La cinquena setmana del judici

El exjefe de los Mossos sostiene que informó al 'conseller' de todas las órdenes que recibían de la fiscalía. "Yo trabajo desde la confianza de que el cargo político va a guardar el secreto de las actuaciones de la fiscalía", se justifica Trapero sobre por qué vulneró el secreto que decretaba el ministerio público.

Sobre las declaraciones de Forn diciendo que los Mossos garantizarían el voto, Trapero sostiene que en el cuerpo se "encajaban muy mal". "Hubo un momento en que hicimos un comunicado para decir que no estábamos de acuerdo con lo que decía el señor Forn", relata.

El fiscal le pregunta por las razones del relevo de Forn por Jané. "Creo que por la deriva política. Estaba incómodo. Estábamos incómodos los dos. No quería sufrir ningún tipo de riesgo", recuerda. Sobre el director de los Mossos, Albert Batlle, el exmayor considera que fue por unas declaraciones de Forn en las que no demostró demasiada confianza en Batlle.

Pregunta ahora la fiscalía.

"Los Mossos cerraron 139 colegios, 250 no llegaron a abrir y el hubo 104 intervenciones de ARRO, que en algunos casos lograron sacar a la gente y convencerla y en otros se situaron ante la puerta", afirma. Niega que se modificaran 11.000 actas aquel día. "Lo que escribieron los Mossos está depositado en el TSJC. El equipo que revisó las actas. Ven que las actas no recogían detalles como la actividad de las comisarías o cuándo habían llegado refuerzos o si se había intervenido, y elaboran una ficha para apuntar los datos que faltaban y se sacaron los datos definitivos, más fiables. Y prueba de su fiabilidad es que son inferiores a los que en un principio se dijo", añade.

El exmayor explica que en el informe elaborado para dar cumplimiento al orden de fiscalía se señaló que serían necesarios 40.000 agentes de los Mossos, un número que el cuerpo no posee. "El escenario que nos planteó fiscalía dejó de existir a partir de la orden de la magistrada, la tarde del 27 de septiembre", subraya. Los 40.000 agente eran para un escenario que planteaba aquella instrucción que no tenía nada que ver con el que planteaba la magistrada. Evitar el 1-O eran muchas cosas y se podía hacer de muchas maneras. Fiscalía decía que había que hacer un cerco de 100 metros alrededor de los 2.300 colegios electorales y hacerlo desde el viernes. Fiscalía iba a centros privados, cosa que no recogía la del TSJC. Ante esa instrucción hicimos los cálculos y planteamos los problemas", añade.

Trapero niega una relación entre la orden del fiscal de precintar los colegios y la iniciativa Escoles Obertes.

Trapero admite que se envió una circular a los Mossos en la que se comunicó que no se compartía la coordinación de Pérez de los Cobos. "En el cuerpo había mucha preocupación, este mensaje intentaba trasladar tranquilidad". Y recalca que finalmente se respetó la orden del fiscal, a pesar de no compartirse.

Trapero explica que fue a las reuniones de coordinación los días 21, 23, 25 y 27 de septiembre, pero al resto no porque consideró que eran de tipo "técnico". Admite que rechazó la elección de Pérez de los Cobos como coordinación de los tres cuerpos policiales.

Trapero niega que hubiera informes de inteligencia derivados de las instrucciones de la fiscalía y el TSJC. "Las órdenes de fiscalía no tienen ninguna vinculación con informes de inteligencia", subraya. Explica que no se puso en conocimiento de la fiscalía informes de situación, posibilidades... de la comisaría de información porque no se creyó que fueran de su interior y, además, no se les habían requerido. Se ponían en conjunto con los otros dos cuerpos policiales en las reuniones de coordinación. Sí que se les facilitaban algunos informes a los políticos, "los que se consideraban importantes". Trapero explica que cambió este envío con Forn. A Jané se le pasaban todos los informes porque así lo pedía, en cambio Forn solo requirió los que se consideraran importantes.

"El dispositivo Ágora era para dar seguridad ante unos momentos que Catalunya está en un momento de conflictividad, de movimientos sociales que apuntan en una dirección y otros en otro, en prevención de conflicto", señala Trapero. Niega que fuera para facilitar el referéndum. "No tiene nada que ver el dispositivo Ágora con el cumplimiento de la orden judicial", añade.

Sigue preguntando Vox.

Se retoma la sesión.

Marchena ordena un receso de 30 minutos.

Rechaza que Forn modificase el dispositivo. Lo propuso su jefe de gabinete, y en un párrafo de la introducción, y finalmente no se realizó. "Es un dispositivo de seguridad de tipo gubernativo, y Forn tenía todo el derecho del mundo como 'conseller' de hacer modificaciones", explica.

Sobre el dispositivo Ágora, Trapero explica que se diseño ante la tensión social que se vivía en Catalunya y con la previsión de que fuese en aumento. "Es un dispositivo gubernativo, no tienen nada que ver con las órdenes judiciales, para cubrir esas necesidades de protección de personas que se consideraba que podían tener un riesgo, protección de dependencias de la Generalitat, instituciones del Estado, judiciales... Ese dispositivo tenía que haber entrado en vigor en 4 de septiembre, pero lo hizo más tarde, el 12. Hubo un desfase de dos semanas por los atentados. Tenía vigencia hasta mediados de octubre", añade.

Trapero niega que se asesorara cómo evitar el control de llamadas de teléfonos y de correos a dirigentes políticos. También sostiene que periódicamente, cada seis meses aproximadamente, se hacían barridos en los despachos de los cargos públicos en busca de micrófonos.

Sostiene que aquel día se desplegaron unos 300 efectivos de orden público. Las primeras unidades llegaron a las 9.15-9.30 horas.

El exmayor defiende que el comisario Ferran López habló decenas de veces con el comandante de la Guardia Civil.

"Pedimos a la Guardia Civil que nos avisase con una o dos horas de antelación cuando hubiesen acabado, para hacer el cordón que les permitiese salir", explica Trapero. Sobre el pasillo de los voluntarios, destaca que no era incompatible: "Evitaba un contacto directo del pasillo de la Brimo con las personas allí concentradas", insiste.

Trapero insiste en que el cordón de seguridad en la Conselleria de Economia empezó sobre las 22 horas, pero que media hora más tarde les llegó la información de que el registro se podía alargar horas, por lo que se decidió retirarlo.

Sobre el registro en la sede de la CUP, Trapero sostiene que en aquel momento no supo por qué se suspendió, que se enteró más tarde de que fue porque no había una orden judicial.

El exmayor explica dos incidentes aquella noche: un lanzamiento de una botella a dos mossos frente al teatro Colisium porque les confundieron con guardias civiles; y otro cuando un grupo de gente se saltó el cordón de la ANC y se pusieron frente a la brigada móvil para intentar impedir su labor.

