"La nueva era judicial pone fin a la impunidad en las zonas más opacas del poder"

En España comienza una nueva era judicial. En menos de un año, los tribunales han fijado dos precedentes que transforman las reglas del juego entre el poder Ejecutivo y el Judicial. Aunque algunos sectores interpretan este activismo como una presión intolerable contra el Legislativo, la realidad es que estas resoluciones desplazan la línea de control a favor de una vigilancia pública que antes, sencillamente, no existía.

No estamos ante un deterioro democrático sino ante un mecanismo inédito de regeneración. El primer hito lo marca la causa contra el Fiscal General del Estado. El Tribunal Supremo ha establecido que la máxima autoridad es penalmente responsable si un documento confidencial se filtra desde su entorno directo. Esta "responsabilidad de custodia" elimina la clásica excusa del desconocimiento y dota de un blindaje real al secreto institucional. A partir de ahora, cualquier cargo público de cualquier gobierno o signo ideológico sabe que responderá ante los juzgados si su equipo filtra información a la prensa.

El segundo pilar es la condena a David Sánchez por prevaricación en modalidad de cooperación necesaria. Hasta hoy, los "enchufes" o plazas creadas exprofeso para un currículum específico se saldaban con una mera nulidad por la vía administrativa. La justicia penal ahora va más allá: quien se presta a ocupar un puesto diseñado a su medida, simulando un concurso público formal, se convierte en cooperador necesario de un delito. En España hay entre 30.000 y 40.000 cargos de confianza y asesores en riesgo si se revisa la "necesidad real" de sus plazas.

Lejos de ser una judicialización de la política, aplicar este listón penal de forma universal y sin mirar siglas no debilita las instituciones, las oxigena. La nueva era judicial pone fin a la impunidad en las zonas más opacas del poder. Esperemos que se apliquen a todos partidos políticos, indiferentemente de su ideología.