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Justicia asimétrica en España

Mario Martín

¿Se acuerdan de Iñaki Urdangarin? Sí, aquel exjugador de balonmano que se casó con la segunda hija de quien fue rey de España y hermana del actual jefe del Estado, y el mismo que fue condenado por un tribunal de justicia a seis años y tres meses de cárcel por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos fiscales, aunque en lugar de haber sido acompañado por la policía a ingresar en un centro penitenciario está en su residencia de Ginebra.

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Miguel Blesa y Rodrigo Rato comparten con el yerno del rey emérito el privilegiado estatus de condenados a prisión, tras una causa judicial desarrollada con todas las garantías procesales, sin haber ingresado en la cárcel, aun habiendo sido acreditados como responsables de un delito continuado de apropiación indebida, dentro del caso de las tarjetas 'black', contra la propia entidad bancaria que ambos llegaron a presidir, por el que fueron penados con seis años el primero y cuatro años y medio el segundo.

El próximo mes de julio se cumplirán tres años desde que Jordi Pujol, 'president' de la Generalitat de Catalunya durante 23 años, se confesara evasor fiscal, sin que hasta el momento nada se sepa no ya de ninguna condena, sino tan siquiera de la apertura de juicio. Quizá alguien pueda estar esperando a que la avanzada edad --87 años-- del hijo del experto en divisas, condenado por evasión de capitales a Suiza en 1959, Florenci Pujol actúe por sí misma, solucionando el caso con el inexorable paso del tiempo.

Pero en esta España nuestra, tan particular, tenemos contrapunto para todo, y no se crean que la justicia patria es siempre tan permisiva con el delito. Si no, ahí tienen casos como el de Alejandro Fernández, quien podrá leer estas líneas desde la prisión de Albolote (Granada), donde purga su condena de cinco años de cárcel por usar una tarjeta de crédito falsificada para pagar 79,20 euros en una compra de bebidas alcohólicas y un batido de chocolate. ¡Sin duda, una condena ejemplarizante!

El caso anterior, como el de la joven madre Emilia Soria, penada a ingresar en la cárcel por pagar una compra de 193 euros en alimentos y pañales para sus dos hijas con una tarjeta que se encontró en una cartera perdida en la calle, suponen toda una paradoja para la forma en la que se administra el derecho en España, donde pudiera parecer que se incumple el artículo 14 de la Constitución, que dice expresamente: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Pero, a la vista de los hechos, como poco podemos decir que en España lo que tenemos es una justicia asimétrica.

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