"Es verdad que tuvieron que esperar a que acabase la obra porque la hubiese visto el público, pero no es verdad que saliese camuflada entre el público. Tuvieron que esperar porque el responsable del teatro llega un momento que le dice que no le dan permiso para salir. Pero tras esto, yo le dije a la persona que dirigía este operativo que salieran bajo mi responsabilidad", continúa Trapero.

Trapero explica que planearon aquella salida porque considerábamos que era segura. "No íbamos a plantear una cuestión que fuera insegura. Cuando planteamos una cápsula de 20 agentes era porque no podíamos permitir que un objeto lanzado desde fuera diese a alguien de la comitiva", señala. Sobre la decisión final de sacar a la secretaria judicial por la azotea, Trapero afirma que el cordón policial ya se había desmontado porque habían recibido informaciones de que las diligencias se estaban alargando. Tras hablar con el juez, unos minutos antes un intendente le informó de que habían encontrado una salida alternativa. Por eso le ofrecieron a la secretaria esta salida, para ahorrar el tiempo de volver a montar en cordón.

"Nosotros estuvimos hablando todo el tiempo con la Guardia Civil. Con la comitiva judicial solo hablamos una vez después de la llamada del juez", continúa. "El auxilio a la comitiva judicial se hizo a través de la Guardia Civil en todo momento", añade. "Garantizábamos un cordón policial de la brigada móvil (antidisturbios) de unos 35 metros. A esa hora, preparando el dispositivo de salida teníamos previsto el cordón policial de la brigada móvil, después del cordón de la ANC, también habían entre 15 y 20 agentes de escolta de paisano y la idea era que dentro de esa cápsula saliera la comitiva judicial", explica.

Sobre la llamada del juez de instrucción del 13 de Barcelona, Trapero explica que este le dijo que la secretaria judicial estaba dentro, que quería salir y no podía. "Nos quedamos extrañados porque eso no lo estábamos viviendo. No era esa la percepción que teníamos", sostiene antes de recordar que habían montado un cordón policial.

"La intendente Laplana estuvo desde las 8.30 horas de la mañana hasta las 10.30 de la noche", explica antes de decir que habló con ella en una ocasión aquel día.

Empieza preguntando sobre la concentración de la conselleria de Economia el día 20 de septiembre. Trapero admite que realizó muchas llamadas a Jordi Sànchez y recibió "unas cuantas" de él. "Yo hablo de tres cuestiones con él. Antes de eso hay una llamada del 'conseller' Forn que me dice que me llamaría el señor Sànchez para intentar mediar en los hechos que estaban sucediendo en Economia. Yo con el señor Sànchez el mensaje que me da es que en la medida que pueda y con la gente que tenía ascendente, intentaría ayudar. Antes de la 1, las llamadas fueron para poner en contacto a los operativos de los Mossos en el Departament con un tal Xabi. Luego, alrededor de la 1.30, les pido que nos ayuden a hacer un cordón de voluntarios del servicio de orden para que hagan un cordón previo al cordón policial para pemitir entrar a los detenidos. Las últimas llamadas son a raíz de una llamada del presidente del TSJC, preocupado por las imágenes que estaba viendo, le digo que estaba en contacto con la Guardia Civil, con la ANC, y él me pedía que garantizase la salida de la comitiva judicial", explica. "Me implico personalmente en esa concentración, más de lo que me hubiera implicado en otra", señala.

Empieza preguntando Vox.

La abogada de Trapero pide realizar unas breves consideraciones. Marchena le recuerda que ella no es parte en este procedimiento, sino un simple testigo. "No podemos darle a usted una intervención, su intervención se limita exclusivamente a decirle esta sí, esta no. La sala ve con absoluta naturalidad tanto si decide responder como si no, usted solo puede dirigirse a él con monosílabos"

A su lado se sitúa su abogada, Olga Tubau.

Declara ahora Trapero.

Acaba la declaración de Teresa Prohias.

Prohias explica también que cuando hay una campaña de carácter gratuito, no hay expediente de contratación.

"No se hizo ningún gasto vinculado al referéndum desde el Departament de Presidència", asegura la testigo.

Turno para las defensas.

Pregunta Vox. Prohias insiste en que la nota de entrega a Unipost no se podía pagar porque la Generalitat estaba intervenida por el Ministerio de Hacienda.

"Lo que yo sé respecto a la urgencia del expediente de Civisme era que estábamos a septiembre y había poco tiempo para realizar la campaña, así se consideró por los impulsores de la campaña", explica Prohias.

Prohias explica que la CCMA no factura directamente a la Generalitat. Seoane le pregunta por una factura en concreto que sí que se facturó directamente a Presidència. La testigo insiste en que para ello es necesario un expediente de contratación que ampare este gasto y señala que ella no contó con ningún expediente de un encargo hecho desde Presidència a la CCMA.

"Los encargos a Unipost se hacía a través de una aplicación informática", explica Prohias. La abogada del Estado le pregunta por unas notas de entrega a Unipost salidas de cinco departamentos de la Generalitat el 7 de septiembre del 2017. "Yo solo puedo responder de los trámites que hacemos de manera legal y ordinaria. Solo podemos hacer expedientes de acuerdo con la norma", añade.

Tiene la palabra la abogada del Estado Rosa María Seoane.

"La web referendum.cat no la hizo la Generalitat, eso sí que lo comprobé. Presidència era titular del dominio, que se había registrado en el año 2006 con ocasión del referéndum sobre el Estatut. No sé quien hizo la web", responde la testigo, que asegura no conocer tampoco a quién se le encargó la inclusión en esta web de datos sobre el 1-O.

"La única manera que tenemos nosotros de pagar facturas es que haya expedientes de contratación, y en este caso no había expediente", prosigue Prohias.

Desvincula la campaña 'Civisme' de los anuncios que difundieron la tele y la radio públicas catalanas sobre el referéndum. "Yo sé que la CCMA difundió unos anuncios determinados, poer no sé si era de la campaña 'Civisme' porque quedó desierta", señala.

"Se determinó que 'Civisme' era una campaña urgente", recuerda Prohias, que sostiene que firmó el expediente el secretario de Difusió, Antoni Molons. "Consta en el expediente que es de carácter urgente", insiste, al tiempo que asegura que no relacionó la urgencia con el referéndum.

La fiscal se detiene ahora en la campaña 'Civisme'. "Vi el expediente, obraba en la secretaria de Difusió. No había expediente de diseño, solo de inserción de publicidad en medios de comunicación", explica. "El expediente quedó desierto", añade, antes de explicar que la campaña de registro de catalanes en el exterior se impulsó desde la Conselleria de Exteriors. Asegura que el diseño lo realizó el Estudi Dadà. Dice que se prestó el servicio y se facturó, aunque no se abonó el importe. "Nos llegó una petición de información por parte de la fiscalía y posteriormente se nos informó que se habían abierto diligencias judiciales, por lo que solicitamos informe a la asesoría jurídica para ver cómo teníamos que actuar. Nos recomentó suspender el pago", sostiene.

El exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero ya ha llegado al Supremo. Finalmente, está citado a declarar a las 11.30 horas.

