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Los paraísos fiscales y el G-8

Activists take part in a demonstration outside the European Commission  EC  headquarters ahead of statements by the EC on the effectiveness of existing measures against tax evasion and money-laundering in light of the recent Panama Paper revelations  in Brussels  Belgium  April 12  2016  REUTERS Yves Herman

Activists take part in a demonstration outside the European Commission EC headquarters ahead of statements by the EC on the effectiveness of existing measures against tax evasion and money-laundering in light of the recent Panama Paper revelations in Brussels Belgium April 12 2016 REUTERS Yves Herman / YVES HERMAN (REUTERS)

Se considera paraíso fiscal a todo aquel territorio en el que no se aplique un impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, según corresponda. Junto a los paraísos, existen también los llamados territorios de baja tributación, que poseen regímenes fiscales preferenciales o de privilegio en los que la tributación real y la opacidad fiscal son similares a la de los paraísos. El G-8 se atiene a una lista oficial de 42 oasis fiscales, la OCDE habla de 47; el Gobierno español tiene identificados 33.

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Los paraísos fiscales han conocido un desarrollo espectacular a partir de 1973. Al menos 70 unidades políticas con "jurisdicciones confidenciales, en la periferia inmediata de los países industrializados, forman  un auténtico 'mundo extraterritorial" muy vinculado a la 'City' londinense, que ha rechazado siempre la cooperación fiscal trasnacional, alegando su soberanía histórica sobre muchos de esos lugares tan exclusivos. Los extremadamente cautelosos análisis del Tax Justice Network, señalan que, hasta  el año 2015, entre 24 y 34 billones de dólares en capital de origen indeterminado y patrimonios de todo tipo, entre el 31% y 44% del PIB mundial, está escondido en centros financieros offshore; desde allí y aprovechando la desregulación financiera contribuyen a la especulación global que mantiene a la economía mundial en recesión permanente desde el año 2008.

El G-20 introdujo los paraísos fiscales en su agenda, intentando limitar las 'prácticas no cooperativas' de determinados países; y lo volvió a intentar en 2013, esta vez con la colaboración de la OCDE, lanzando el 'Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios'. Pero no se trataba de pedir cuentas sobre los abusos cometidos y ya capitalizados en los paraísos fiscales, sino de poner ciertos límites para que tal capitalización se lleve a cabo ordenadamente: "planificación y optimización fiscal de las empresas", y amenazó con sanciones, a medio plazo, pero solo una vez que se identifique realmente qué país es o no un paraíso fiscal.

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