"Bellaterra quiere decidir su futuro"

El debate sobre la posible incorporación de Bellaterra a Sant Cugat trasciende las fronteras administrativas y las cifras presupuestarias. En el fondo, plantea una cuestión democrática básica: qué ocurre cuando una comunidad expresa de forma persistente la voluntad de replantear su adscripción municipal y siente que su identidad, sus necesidades y sus vínculos cotidianos no encuentran suficiente reflejo en la Administración de la que forma parte.

Bellaterra no es una partida contable ni una casilla fiscal. Es una comunidad con identidad propia y una reivindicación democrática sostenida durante décadas. El debate no puede reducirse a cuánto dinero dejaría de ingresar Cerdanyola. Si ese es el principal argumento para impedir cualquier cambio administrativo, se está asumiendo que los vecinos deben pertenecer a un municipio no porque se sientan parte de él, sino porque resultan económicamente útiles.

Esta demanda no es nueva ni oportunista. Desde hace años, muchos residentes consideran que su vida diaria está más vinculada a Sant Cugat que a Cerdanyola: escuelas, comercio, deporte, movilidad y relaciones sociales. Las áreas metropolitanas evolucionan y las estructuras administrativas deberían poder hacerlo también. Sorprende que se considere un riesgo democrático que una comunidad quiera decidir su adscripción municipal, mientras se acepta ignorar reiteradamente esa voluntad ciudadana.

La cohesión territorial no se construye reteniendo barrios contra su sentimiento de pertenencia, sino escuchándolos y representándolos adecuadamente. Bellaterra no reclama privilegios ni plantea una ruptura traumática. Pide que pueda debatirse democráticamente su encaje territorial, sin caricaturas ni descalificaciones. Quizá la pregunta no sea por qué Bellaterra quiere acercarse a Sant Cugat, sino por qué, después de tantos años, tantos vecinos siguen sintiendo que Cerdanyola no ha terminado de integrarlos.