La testigo insiste en que no se hizo un pedido, por lo que ella no lo supervisó ni tramitó nada. "No existe ningún expediente por esta cantidad (200.000 euros) a Unipost", recalca.

Prohias asegura que no hubo ningún expediente de contratación de envío postal de material electoral, como papeletas, designación de miembros de mesa... Sobre el encargo de Unipost, sostiene que tuvo conocimiento de él a través de un requerimiento de la Guardia Civil posterior al encargo en cuestión. "Unipost era la adjudicataria del acuerdo marco de los servicios de mensajería de la Generalitat", explica y recuerda. "No había ningún expediente en Presidència que correspondiera al pedido que me enseñó la Guardia Civil", añade.

Empieza preguntando la fiscal Consuelo Madrigal.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, llama a declarar a la siguiente testigo: Teresa Prohias, directora de Serveis de Presidència.

Molons, investigado en el Juzgado 13 de Barcelona, se acoge a su derecho a no declarar.

Empieza el juicio. Declara Antoni Molons.

Ya por la tarde, será el turno de Jové (imputado por el TSJC), el exjuez Santiago Vidal y el expresidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional y exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver Pi Sunyer. Estos dos últimos también se encuentran investigados en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona por los preparativos del referéndum, causa que precisamente se abrió después de que Vidal reconociese que entre los meses de noviembre y diciembre del 2016 el Govern de Carles Puigdemont obtuvo de manera ilegal los datos fiscales de los catalanes para crear una Hacienda propia.

Tras Molons está citada Teresa Prohias, exdirectora de Servicios de la Conselleria de Presidència y que ya fue condenada por el Tribunal de Cuentas por su responsabilidad contable en la gestión del 9-N. Por la mañana también está previsto que comparezcan Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda y Función Pública bajo el mandato de Cristóbal Montoro, y David Badal, funcionario de la Direcció de Serveis de la Conselleria de Treball.

El primero en declarar este jueves, a las 10  horas, será el exsecretario de Difusió i Atenció Ciutadana, Antoni Molons, quien está imputado por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona en el caso sobre la organización del 1-O, por lo que podría acogerse igualmente a su derecho a no declarar. El nombre de este exalto cargo de la Generalitat ha salido en varias declaraciones de otros testigos, como en la de su subordinado Jaume Mestre, quien le señaló como responsable de promover la campaña 'Civisme'. Por otro lado, el diseñador gráfico Enric Vidal apuntó que cree que Molons era el "tal Toni" que le encargó redimensionar unos carteles para el referéndum.

Por su condición de investigado, Trapero podría negarse a testificar. Su abogado mantiene la incógnita, pero el hecho de que se haya cambiado la hora de su declaración ante Marchena (de la tarde a las 11 horas) ante el riesgo de que no le diera tiempo a intervenir permite intuir que el exmayor tiene ganas de hablar, informa Daniel G. Sastre.

Buenos días. Arranca una jornada que puede ser crucial para el juicio del 'procés', pues están citados a declarar como testigos el que fuera número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, a quien la Guardia Civil inacutó el documento 'EnfoCATs' y una agenda Moleskine en los que se hallaron planes para llevar a cabo la secesión; y el exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, quien será juzgado por rebelión por la Audiencia Nacional cuando acabe el proceso en el Supremo.

Mañana está prevista la declaración, entre otros, del que fuera número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, el exjuez Santiago Vidal y el exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero.

Acaba el testimonio de Albert Royo. Marchena anuncia que la declaración de los dos testigos señalados para esta tarde ha quedado aplazado para el día 27 de marzo. Se suspende, pues la sesión, hasta mañana a a las 10 horas.

"Nunca hemos actuado como delegación de la Generalitat" en el exterior, añade.

Sobre el programa de visitantes, Royo explica que la mayoría eran parlamentarios y también habían periodistas. "Ofrecíamos la posibilidad de sufragar los gastos, pero depende de la cultura de cada diputado. Hay parlamentos que sufragan este tipo de visitas...", destaca.

Royo niega haber recibido ningún requerimiento del Tribunal Constitucional.

"La ñúltima sesión fue un debate en Valencia en junio del 2016 con dos mesas, una académica y otra política, invitamos a todos los partidos de las Cortes valencianas y vinieron todos (...) Hemos buscado siempre esa pluralidad", continúa el testigo.

"El Diplocat organizaba seminarios, conferencias, talleres, intercamibos... los elementos habituales de la diplomácia pública. Nosotros no nos metíamos en el debate, sino lo fomentábamos aportando una pluralidad de puntos de vista", defiende Royo.

Turno para las defensas.

"El Diplocat no hizo ninguna acción a favor de l aindependencia ni del referéndum", señala el testigo.

Vox pregunta por un trabajador de Diplocat en Bruselas a quien Royo dio poderes en una cuenta abierta en Bélgica para poder pagar los gastos que se generaron allí.

Royo niega que el Diplocat se organizasen actividades sobre el referéndum. Y señala que en los actos que organizaron se esforzaron por recoger la pluralidad de opciones políticas.

Turno para Vox.

El exresponsable del Diplocat insiste: "Dimos total autonomía a los académicos que tenían que hacer el análisis político de Catalunya para que pudiesen hacer una labor absolutamente científica".

Sobre el grupo de expertos para realizar un trabajo académico sobre el 'procés', Royo sostiene que no organizaron reuniones. Dice que les dieron autonomía para organizarse ellos mismos y lo único que les dijeron fue que se vieran con el delegado del Gobieron y con alguien de la Generalitat para que tuvieran un marco general.

Sbore el Centro de la Haya para Estudios Estratégicos, Royo rechaza ningún contacto con este centro.

Se retoma el juicio. Pregunta la abogada del Estado.

Marchena ordena un receso de 30 minutos.

Rechaza que estas actividades tuvieran que ver con el referéndum del 1-O. "Diplocat no organizó el referéndum. Nos limitamos a hacer nuestro trabajo: explicar la realidad catalana en el exterior", subraya.

Royo explica que se realizó un proyecto para hacer una web con traducciones de artículos del diario 'Ara' al inglés. El importe era de unos 2.700 euros al mes. Y se hizo desde el 2015 al 2017. "Era una colaboración habitual", añade, y dice desconocer si se pagaron o no estas facturas.

Royo explica que tenían un grupo de expertos sobre la política catalana y que hablaron con una empresa para pagar a un experto en comunicación para que explicara las conclusiones del grupo de expertos. Finalmente, no se llegó a un acuerdo porque el experto en cuestión tenía otros compromisos, por lo que el dinero que se pagó como reserva, unos 50.000 euros, se acabó devolviendo. El testigo rechaza que fuera un dinero para pagar observadores.

"El Govern me preguntó si conocíamos alguna entidad de observadores internacionales. Pero no hubo acuerdo porque la entidad que buscamos se negó a participar porque no había acuerdo con el Gobierno central para organizar el referéndum", explica el exsecretario general del Diplocat.

