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Amnistía fiscal: derecho a saber

Oficina central de la Agencia Tributaria, en la plaza de Letamendi de Barcelona. / QUM ROSER

Hace un año el Tribunal Constitucional (TC) anuló la amnistía fiscal dejando en ridículo al Gobierno de Rajoy. La sentencia garantiza que, en virtud de la seguridad jurídica, no se actúe contra las regularizaciones que se hicieron, pero nada más.

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Por otro lado, la Ley Tributaria protege la confidencialidad de quienes cumplen con sus obligaciones al sostenimiento del Estado, pero es más que discutible que ampare el anonimato del defraudador.

Teniendo en cuenta lo anterior, es inaudito que el Gobierno -salvo que tema revelar qué altas personalidades han contribuido al desfalco del Estado de bienestar incumpliendo con la solidaridad tributaria- afirme ahora, tras haberlo pedido en la oposición, que no puede publicar la lista de los acogidos a esta injusta legitimación del fraude.

¿Es que no tenemos derecho a saber qué mangantes se apuntalan en la élite?

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