"Un Estado laico debe mantener una frontera entre fe y poder público"

Cada verano, durante las fiestas patronales, la aconfesionalidad del Estado parece suspenderse. En Pamplona y en numerosos municipios navarros, las corporaciones municipales participan oficialmente en misas, procesiones y actos religiosos como si el ayuntamiento fuera una prolongación de la parroquia. No es una cuestión de fe, sino de democracia: la libertad religiosa exige que ninguna institución pública se identifique con una confesión concreta.

La Constitución es clara: España no tiene religión oficial y las instituciones deben garantizar la igualdad de todas las conciencias. Sin embargo, cuando llegan las fiestas, ese principio desaparece y lo que debería ser una opción privada se convierte en representación institucional. Los cargos públicos dejan de actuar como representantes de una ciudadanía plural para aparecer como autoridades de una confesión determinada. La justificación habitual es la tradición, pero la tradición no está por encima de la Constitución ni puede servir para mantener privilegios religiosos.

Resulta llamativo el silencio de quienes se proclaman constitucionalistas y también de partidos progresistas que, por convicción, cálculo o miedo, continúan participando en estos actos. El mensaje que transmiten las instituciones es inequívoco: una religión goza de acceso preferente al espacio público, mientras las demás convicciones quedan relegadas.

No se trata de prohibir celebraciones religiosas, sino de que las autoridades dejen de acudir a ellas como instituciones. Quien quiera asistir, que lo haga como ciudadano, sin símbolos de representación pública. La religión pertenece a la conciencia; el ayuntamiento pertenece a todos. Mientras las corporaciones sigan entrando oficialmente en los templos, la aconfesionalidad seguirá siendo una promesa incumplida. Un Estado laico respeta todas las creencias y mantiene una frontera clara entre fe y poder público.