"No me consta que en el 2017 hiciésemos ningún foro sobre el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre", insiste. Asegura que uno de los supuestos observadores internacionales que según la investigación fue invitado al 1-O recibió un emolumento del Diplocat no por esto, sino por participar en un foro organizado por esta entidad durante varios meses del 2017.

Royo rechaza haber pagado ningún honorario a observadores internacionales. "Nunca contratamos a observadores electorales", señala. La investigación sostiene que con su tarjeta de crédito se abonaron gastos de los observadores internacionales.

"Siempre ha habido una cierta tensión entre el Govern y el Diplocat. El Govern nos pedía trabajar más estrechamente, pero nos debemos a todos los patrones. Nosotros a veces implicábamos a la Generalitat, a veces colaborámos con Presidència y con las delegaciones en el exterior", responde el testigo.

"La aportación en el 2017 fue de 2,1 millones de euros, 400.000 euros menos que en el 2016", señala Royo, tras negar unas declaraciones de Romeva asegurando que se iban a aportar 3 millones. "No había ningún tipo de dependencia de la Generalitat, que era solo uno de los miembros de nuestro patronato", explica.

Royo defiende que en el Diplocat están presentes la fundación de cajas de ahorro, las universidades catalanas, el Barça... Y todas ellas hacen aportaciones económicas. Aunque admite que Diplocat está bajo el control financiero del Govern.

Royo explica que el presupuesto del Diplocat no lo decide el Govern, porque recibe aportaciones de otras asociaciones.

"El objetivo del Diplocat era hacer diplomacia pública: una práctica que nace en los años 60 en EEUU, poco conocida aquí, y que tiene como objetivo reconocer los activos de un territorio para atraer interés, talento, inversiones y establecer lazos de confianza entre la sociedad civil de este territorio con otro", explica.

Royo explica que el Diplocat es un consorcio público y privado que se rige por el derecho público.

Fue secretario general del Diplocat desde el 2015 hasta el 155.

Pregunta la fiscal Consuelo Madrigal.

Royo está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Aun así se muestra dispuesto a contestar.

Acaba el interrogatorio a Jaume Mestre y el tribunal llama a Albert Royo, exsecretario general del Diplocat.

Explica que él no decidía si las campañas eran gratuitas o de pago. Tampoco era él el responsable de la contratación de las campañas, por lo que no le correspondía a él gestionar las facturas. "No son mi responsabilidad las facturas", recalca.

Mestre explica que la campaña del registro de catalanes en el exterior incluía ventajas como la tarjeta sanitaria, el carnet jove, carnet de bibliotecas, colonias...

Turno para las defensas.

Mestre niega que tuvieran conexión ambas campañas, ni tampoco un objetivo último. Rechaza que tuvieran que ver con el referéndum del 1-O.

Mestre explica que quien decide lo que se puede gastar en las campañas es el secretario general. Que él solo tenía esta decisión en campañas pequeñas, que implican dos, tres o cuatro inserciones en prensa, entre 50.000 o 60.000 euros.

Ahora pregunta Vox.

Sobre la web del referéndum, que adaptó Teresa Guix, el testigo asegura que tampoco habló con ella y explica que se la contrató porque presentó el presupuesto más barato.

Mestre niega conocer quién trató con la CCMA de la inserción de los anuncios sobre el referéndum. Dice que tampoco se interesó por quién trató con la CCMA. "Que la CCMA lo emitiese o no no era mi responsabilidad, en todo caso, de la corporación", añade.

Mestre explica que no se pagó la factura a Estudi Dada porque Genovès le dijo que la campaña se encontraba en los juzgados. Señala que en trabajos posteriores sí que se les han abonado las facturas a esta y otras empresas implicadas en estas campañas.

Pregunta la abogada del Estado Rosa María Seoane.

El fiscal concluye sus preguntas pero antes pide al tribunal que se deduzca falso testimonio de este testigo. Marchena le recuerda que esto debe de hacerse cuando se dicte la sentencia. "Ahora no podemos saber si ha dicho o no la verdad", destaca.

"Yo no me ocupé de los carteles de la campaña de las vías", explica Mestre. "No sé nada", añade.

El testigo insiste en que no sabe si fue una campaña de pago, y que no sabe por qué se emitió en los medios públicos catalanes.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, advierte al testigo de que puede incurrir en falso testimonio, no solo mintiendo, sino alterando la verdad eludiendo preguntas.

El testigo también asegura desconocer si la campaña del referéndum fue de pago o no.

Mestre niega que hablara con la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals para que publicara la campaña. Una responsable de la CCMA declaró en la fase de instrucción que sí que fue él.

Sobre el anuncio de las vías del tren, Mestre explica que la vio a posteriori en los medios. Hubo dos partes, una en la que se mencionaba la capacidad del derecho a decidir y otra en la que se hacía referencia al 1-O.

Mestre asegura que no se hizo ningún anuncio de esta campaña porque el concurso quedó desierto. Explica que la empresa Carat renunció a la campaña por una cuestión de "reputación" porque "los medios no la aceptaban". Luego se adjudicó a Focus, que acabó renunciando también por cuestiones "económicas".

"La campaña Civisme tenía como objetivo promover valores democráticos en la sociedad", continúa Mestre, que señala que Antoni Molons ordenó hacer la campaña a finales de agosto para que se divulgase en septiembre. Estaba presupuestada en unos "dos millones y medio de euros". "Es una campaña potente, más fuerte que otras campañas", añade.

"Los dos expedientes son de Presidència, pese a que la campaña venía solicitada por Exteriors", subraya.

Mestre también explica que tampoco ha cobrado una UTE, aunque finalmente esta unión de empresas ha perdonado una deuda de 80.000 euros a la Generalitat. Tampoco se pagó a la empresa Focus por una campaña de difusión.

No recuerda qué cantidad facturó Estudi Dada por la campaña, pero sostiene que no cobró por el trabajo. "El director general, Ignasi Genovès, nos comentó que esta factura no se podía pagar", revela. Mestre habló con Estudi Dada para comunicarle que la factura no se iba a pagar; a día de hoy no se ha pagado y la agencia no la ha reclamado.

Admite que se realizó un cambio en la campaña diseñada por la agencia de publicidad. Exteriores dijo que tenía que incluise la expresión 'Sí o no', añade Mestre.

Explica que el 'briefing' de la campaña del registro de votantes exterior les vino del Departament de Exteriors.

El fiscal le pregunta si participó en la contratación de diseñadores y creativos y en la de espacios de publicidad en medios de las campañas sobre el registro exterior y la de 'Civisme'.

Empieza el juicio con la declaración de Jaume Mestre, responsable de Difusió Institucional de la Generalitat.

Los testigos previstos para esta tarde, los observadores internacionales Paul Sinning y Helena Catt, propuestos por la fiscalía y la Abogacía del Estado, han comunicado al tribunal del juicio del 'procés' que no comparecerán por encontrarse fuera de España.

