"Las políticas adoptadas no están sirviendo para acabar con la exclusión social"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó hace unos días de que el gasto social en España se dirigía más a las clases medias que a las desfavorecidas y que con reordenar el gasto social no bastaba, sino que hay que "acabar con la dualidad" entre contratos fijos y temporales.

En 2018, la OCDE recomendaba a España concentrar su gasto social en las rentas más bajas. Se concluía que "la asistencia social no ha sido del todo efectiva a la hora de aliviar la pobreza" y que la protección social en España es un "mosaico", es decir, que las políticas adoptadas no están sirviendo para acabar con la exclusión social.

Se puede concluir que esas políticas se pierden en las estructuras y no siempre sirven para revertir la exclusión social. En la actualidad hay personas que reciben ayudas sociales insuficientes, pensiones con las que no es posible pagar ningún recurso residencial, comida, ropa o suministros básicos de luz, gas y agua.

Esas políticas producen un asistencialismo relativo sin capacidad de integración. La combinación superpoblación-desigualdad en la India también se produce -a otra escala- en determinadas conurbaciones en España donde se amalgaman distritos con altas rentas y concentración de población en exclusión social, lo cual viene a columbrar la alerta del FMI.

En los territorios más despoblados este fenómeno se percibe menos, lo cual maquilla el desinterés en las políticas sociales aún tratándose de territorios desfavorecidos, por ejemplo, de ciudades con altas tasas de paro y con población  sin hogar donde se anuncia bajar impuestos.

En los próximos meses veremos en España la situación paradójica por la que un presidente de una comunidad autónoma que convoque elecciones podrá cobrar en torno a 90.000 euros cuando se jubile, a pesar de que durante su mandato ha aumentado la exclusión social extrema en su territorio.