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Carta de un empleado público: "No es solo cuestión de recuperar poder adquisitivo"

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No es solo cuestión de recuperar el poder adquisitivo de los sueldos. Los empleados públicos estamos sometidos a un tipo de relación laboral absolutamente exigente, que la jurisprudencia califica de 'especial sujeción', para garantizar que las Administraciones presten, bajo cualquier circunstancia, los servicios públicos establecidos.

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Al tomar posesión del cargo aceptamos un contrato de adhesión, en el que pueden cambiarse las cláusulas contractuales sin consentimiento de la parte más débil: el trabajador público. De hecho, se nos bajó el sueldo en 2010 y desde entonces, hasta 2017, nos congelaron las remuneraciones básicas.

Además, en 2012, aumentaron nuestra jornada de trabajo en 2,5 horas semanales, redujeron nuestros días de libranza y suprimieron una de las dos pagas extras anuales.

En definitiva, se modificaron nuestras condiciones de trabajo arbitrariamente, sin que cupiera defensa o negociación alguna por parte de los trabajadores públicos, a golpe de ley presupuestaria, con la contención del gasto público como gran argumento.

Todo esto fue legitimado por el Tribunal Constitucional, en su sentencia 99/2016 y ha deteriorado de forma continuada las prestaciones del servicio, incluso las más necesarias.

Ha propiciado asimismo la privatización como alternativa de gestión y como oportunidad de negocio boyante, por tener siempre una clientela garantizada: la inmensa mayoría de los ciudadanos.

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