En la sesión de ayer del juicio, un testigo identificó a Antoni Molons, exsecretario de Difusió i Atenció Ciutadana del Govern, como la persona que le encargó trabajos relacionados con el 1-O. Esta es la crónica de Ángeles Vázquez y Jesús G. Albalat.

Para la sesión de la tarde, el tribunal ha citado a a dos observadores internacionales del referéndum, el director del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya, Paul Sinning, y Helna Catt.

Parte de los gastos lograron ser documentados por la Guardia Civil, ya que el dinero correspondía a dos transferencias concretas realizadas por la delegación del Gobierno de la Generalitat en Bruselas a la sociedad The Hague Centre for Strategic Studies, que envió a los observadores.

Según uno de los informes aportados en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, el Govern destinó 217.656 euros a los gastos que generó la estancia de los observadores en Catalunya. De esta cantidad, se realizaron dos pagos desde una cuenta de la delegación de la Generalitat en la UE, cuyo responsable era Amadeu Altafaj, que hoy también debía declarar pero finalmente no comparecerá puesto que no tenía intención de responder a ninguna pregunta por su condición de investigado en otra causa.

Tras este testigo, está citado Albert Royo Mariné, exsecretario general del Diplocat y con cuya tarjeta se abonaron, según la Guardia Civil, los gastos de los observadores internacionales del referéndum.

Buenos días. A las 10 horas se retoma el juicio con la declaración de Jaume Mestre, que fue responsable de Difusión Institucional del Govern de Carles Puigdemont.

La letrada de la Administración de Justicia se pondrá en contacto con el exdelegado de la Generalitat ante la Generalitat ante la Unión Europea Amadeu Altafaj para constatar que, como ha anunciado en la sesión de esta mañana su abogada, no declarará por estar imputado en otro procedimiento. De esta forma se evita que deba trasladarse mañana al Tribunal Supremo desde Bélgica, donde reside.

Termina de declarar Enrique Mary. Queda suspendida la sesión hasta mañana a las 10, cuando se procederá a seguir con la declaración de más testimonios

"Enric Vidal es quien me aprobó el presupuesto y me habló de la Generalitat", ha asegurado. 

"Para este encargo solo em relacioné con Enric Vidal. venía referenicado por Òmnium que es un cliente histórico nuetsro. No hacía falta más", ha dicho. 

"El presupuesto era de 17.250 euros", ha asegurado. 

"Me dijo Enric Vidal que la factura debía hacerla  a la Generalitat y que pagaría la Generalitat. Les corría mucha prisa tener el material impreso", ha dicho. 

"Había mucha prisa por tener el material impreso", ha asegurado "Comentó por encima que había menos posibilidades de que lo incautara la Guardia Civil si lo dividían en varias empresas", ha dicho. 

"No recuerdo si me dijo que era el anuncio de las vías del tren. Tampoco me dijo quién debía facturar ese trabajo. Normalmente cuando Òmnium encargaba, facturaba la propia asociación o partidos políticos", ha explicado. 

"El trabajo era relacionado con el referéndum. Me llamó Aitor Sempere, de Òmnium, para un presupuesto urgente. Eran carteles, dípticos...", ha dicho. 

Declara ahora Enrique Mary, de la empresa Artyplan. "Òmnium es cliente desde 2004", ha asegurado. 

"Ya he declarado delante de la Guardia Civil. Recibí una llamada telefónica y un correo electrónico. Nunca una citación. He declarado en el juzgado 13", ha dicho justo antes de irse. 

"Redimensioné los carteles y pensaba cobrar por este trabajo. Soy autónomo y trabajo por dinero, pero finalmente no lo cobré", ha dicho. 

"El tal Toni no me explicó por qué me había llamado a mí. Mi nombre es público y tengo una web", ha dicho. 

"No tenía ni idea de cómo se haría el pago ni me lo preguntaron", ha dicho. 

"La reunión del Hotel Colón duró entre 5 y 10 minutos", ha asegurado a las preguntas de la Abogacía del Estado.  

El diseñador gráfico Enric Vidal declara ante el tribunal del ‘procés’ que “supone” que “el tal Toni” que le encarga redimensionar carteles de la campaña Civisme, en los que aparecen unas vías de tren, y llevarlos a imprimir es Antoni Molons, que era secretario de Difusió y Atenció Ciudadana del Govern.

Asegura que no está seguro, pero lo deduce de las noticias que vio sobre su arresto el 15 de marzo del año pasado. El testigo sostiene que lo llevó a imprimir, como el “tal Toni” le había pedido, pero no cobró por intermediar ni lo facturó.

"No había prisa para hacer los carteles, no había una fecha de entrega", ha dicho.

"El tal Toni al prinicpio me cogía el teléfono, después dejó de hacerlo. Nunca cobré ese trabajo ni lo intenté", ha asegurado. 

"No sabía que esos trabajos eran para la Generalitat", ha asegurado. "Lo supe después de todo el encargo, cuando abrí el cartel", ha dicho. 

"Me dieron un presupeusto que reenvié al señor Toni, pero no recuerdo el valor", ha dicho. 

Tensión entre la Fiscalía y Jordi Pina, abogado defensor de varios de los acusados por un email que no está referenciado. 

"No era mi problema si debía hacerse un concurso", ha asegurado. 

"El cliente me dijo más o menos la cantidad de carteles que quería y yo lo trasladé a las empresas. Supe que era para el refréndum al abrir el archivo, no antes", ha dicho. 

"Me reuní con un tal Toni en el Hotel Colón y me pasó un USB con el que yo debía trabajar y redimensionar el cartel para después mandarlo a las imprentas", ha dicho. 

"No le pregunté como se apellidaba, igual que hago con mis clientes", ha asegurado. 

Enric Vidal es diseñador gráfico y realizó diseños para Òmnium y la ANC. "Mis trabajos eran remunerados", ha explicado el diseñador que ha asegurado que le "llamó Toni para encargarme un cartel publicitario para imprimir. Solo había que redimensionar".

Retoman los interrogatorios a los testigos del juicio del 'procés'. 

Los dos jueces del tribunal del 'procés' que forman parte de la Junta Electoral Central se abstuvieron ayer de participar en el debate relativo a los lazos amarillos y no lo harán respecto a ningún asunto que pueda tener relación con los candidatos presos o con la vista oral.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho del juez Santiago Vidal a reingresar en la carrera judicial, después de la sentencia del Tribunal Constitucional declarase inconstitucional el artículo 367.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Vidal, que fue suspendido por tres años por falta muy grave, deberá ahora concursar para obtener plaza.

Marchena suspende la sesión hasta las 16 horas.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, responde a la defensa a Meritxell Borràs que lo que no le puede decir es "tranquilo, no vengas". La abogada Judith Gené le había preguntado por Amadeu Altajaf, citado para declarar mañana, pero no lo hará por estar imputado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona Como reside en Bélgica solicitaba que se le eximiera de comparecer para decir que no declarará. La Sala le dará una respuesta esta tarde, mientras tanto Marchena le ha dicho a la abogada que le dijera lo que "considere oportuno".

