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"Enfrentar al pequeño propietario con el inquilino no construye más viviendas"

Acampada de activistas provivienda en la plaza de Catalunya de Barcelona

Acampada de activistas provivienda en la plaza de Catalunya de Barcelona / JORDI OTIX

Soy un pequeño propietario. Vengo de una familia humilde, de raíces campesinas en La Alcarria, y soy bisnieto de una persona fusilada por la dictadura. Tengo dos carreras universitarias, conseguidas a base de esfuerzo, trabajo y muchas renuncias. Compré mi piso con 22 años, cuando cobraba unos 1.200 euros. Para poder pagarlo llegué a tener tres trabajos. Había meses en los que, después de pagar la hipoteca, el IBI o una derrama de la comunidad, me quedaban apenas 50 euros para llegar a final de mes. Mientras otros compraban un coche, viajaban o disfrutaban de su sueldo, yo decidí invertirlo en una vivienda. Y lo hice, además, en una época en la que las propias administraciones incentivaban fiscalmente el ahorro para comprar vivienda mediante las cuentas vivienda.

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Después llegó la crisis de 2008 y tuve que pasar más de quince años fuera de mi localidad, lejos de mi familia. Vi desde la distancia cómo mi padre padecía cáncer y cómo poco a poco dejaba de ser la persona que había conocido. Lo que tengo hoy no me lo ha regalado nadie: detrás hay décadas de trabajo, sacrificios y decisiones difíciles. Por eso me pregunto: ¿soy ahora un especulador?

Entiendo que existe un grave problema de acceso a la vivienda y que debemos proteger a las personas vulnerables. Pero no puede ser que pequeños propietarios como yo tengamos que pagar las consecuencias de décadas de insuficiente vivienda pública. Primero se nos incentivó a ahorrar y comprar. Ahora se pretende que alquilemos incluso cuando la renta puede no cubrir nuestros gastos, asumiendo además la incertidumbre de si cobramos regularmente o podremos recuperar nuestra vivienda cuando la necesitemos.

Si las nuevas leyes provocan que propietarios como yo decidamos no alquilar, tendremos menos viviendas disponibles, no más. La vivienda necesita acuerdos de Estado y una reflexión mucho más profunda: más vivienda pública, más oferta, protección para quien realmente la necesita y seguridad jurídica para propietarios e inquilinos. Enfrentar al pequeño propietario con el inquilino no construye una sola vivienda más.

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