe garantizar, sin excepciones, el estricto cumplimiento de las leyes.

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Puesto que la pena encuentra una de sus mayores y legítimas justificaciones en el consentimiento del delincuente al delinquir, la sociedad y el Estado de derecho, en estos casos, deben decretar tolerancia cero. Quien delinque consiente y, por cierto, asume.

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