Tras la personación de la Guardia Civil, la responsable de recursos humanos de Artyplan envió un correo a toda la plantilla para pedir que no se trabajase más para este encargo. También sostiene que preguntó a producción el importe del presupuesto del encargo, que ascendía a 17.200 euros. Por último, afirma que Òmnium Cultural aparecía como cliente de la empresa porque era cliente de Artyplan desde hacía muchos años.

Comparece ahora como testigo la directora de recursos humanos de la imprenta Artyplan, Rosa Maria Sans Travé. La sede de esta empresa, sita en Sant Feliu de Llobregat, fue registrada por la Guardia Civil.

Sans admite que recibió un encargo sobre el referéndum del 1-O, pero que tuvo conocimiento de ello cuando se personó la Guardia Civil en su empresa. Asimismo, dice desconocer quién hizo el encargo de la publicidad del referéndum ni de dónde vino el encargo de material.

Empieza el juicio con la declaración de José Oriol González. Está imputado en el juzgado 13 y no quiere declarar. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le informa de que puede no decir verdad y que no le perjudicará en la causa de Barcelona. No obstante, González decide no declarar.

En un principio para este martes también estaban citados dos guardias civiles -cuya identidad no se revela en el documento judicial de citaciones-, que fueron los responsables del informe de policía judicial sobre el cerco a la Conselleria de Economia el 20 de septiembre de 2017. Estas declaraciones se han aplazado hasta el próximo día 26 de marzo, a petición de las defensas que alegaron "el corto espacio de tiempo del que disponen para la preparación de las defensas de sus intereses", según una diligencia de ordenación dada a conocer este lunes de la letrada judicial del tribunal que preside Manuel Marchena.

Para la sesión de la tarde está previsto que comparezcan el diseñador gráfico Enric Vidal Famadas, quien presuntamente hizo de intermediario entre la Generalitat y otras empresas. Por último, cerrará la décimo quinta jornada del juicio el empleado de Artyplan Enrique Mary Yriarte.

El primer testigo que declarará este martes, a partir de las 10 horas, será el propietario de la empresa Buzoneo Directo José Oriol González. A este le seguirá la responsable recursos humanos de la imprenta Artyplan -cuya sede en Sant Feliu de Llobregat fue registrada por la Guardia Civil- Rosa María Sans.

Buenos días. Retomamos el relato del juicio por el 1-O y todas sus repercusiones.

Con su negativa termina la sesión de hoy y se retomará el juicio mañana a las 10h. 

Hasta aquí la declaración de Antonio Manuel Santos, es el turno ahora de David Palanques, Responsable de comunicaciones y telecos de CTTI, pero ha decidido no decalrar porquee stá investigado en otro proceso. 

"No tenía ninguna relación con las tarifas de Unipost. Si me hubieran dado alguna instrucción de silenciar alguna cosa de este encargo no lo hubiera puesto por escrito", ha dicho. 

"Yo lo que trataba de comunicar a mis jefes era el número de unidades que hay que repartir a cadauno de los números postales", ha asegurado. 

"Mi superior me aseguró que nos llegarían unos certificados de la Generalitat que habría que enviar al día siguiente. No sé si se facturó porque no tenía relación con facturación", ha asegurado. 

Santos era jefe de producción de las delegaciones de Barcelona capital y Badalona. 

Termina el interrogatorio a Francisco Juan Fuentes y declara ahora Antonio Manuel Santos, también trabajador de Unipost. 

"Unipost estaba en concurso de acreedores, si un buen cliente nos pedía un favor, se lo hacíamos", ha dicho. 

"Si hubiera llegado el alabrán habría quedado claro a qué departamento debíamos imputarlo, habría un documento firmado de encargo de remesa... Pero no lo había", ha dicho. 

"Los envíos los trajo un transportista diciendo que era un encargo de la Generalitat. De hecho era visible que era de la Generalitat, las cartas llevában el logo", ha dicho. 

"De las más de 40.000 cartas incautadas, solo 2.000 eran certificadas, por eso las considerábamos ordinarias", ha dicho. "No se siguió ningún procedimiento porque no había albarán, y sin ello no trabajamos", ha dicho. 

"No se abrió ningún sobre delante mío durante el registro", ha asegurado. "Para nosotros eran cartas ordinarias, es verdad que había cartas certificadas, pero no eran la mayoría", ha explicado. 

"En el registro de Terrassa no hubo problemas por nuestra parte", ha asegurado. 

Fuentes era el responsable de repartos de Unipost y director de la plataforma de Catalunya y Baleares. 

Termina el interrogatorio de Albert Planas. Declara ahora Francisco Juan Fuentes, también de Unipost. 

"Unipost solo se dedica al reparto. En relación con la manipulación, la Generalitat debía tener contratada a otra empresa", ha dicho. 

"No se factura nada sin orden de trabajo ni alabrán. En este caso aun no teníamos, así que las cartas estaban paradas en almacén", ha dicho. 

"En las puertas de Unipost había gente cantando pero yo pude entrar sin nigún problema", ha dicho. 

"No sabía que eran cartas del referéndum solo sabía que eran de la Generalitat", ha dicho. 

"Las cartas eran de designación de los responsables de las mesas del 1-O", ha dicho. 

"Según la Guardia Civil, se nos requisaron 52.000 cartas", ha dicho Planas tras asegurar que "no eran certificadas porque esperábamos instrucciones del cliente". 

Albert Planas, de Unipost, responde ahora a las preguntas de la Fiscalía. 

Para esta tarde, está previsto que declaren Juan Fuentes, empleado de Unipost, y el responsable de producción de esta empresa, Antonio Manuel Santos. Tras ellos, será el turno del encargado de proyectos del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), David Palanqués.

Concluye el testimonio de Quevedo. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, suspende la sesión hasta las 16 horas.

A preguntas de la abogada de Cuixart, Marina Roig, Quevedo explica que el helicóptero se activó el 20-S en el momento en que se tuvo conocimiento de que podía haber armas en los coches de la Guardia Civil.

"La Comisaría General de Información planteaba un escenario con carácter general de resistencia pacífica", apunta el testigo.

Pregunta el abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van del Eynde.

"Dejando la calle vacía quizás se podría haber llegado a 12.000 efectivos", señala Quevedo, que considera que esta cifra tampoco permitido cerrar muchos más colegios.

"La intervención de orden público del 20-S fue contumaz, tuvo lugar a las 2 de la mañana y recuerdo que fue porque a través de las imágenes del helicóptero se veía que había individuos sacando objetos de los coches de la Guardia Civil. Eso hizo que se activara la petición de intervención de los efectivos de orden público.

Quevedo señala que solo hubo una transmisión a las 9.10 de un lista de 230 agentes donde se requería el apoyo, y asegura que cree recordar que se prestó el apoyo en 12 o 13 centros solo.

Quevedo afirma que según el auto de la magistrada, no se podían cerrar los colegios por las actividades lúdicas organizadas los días previos al 1-O.

Quevedo reitera que Forn no participó en el diseño del operativo de los Mossos.

El abogado de Forn pregunta si tras su toma de posesión modificó el organigrama del cuerpo. "Que yo recuerde, no", contesta el testigo.

Preguntan ahora las defensas.

Marchena llama al orden a Vox por preguntar sobre la quema de documentos de los Mossos porque se sigue en otro proceso judicial.

"En algunos colegios electorales había personas que querían impedir la actuación de los efectivos policiales", admite el exjefe de planificación de los Mossos.

Sostiene que Forn no intervino en el diseño del dispositivo. Y el señor Trapero, su preocupación era tener el mayor número de efectivos disponibles. "Fue el propio mayor el que forzó algún incremento de efectivos y esa indicación fue la que provocó que se activaran esas unidades no acostumbradas a trabajar en dispositivos", señala Quevedo.

Quevedo explica que se aportaron todos los efectivos disponibles adecuados a la tipología del dispositivo. "Había más efectivos, pero hay matices. De la plantilla de 16.500 hay unos 800 efectivos que no tienen capacidad operativa, hay un nivel de absentismo de entre el 10 y el 12% y no podemos abocar la totalidad de la plantilla en un dispositivo porque se debe prever que antes y después del dispositivo deben trabajar otros efectivos", subraya.

Turno para Vox.

"El señor Forn estuvo en el centro de coordinación central el 1-O, pasó sobre las 8 de la mañana, estuvo unos minutos y se fue", añade, tras negar haber recibido ninguna orden de Forn aquel día.

"La realidad fue que no fuimos capaz de poder llevar a cabo en muchos de los centros el cumplimiento del auto judicial con dos mossos en cada centro", admite.

Sobre el diseño del operativo del 1-O, Quevedo apunta que su comisaría se encargó de la organización y distribución de los efectivos a partir de las directrices del mayor Trapero y el comisario general Ferran López. "En este dispositivo, por primera vez que yo recuerde, se activaron efectivos de unidades que no actúan nunca como dispositivo policial, como asuntos internos, personal de apoyo... Este tipo de personas o bien ya llevaban mucho tiempo sin hacer calle o que no usaban uniforme. Eso aportó 800 agentes más al dispositivo. También se tuvieron que alquilar vehículos para el dispositivo. Creo que no ha habido precedentes de esto", añade.

Quevedo señala que para la salida de la secretaria judicial de la conselleria se intentó arbitrar un pasillo de salida y luego por la parte superior del edificio.

Explica que el 20-S se improvisó un centro de control ante las actuaciones de la Guardia Civil y para dar apoyo a los Mossos. "Llegó a haber destinados o comisionados a la conselleria un número de agentes que llegó a 300", recuerda

"A partir del 22 de septiembre se modifiaron las condiciones laborales de diferentes efectivos policiales para poder tener más capacidad operativa. En los días previos y posteriores al 1-O hubo mucha mayor concentración de manifestaciones", apunta Quevedo.

Quevedo explica que se montó el dispositivo Ágora a principios de septiembre ante las numerosas concentraciones y manifestaciones que se estaban convocando.

Concluye el interrogatorio del fiscal. Pregunta ahora la abogada del Estado.

El exjefe de planificación de seguridad de los Mossos  insiste en que en términos generales se expuso que el 1-O habría una alta movilización de personas y que podría haber algún problema de seguridad en diversos supuestos.

En la reunión del día 28, a la que asistió Quevedo, explica que Castellví explicó con mayor detalle el clima de tensión, y se les transmitió su disconformidad con expresiones de miembros del Govern. Entre ellas, las del 'conseller' Forn. "Había un elemento que creíamos que se estaba usando muy inadecuadamente, y era la cuestión de los principios de actuación. El Govern proyectaba en términos de opciones, de contraposición entre los principos de actuación y el cumplimiento del mandato judicial, como si hubiera que decidir si una cosa tenía prevalencia sobre la otra. Nos quejamos de esa utilización y dejando claro que no eran elementos en absoluto contrapuestos. En esa reunión no dijeron ustedes tienen que mantener la conviviencia y después cumplir el mandato judicial. El señor Junqueras creo recordar que lo que dijo es que él creía que no habría ningún tipo de resistencia, que cuando los agentes intervinieran en los colegios iban a dejar que pacíficamente actuaran. Y el señor Puigdemont dijo que el Govern tenía un mandato que cumplir y que lo iban a cumplir y llevar adelante, que entendía nuestras razones pero que tenían un mandato avalado por los resultados electorales y que iban a llevar adelante sus planes", explica.

Quevedo asegura que en una reunión el día 26 de septiembre de los mandos de los Mossos con Forn y Puigdemont, el cuerpo transmitió su preocupación por el clima de tensión en Catalunya. "De la reunión del 26 el mayor Trapero, me dijero que la cosa no ha ido bien y para que viese el Govern que los mandos del cuerpo tenemos una absoluta unidad de acción me dijeron que sería bueno que vinieras tú también el día 28 en el Palau de la Generalitat", recuerda.

Quevedo sostiene que se previeron "medidas de refuerzo" como la llegada de 450 agentes de la Brimo y 450 de la Arro, que son unidades de intervenció y antidisturbios. Una parte de la Brimo se encargó de vigilar otros actos y manifestaciones en Barcelona que tuvieron lugar el 1-O. "Todo cuerpo policial tiene que tener reservas de agentes de orden público por lo que pueda suceder", subraya. "No se pudo dedicar agentes de la Brimo a cerrar colegios".

"No es adecuado hablar de un dispositivo de Mossos o de un dispositivo de la Guardia Civil o de la Policía porque era obvio que había un ámbito de coordinación entre los tres cuerpos y en ese dispositivo conjunto, el planteamiento que aportó el cuerpo de Mossos era un contingente muy importante de efectivos para conseguir un objetivo muy ambicioso, conseguir la presencia de fuerza policial en todos y cada uno de los centros de votación previstos. Esta presencia tenía el cometido, en aquellos casos que fuera posible, de proceder al cierre del centro, desafortunadamente eso solo pudo ocurrir en 24 ocasiones a primera hora; en segundo lugar, tener una información veraz y directa de todo lo que ocurría en los centros de votación para poder activar otras medidas de refuerzo", señala el comisario.

"Desafortunadamente, el cumpliento del auto judicial no se pudo llevar a cabo en su integridad. Lo que hicimos fue cerrar e inhabilitar el máximo de centros de votación que fue posible. Conseguir la inactividad absoluta de 2.300 centros de votación que estaban previstos en Catalunya, si no se pudo realizar en su totalidad a partir de todos los efectivos que se aportaron, es obvio que no se pudo cumplir el auto en su totalidad. El 1-O en el cuerpo trabajaron unos 7.500 agentes. En una jornada electoral se destinan entre 2.500 y 3.000 efectivos", sostiene Quevedo.

"No era mi competencia valorar las actividades que se hacían en las escuelas en los días previos al referéndum".

"Una de las advertencias que se les hacía era que era falso que no tendrían ninguna responsabilidad si abrían los colegios el 1 de octubre. Se visitaron todos los centros de votación, se identificaron a unas 2.000 personas como responsables de los centros y se levantaron 400 actas", continúa Quevedo. Estas actuaciones se realizaron los días 29 y 30, a consecuencia del auto del juez, y otras en días previos en cumplimiento de la orden del fiscal.

Quevedo explica que el mayor Trapero les encargó a su unidad un informe técnico para valorar cuántos efectivos hubieran hecho falta para garantizar la seguridad del 1-O. Sostiene que hubieran hecho falta entre 30.000 y 40.0000 hombres para ejecutar la orden de la fiscalía de cerrar los centros. Y para cumplir el auto de la magistrada hubieran hecho falta "el máximo número de efectivos". "Para el cumplimiento del auto, no se podía concebir como un dispositivo único de los Mossos, sino que se tenía que contar con el esfuerzo conjunto de tres cuerpos policiales".

"Sobre la instrucción que designaba a Pérez de los Cobos como coordinador del dispositivo policial, el mayor nos comunicó que él no estaba de acuerdo porque consideraba que esa figura debía recaer en un mando operativo", recuerda el exjefe de planificación de la seguridad del cuerpo.

Quevedo recuerda que en el centro de control de Sabadell hubo "momentos de tensión" con el lanzamiento de alguna botella a la primera línea de agentes de Mossos el día 20-S.

"Hubo requerimientos por parte de la Guardia Civil a los Mossos para darle apoyo en varios lugares de Catalunya", continúa. "Se enviaron diferentes unidades de apoyo que tenían que permitir la salida de la comitiva judicial de la Conselleria de Economia".

Sobre los hechos del 20 de septiembre, Quevedo explica que se encontraba en el complejo central Egara y que tuvo noticia de "esos incidentes". "Lo que provocó es que mi unidad tuviera que improvisar un centro de coordinación para poder gestionar lo que iba sucediendo el 20 de septiembre. Normalmente estas funciones se hacían desde el departamento de Interior o en la calle Bolivia", no desde Egara.

Quevedo explica que el dispositivo Ágora era un paraguas que "cubría diferentes ámbitos referentes a la seguridad" como la protección de edificios de la Generalitat, el Estado y órganos judiciales y de determinadasd "personas en situación de riesgo". "El dispositivo Ágora se puso en marcha por el clima de tensión que se vivía en Catalunya". Este dispositivo de los Mossos se puso en marcha a principios de septiembre, coincidiendo con la aprobación de las leyes de desconexión. "Podía haber incidentes, conflictos entre colectivos antagónicos y había necesidad de proteger determinados edificios y determinadas personas", añade.

"Hubo declaraciones del señor Forn que no nos parecieron correctas. Recuerdo una en que Forn hacía público que el cuerpo de Mossos se comportaría de la misma forma que una jornada electoral al uso. Y eso no nos parecía que fuera acorde con la realidad. Porque no podíamos como en cualquier otra electoral normal en una actividad política que había sido prohibida".

Zaragoza le pregunta a Quevedo qué les transmitió el conseller Joaquim Forn en esa primera reunión con los mandos del cuerpo. Según el comisario, el conseller Forn dijo que "tenía clara la separación entre lo que es la actividad política del Gobierno y la actividad operativa y de cumplimiento de la ley por parte de la policía".

Según Quevedo, Batlle les dijo que abandonaba el cargo por "no sentirse cómodo con el relevo en la Conselleria de Interior".

El fiscal Zaragoza pregunta al comisario Quevedo por qué cree que el anterior director general de la Policia, Albert Batlle, dejó su puesto en junio del 2017.

Comienza a interrogarle el fiscal Javier Zaragoza.

Comienza a declarar el comisario Emili Quevedo, exresponsable técnico de planificación de los Mossos. Al estar procesado en otra causa, Quevedo podía no declarar. No obstante, se ha puesto a disposición de las acusaciones y las defensas.

Acaba la declaración del comisario Castellví, exreponsable de Información de los Mossos.

Castellví asegura que "falló la previsión" de que se produjeran situaciones de violencia.

El comisario Castellví señala que "en ningún momento" se hicieron llamamientos para que la gente se enfrentara de forma violenta a las fuerzas de seguridad. Insiste en que ANC y Òmnium siempre han convocado sus concentraciones "bajo la consigna de la no violencia".

A preguntas de la abogada de Cuixart, Castellví insiste en que el fin de semana del 1-O se convocaron actividades lúdicas en los colegios y lo vuelve a desvincular del referéndum.

Tras la reunión con el Govern, del día 28, Castellví explica que entraron con un plan específico y salieron con la voluntad de acatar el auto de la magistrada. Rechaza que se plantearan dimitir o hacer una rueda de prensa para explicar la posición del cuerpo ante la reacción del Govern.

"Esos grupos no se constituyeron durante el 1 de octubre. Son grupos que tienen capacidad para alterar el orden, pero aquel día no se constituyeron como un bloque de unidad de ataque. La previsión de la comisaría de información fue errónea", añade Castellví sobre grupos de radicales independentistas considerados violentos. Sobre los CDR, sostiene que no se estableció ninguna vinculación entre estos grupos y el Govern. "No estaban coordinados, no había ninguna entidad que ejerciera la autoridad. A partir del 1-O sí que hubo una coordinación y la expresión máxima fue el 8 de octubre, cuando consiguieron colapsar las carreteras", explica.

Asegura que el auto de la magistrada modificaba "totalmente" las órdenes de la fiscalía sobre el cierre de los colegios. En el caso de la jueza, no especificaba la actuación desde el punto de vista operativo. Castellví niega que las actividades organizadas en los colegios en los días previos al 1-O no eran por órdenes del Govern. "Nosostros visitamos todos los locales y en cumplimiento del orden de la magistrada no vimos actividades relacionadas con el referéndum", añade.

El comisario sostiene que la fiscalía puso énfasis en que el dispositivo no era suficiente. "Bajo mi criterio, era por la cuantificación insuficiente", añade. Y por eso, añade, se aumentaron los efectivos que se señalaron en el primer plan de actuación.

Castellví afirma que los Mossos elaboraron su plan de actuación sin injerencia del poder político.

Se retoma el juicio. Empieza preguntando el abogado de Joaquim Forn, Javier Melero.

Tras ellos, el Tribunal Supremo ha fijado para este lunes un bloque sobre la malversación con cinco testificales, tres de los cuales son responsables de Unipost, empresa que emitió presupuestos a la Generalitat por casi un millón de euros relativos a encargos vinculados al 1-O, aunque tanto la empresa postal como el Govern sostienen que no se llegaron a pagar.

Tras Castellví está citado Emilio Quevedo Malo, que era el máximo responsable de la Comisaría General Técnica de Planificación de la Seguridad de los Mossos. No obstante, es probable que no declare dado que está imputado por un juez de Cornellà por un presunto delito de desobediencia por la supuesta pasividad de la policía catalana para impedir el referéndum.